A la par de que se conociera una investigación llevada a cabo por el diario virtual “El Intransigente”, con un relato apoyado por interesante prueba documental, por la que se hizo pública la contratación en la Dirección de Aviación Civil de la Provincia de Salta de los costosos seguros que obligatoriamente tienen las aeronaves, se conoció la renuncia como director de Aviación Civil del señor Ricardo Funes.
Esa compra se hizo en forma directa, es decir sin llamado a licitación, lo que configura una clara violación al regimen público en la materia. Este nuevo desmanejo de una repartición que nos tuvo acostumbrados a hacer y deshacer como mejor le parecía a ese mandamás a cargo desde el año 1996, sin que ninguna autoridad de las que debieron controlar hayan controlado ni objetado nada, la noticia así conocida no debería haber tenido mayor trascendencia. Después de todo, ¡qué le hacía una raya más al tigre!
Pero en ésta oportunidad, el trascendido tuvo mucho mayor importancia que otras aventuras de esa repartición, porque conjuntamente con la cobertura de las dos aeronaves Lear Jet de la Provincia de Salta se conoció una bonificación para otra aeronave privada similar, la que lleva la matrícula LV BOU, que para quienes no conozcan todavía a quién pertenece, se lo hacemos saber. Es la firma Avionsur S.A., cuyo propietario es el ex gobernador Juan Carlos Romero quien al tiempo de su salida de la función gubernamental, en Diciembre de 2007 declaró bajo juramento poco más de tres millones de pesos de patrimonio, y tres meses después inscribió en la Dirección de Aviación Civil su nuevo Lear jet, idéntico al de las máquinas oficiales que cuesta por lo menos veinte veces el dudoso monto de su declaración jurada.
A su vez el apoderado de esa empresa era y es el mismísimo Ricardo Funes, en un desempeño claramente incompatible con la función pública que debió ser de dedicación exclusiva y en todos los casos, sin representar intereses contrapuestos. Resulta así que quien debía mantener el estricto orden que debía imperar en ese lugar, jugaba de local y visitante a la vez, e impartía las órdenes a los usuarios privados que curiosamente desde el cargo de apoderado de uno de esos mismo clientes privados, debía finalmente ejecutar él mismo. Increíble.
Emulando al genial poeta citado en el encabezamiento que tuvo una fijación con los espejos, nos imaginamos al funcionario dándose las órdenes a él mismo frente a uno para poder confrontar a la autoridad oficial –él mismo- con el representante privado –también él mismo- Igualmente lo imaginamos riéndose a carcajadas de su propia impunidad, y ajeno a las preocupaciones de cualquier reproche de cualquier autoridad, ya que todos, sin excepción, todos ellos, inexplicablemente durante catorce años miraron para otro lado.
El gobernador de turno, el joven abogado Juan Manuel Urtubey en primera fila entre los disimuladores durante estos tres años de gestión, y los sucesivos Procuradores Generales de la Provincia absteniéndose de leer diarios y semanarios, para no tener que tomar conocimiento de la “notitia criminis” y verse por ello obligados a investigar. Sobre éste asunto, no oyen, no ven, no hablan. Después todavía tienen pretensiones de que se los considere independientes, y se muestran ofendidos si hacemos notar que no lo son ni cerca.
Con sucesos como el que se comenta, se reflota la necesidad de analizar y volver a preguntarse ¿Cómo es que se sostuvo hasta ahora y mantuvo incólume a pesar de los cambios de gobierno este funcionario? ¿Cuál fue su secreto? Y del análisis periférico que se puede hacer desde el periodismo al que sistemáticamente se le oculta información sobre esa dependencia, que funciona casi secretamente en un predio adyacente al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, resulta inevitable concluir que ésta situación se verificó sencillamente porque el tal Funes tuvo en esa área durante su gestión mas poder de decisión que los mismos mandatarios. Lo cual es por lo menos, preocupante.
En ese ejercicio obsceno de la discrecionalidad, cabe recordar que el enigmático director y piloto, tanto de la entidad oficial como de la empresa privada todo en forma simultánea, tiene todavía pendiente la resolución de un expediente ante la autoridad aérea, por haber omitido el paso por aduana y migraciones en el mes de Febrero del año 2008, cuando desatendiendo su propia función oficial trajo desde Estados Unidos la flamante aeronave del ex gobernador Juan Carlos Romero. Este funcionario es el que sucedió al tristemente célebre y muy buscado Carlos Trinchero, que fue el operador que logró la cesión del actual predio de ocho hectáreas que ocupa la repartición, generosa cesión que les hizo “La Rata” (*) con derecho al uso por treinta años con opción a diez años más, y todo sin consulta alguna a la Fuera Aérea Argentina que es la propietaria, y que por esa entrega no percibió ni percibe monto alguno.
