Senadores nacionales aprobaron la ley de bosques nativos con la moratoria total de los desmontes, lo que significa que durante un año (o el tiempo necesario para realizar el ordenamiento territorial), las provincias no podrán autorizar más deforestaciones. Se solicitó que en los 90 días posteriores a la sanción de la normativa el Ejecutivo reglamente lo concerniente al fondo compensador.
La excepción a la regla beneficia a campesinos e indígenas que realicen los aprovechamientos necesarios en superficies menores a 10 hectáreas que sean de su propiedad. En esa misma línea, también se aprobó que todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias y criollas que tradicionalmente ocupen esas tierras. Ahora resta que la norma pase a la Cámara de Diputados para su evaluación y posterior aprobación.
Los ambientalistas quedaron conformes con lo sancionado y opinaron que las modificaciones a la ley dejaron una normativa “mejorada”. Los senadores salteños -que en un principio fueron principales opositores de la normativa-, votaron a favor de todos los articulados.
Según se comentó, la senadora Sonia Escudero (PJ), defendió la necesidad de exceptuar de la normativa a indígenas y campesinos mencionando el artículo publicado ayer por Nuevo Diario en el que se indicó que a indígenas se les labró un acta de infracción desde Medio Ambiente por el desmonte de 3 hectáreas.
Uno de los puntos que permitió el consenso fue la introducción del “Fondo nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos” al que en principio se destinarán entre 1.000 y 1.300 millones de pesos por año. Esto se corresponde al 0,3% del presupuesto nacional, agregándose un 2% proveniente de las retenciones al sector agrícola.
El dinero se repartirá proporcionalmente a las provincias según la cantidad de bosques y su estado de conservación. De ese fondo el 70% será para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos “sean públicos o privados”, mientras que el 30% restante se repartirá entre: recursos para el monitoreo; y asistencia técnica y financiera para la sustentabilidad de actividades de comunidades indígenas o campesinas.
