Buenos Aires (Especial para Salta Libre) El paro docente en la última semana de agosto en Buenos Aires ha tenido un acatamiento altísimo, alcanzando incluso a los trabajadores de la educación de las escuelas privadas y confesionales.
El paro docente es el que más “ruido mediático” hace, pero en realidad, la Provincia de Buenos Aires está surcada por una infinidad de conflictos que movilizan a los trabajadores del estado en sus diferentes estamentos. Están en lucha: los trabajadores judiciales, los auxiliares de escuelas, los trabajadores de los ministerios, los médicos y enfermeros, los trabajadores municipales, etc.
Es decir, el paro tiene un alcance generalizado y un acatamiento masivo.
Los reclamos salariales se desarrollan en medio de una escalada inflacionaria que afecta fundamentalmente los precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad; licuando los aumentos salariales negociados a principio de año por las direcciones gremiales.
En el caso de los trabajadores de a educación el aumento recibido en febrero fue de un 24%. Pero, como la base salarial de la que se parte
para fijar este porcentaje era tan baja –apenas cubre el 40% de la canasta familiar- el ritmo de licuación salarial es mucho más acelerado. Cada punto de incremento inflacionario en alimentos y tarifas coloca a los trabajadores del magisterio en caída libre por debajo de la línea de la pobreza.
La burocracia sindical docente, que en el mes de febrero destacó el carácter supuestamente histórico de esa negociación salarial en la Paritaria Nacional de Yasky- Kirchner, no desconocía en ese momento que el gobierno nacional se disponía a “enfriar la economía” a costa del salario de los trabajadores.
Este “enfriamiento de la economía” tiene un doble significado:
a) La limitación del consumo popular: por la vía del incremento de
los precios, fundamentalmente, de aquellos productos con los cuales se compite internacionalmente (granos-carnes-energéticos) con la intención de mejorar los saldos exportables (generar productos sobrantes en el mercado interno para ser potencialmente vendidos al exterior al precio dólar- euro).
b) bajar los índices de inflación: la más “brillante y soberana”
negociación del kirchnerismo con relación al pago de intereses de la deuda pública argentina, terminó atando el precio de bonos y letras a los precios internos de la canasta familiar. Con lo cual el salario de los trabajadores quedó como rehén que garantiza los pagos a los acreedores internacionales, los famosos “buitres” denunciados por Kirchner.
c) La discriminación del salario docente en particular y el de los
estatales en general es un enigma. Proliferan los pagos en negro: adicionales, urpes, incentivos, etc. Estos pagos responden a la intención de desacoplar la incidencia del salario de los activos a los jubilados y de esta manera generar los mal llamados “excedentes que justifique el manoteo directo de los aportes previsionales: sea por ley, por superpoderes o por la indisimulada metida de “la mano en la lata”, tanto el gobierno nacional como el provincial usan el dinero de
aportes jubilatorios para su propia caja política y subsidiaria. El “enfriamiento de la economía” propuesto por el gobierno, no es otra cosa que congelamiento salarial para pagar las deudas de los capitalistas, con la plata de los trabajadores.
El proceso inflacionario
El proceso inflacionario real no tiene nada que ver con los índices publicados por el Indec. La inflación, de acuerdo a los especialistas, ronda por encima del 30% anual (esto es de un 2,5 a un 3 % mensual.
La inflación y el incremento de tarifas benefician al gobierno -porque aumenta la cuota recaudatoria del IVA- y las ganancias capitalistas, por el incremento de tarifas.
Tanto el gobierno nacional como el provincial, que han despilfarrado fondos públicos para el enriquecimiento matrimonial, la borocotización política, el clientelismo electoral, el subsidio a empresarios amigos y el pago de una deuda externa, que se chupa el esfuerzo de los trabajadores argentinos, quieren descargar la crisis económica, de la cual son responsables, nuevamente sobre las espaldas del pueblo.
El clima de conflictividad laboral, que recorre la Provincia de Buenos Aires, es de la misma naturaleza que el se da en el resto del país y se constituye en una respuesta de los trabajadores a estas políticas de saqueo y de condena a la pobreza.
Desde el gobierno nacional se le niega la movilidad salarial a los jubilados, mientras se dilapidan los fondos al ANSES; desde los provinciales se intenta legalizar el robo de los aportes y congelar el salario de los jubilados.
La acción huelguística de los docentes, médicos, judiciales y de los estatales en general responde a una defensa de sus condiciones de vida y a su dignidad como trabajadores.
Sociedad fastidiada
El gobierno acusa a los trabajadores que reclaman, en el intento de enfrentarlos con la “sociedad” que supuestamente se ve perjudicada por los paros; sin embargo las adhesiones a las medidas de lucha no hacen más que crecer. Es que, la única “sociedad” que se ve fastidiada por las medidas de lucha es la “sociedad política” formada por aquellos que, desde hace décadas, han dejado de ser “representantes del
pueblo” para transformarse en Sociedad Anónima con fines de lucro.
Los trabajadores de la educación, y de conjunto los trabajadores del estado, necesitamos coordinar nuestras demandas salariales y en defensa del IPS, teniendo en cuenta que la burocracia de los gremios está dispuesta a vender nuestra lucha por menos de un plato de lentejas. El gobierno, provincial en boca del Ministro Oporto, ha recurrido a la amenaza de declarar ilegal el paro y de descontar los días de lucha, como una forma de salvataje a la propia burocracia sindical, que a partir de hoy mismo comenzará a desplegar el operativo “miedo” en las escuelas y ministerios, con el objetivo de levantar la lucha, mientras en las bases se debate como profundizarla.