A su vez en ese terreno ajeno, el señor FUNES anexó el hangar que perteneció a la firma Seal Cargas S.A., que por ser deudora del Banco Provincial de Salta debió entregarlo, y que ahora se alquila a privados como Minera del Altiplano, Banco Macro S.A, Andes, y otros. Todo se hizo hasta ahora sin control alguno. O con el control de FUNES, que es lo mismo.
Tampoco se observa verdadero control –no puede haberlo porque el encargado de controlar es el que en la doble función pública y privada se controlaría a sí mismo- en tareas tales como la asignación de combustible, repuestos, revisiones, entrenamiento en simulador, y limpieza. También se verifica esta situación en el área de taller mecánico, que otrora estuvo a cargo de una empresa privada llamada “Aerotalleres Salta” que había sido de dos personas ajenas al ambiente, los señores Emilio Juri y José Ogara, ambos ya fallecidos, y cuya organización fue fagocitada por Funes.
A partir de esa oportuna absorción, no son pocos los empresarios privados que hacen atender sus aviones en esa dependencia, pero sin que facture la Provincia de Salta, y generando una fuente de ingresos paralelos para los empleados y funcionarios que reparten esa caja indirecta proporcionalmente a sus respectivas jerarquías. Todo este esquema de conveniencias le es aplicable tanto a las aeronaves de la Provincia de Salta como a las otras mencionadas, y en particular a la del ex gobernador, porque son idénticas, las tres son Lear Jet 45.
Similar situación se verifica con los turnos de los pilotos, que son también convenientemente acomodados para volar uno u otro avión indistintamente, y así los empleados de la Provincia por imposición del señor Funes, debieron realizar vuelos en el LV BOU de Avionsur S.A. en sus días de descanso. Los pilotos fijos de Juan Carlos Romero fueron el mismo Funes, y los señores Marton y Pelliza, y cada salida se completaba con los co-pilotos que también pagamos nosotros.
Con este sistema no solamente se habrían estado violando los periodos de descanso obligatorios para los pilotos, sino que éstos tampoco serían remunerados como corresponde, porque el doble representante de la entidad oficial y de la privada, contaría con un fondo de aproximadamente treinta mil dólares anuales que no siempre es repartido con equidad, y que ha generado más de una discusión.
Bastaría para acreditar esto, que el señor Funes además de ser renunciado informe y rinda cuentas exhibiendo las planillas de vuelos, quiénes son los que han conducido una y otra de las aeronaves que mencionamos, y en qué días. Lo que no necesita acreditación alguna, es el hecho evidente de que la Dirección de Aviación Civil tiene más pilotos que los que necesita, para poder tener siempre disponible el personal para la aeronave privada.
La caja de secretos celosamente guardados en esa dependencia, que tiene acceso restringido frente a un gran portón previa identificación y batería de preguntas sobre cuál es el motivo de la visita, a quién se busca, qué documento se exhibe, etc; etc; es la que permitió al mencionado director obrar de la manera que obró, ocultando información que le fuera requerida en reiteradas oportunidades.
Y esa información es la relativa al uso abusivo de las aeronaves, la oficial y la privada, para proyectos personales. Lo hizo el anterior gobernador cuando estaba de campaña vice presidencial en la frustrada fórmula con “La Rata”, y lo hace el actual en su propio proyecto ya confeso de bregar por llegar a la Presidencia de la Nación.
Claro, todo a costo cero en lo personal, ya que ese training de innumerables viajes reiterados para la generación del espacio de poder para llegar con éxito a esa empresa, se hace con los recursos del Estado Provincial, todo amparado hasta ahora por el mentado Funes. Por eso Funes no se investigó ni se toca, y simplemente renuncia y se va a su casa, sin explicar absolutamente nada de todo esto. Fue y es un funcionario muy necesario para mantener con apariencia de gestiones oficiales lo que en realidad son claras gestiones personales.
