Tras una reunión entre representantes de prensa y diputados de las comisiones de Legislación General y Derechos Humanos, se acordó retirar del proyecto de ley para la prevención del suicidio y las prácticas autodestructivas, un artículo que sancionaba a los medios que informen un caso de ese tipo, sin ajustarse a las recomendaciones realizadas por al Organización Mundial de la Salud.
La penalidad consistía en quitarle la pauta oficial a los medios cuyo tratamiento de una noticia de suicidio no respete las recomendaciones del «Programa SUPRE» (Suicide Prevention-Prevención del Suicidio) de la OMS. Esto puso en alerta a las asociaciones que agrupan a los trabajadores de prensa, quienes consideraron dicha medida como una restricción a la libertad de prensa.
Luego de escuchar los argumentos de cada una de las agrupaciones de periodistas, el diputado Lucas Godoy, uno de los autores de la iniciativa, señaló que «retiraremos ese artículo, que no buscó nunca avanzar sobre la libertad de prensa, sino dar ciertas pautas para el tratamiento de un tema tan sensible como es el suicidio.
«Además consideramos que la ley es mucho más que ese artículo, y no queríamos que termine convirtiéndose en un obstáculo que frene todo, por eso lo sacamos y nos comprometimos a coordinar con las asociaciones de prensa una serie de capacitaciones en donde se dé a conocer las recomendaciones de la OMS», concluyó Godoy.
Previo a esta determinación, Alejandra Paredes, secretaria del Sindicato de Prensa de Salta, dio a conocer la postura de dicha organización que manifestó «su preocupación por lo que entendía como una herramienta punitiva que no tomaba en cuenta la formación de los profesionales, el debate sobre la capacitación necesaria para lograr un cambio social beneficioso en la prensa como actores sociales y consecuentemente las herramientas al acceso de la información y el tratamiento adecuado de la misma».
Por otro lado el presidente del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea), Fabio Ladetto, expresó mediante una carta que leyó el socio de dicha entidad Diego Comba, que «la posibilidad de imponer sanciones administrativas desde el Estado en caso de su incumplimiento, como puede ser la pérdida del otorgamiento de una pauta publicitaria (cuyo régimen de asignación merece una discusión especial y por aparte) o la imposición de una multa, es rechazada incluso en ámbitos internacionales».
Por último Andres Gauffin de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), consideró que el artículo» era inaplicable, porque primero hay que discutir los criterios con los que se reparte la pauta oficial, en definitiva se iba a convertir en una arbitrariedad más, tal como es la asignación de pauta. Además planteamos que en vez de buscar la sanción, concentrarse en el rol positivo del periodista a la hora de comunicar un tema tan sensible como es el suicidio».
Paredes también señaló que «en relación a la pauta oficial, presentaron en el 2010 un proyecto legislativo en el que se establece que el Estado podrá brindar su apoyo financiero a la publicidad en los medios, siempre y cuando las empresas tengan sus trabajadores registrados y con aportes jubilatorios al día y recordó la renuencia de los diputados a darle tratamiento a este pedido de la organización en amparo de sus trabajadores».
- Fuente: Nuevo Diario de Salta