Y es sobre todo quien conoce quién viaja, a dónde viaja, porqué viaja, y esos favores condicionan. Por eso hemos dicho que esta situación es preocupante. En este aspecto aparecería que el gobernador de la Provincia depende para su proyecto de llegar a presidente, de un funcionario que sabe hacer su oficio por haberlo hecho con el anterior, y que su fuente de poder es la información que maneja.
En este esquema que hemos expuesto, se aprecia claramente que el joven mandatario Juan Manuel Urtubey quien reiteradamente afirma diferenciarse del anterior gobernador, por el contrario se iguala perfectamente. Y es más, ha encubierto literalmente los favores de los que goza este ex mandatario, para no pagar pilotos propios, cursos de capacitación, y vaya a saber qué otros beneficios a su favor, por seguir intacta la organización nacida no para cumplir funciones sanitarias ni mucho menos, sino para favorecer muy convenientemente proyectos personales.
Si los aludidos en esta nota, quieren desmentir lo escrito, que abran las puertas de la dependencia e informen debidamente como es su obligación. En particular nos gustaría ver los planes de vuelos, destinos, y listas de pasajeros, y asignación de pilotos, de los últimos catorce años, y en particular de los últimos tres años, el detalle de servicios a los aviones privados, inventario de repuestos, control de aduana del ingreso de esos repuestos, etc. Hasta que no lo hagan seguirán bajo sospecha, y ya no queda margen para seguir haciéndose los distraídos.
También sería interesante poder corroborar con certeza un dato adicional surgido de nuestra investigación, relativo a un doble fondo que tendrían los tres Lear Jet involucrados en este sistema, que siempre que hacen vuelos al exterior antes de llegar a Salta tocan primero otro aeropuerto, para que cuando arriben a nuestra Ciudad lo hagan figurar como vuelo de cabotaje y no deban pasar por la Aduana. Para más datos, esos habitáculos de aproximadamente medio metro cúbico son rápidamente desmontables sin dejar rastros, con solamente tres tornillos.
Y existe un gran inventario de repuestos no pasados por Aduana, que aseguran se pueden ver en el pañol del taller, y que son convenientemente asignados a otro avión distinto de los oficiales, en ese sistema paralelo en el cual no factura la Provincia de Salta, sino terceros. En fin, hay mucha tela para cortar en este ambiente, que es tratado inexplicablemente como secreto de Estado, cuando debería ser una repartición abierta y transparente.
Jorge Luis Borges aclaraba en el prólogo de su obra, que el relato titulado “Funes el memorioso”, era una larga metáfora del insomnio. Como contrapartida irónica, en vez de insomnes, todos los protagonistas de este sainete -directores, ex directores, gobernadores, ex gobernadores, y funcionarios de control que no controlan absolutamente nada-, duermen como si no le debieran nada a nadie. He aquí la reina impunidad, que en palabras que siempre repetía Alfredo Yabran, no es otra cosa que el poder mismo.
Por ello, y fuera ya de la función pública el tal Funes, no puede pensarse ni por asomo que están ya solucionados los enredos, las arbitrariedades y los manejos poco claros del sistema. Ya que el ex director de la Dirección de Aviación Civil se correrá unos metros hasta el hangar de Avionsur S.A., y desde allí seguirá estando sin estar.
En su lugar queda el señor Gustavo Muñoz, hasta la fecha Jefe de Operaciones, fiel ejecutor de todas y cada una de las imposiciones del anterior, y el señor Rodrigo Salim administrador general, que tiene muy bien ganada la fama de golpeador ente los empleados, que en variadas oportunidades ha pretendido imponer su autoridad a puño limpio, protagonizado más de una rencilla dentro de la entidad, y que cuenta con no menos de una media docena de causas penales por su mal carácter, convenientemente planchadas por influencias varias en el fuero local en busca de la oportuna prescripción.
De esa forma debe saber el señor Gobernador, que de ninguna manera basta con haberlo renunciado indeclinablemente a Funes, y que si su empeño es realmente transparentar la función pública de esa repartición, deberá practicar cirugía mayor, y calar hondo el bisturí de la decencia para desarmar todo este entramado urdido sobre la prepotencia, el amiguismo, la inexplicable autoridad en el lugar de un ex gobernador, y el dispendio de fondos públicos.
En esa operación deberá incluir la necesaria y hasta ahora inexplicablemente ausente investigación judicial. Si no lo hace, patente estará que también el joven gobernador actual es parte del sutil trenzado del memorioso Funes.
(*) La Rata: Presidente de Argentina 1989-1999.
- Daniel Tort
Abogado y periodista