¿Cuantas muertes necesita el organismo oficial para pedir la anulación del contrato con EDESA?, preguntó el Partido Obrero en un comunicado enviado hoy a la prensa. » La novedad que por primera vez en doce años el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) haya aplicado una multa de 500 mil pesos a la empresa distribuidora de energía eléctrica, EDESA, por «los incumplimientos imputados a la empresa (que) se originan en la verificación de una red de baja tensión en estado de obsolescencia»… y que «si bien el peligro se configura por la mera existencia de la anomalía con entidad eventual para causar daños a una sola persona, sin necesidad de la existencia de un daño real y efectivo», argumentó.
El PO sostiene que «para el Ente, la muerte de Miriam Gabriela Luchini, el 10 de febrero; y antes Lucía Ruiz el 7 de enero; y antes de una niña de 9 años en el barrio Norte Grande, no prueba un daño real y efectivo para la vida de los salteños sino de entidad eventual. Si alguien toca el cable pelado, aún cuando sus técnicos han verificado la obsolescencia de toda la red, lo cual es fácil de comprobar ya que las tres muertes enunciadas fueron en tres lugares de la capital alejados entre sí».
Luego preguntó: «¿Cuántas muertes más necesita el organismo de control para exigir la anulación del contrato de la empresa por haber cobrado 38 millones para realizar la puesta a punto y hoy comprobar que “los incumplimientos imputados a la empresa se originan en la verificación de una red de baja tensión en estado de obsolescencia” como causa de estas muertes?»
Los dirigentes del PO exigeron al gobierno de Urtubey «la inmediata anulación de los contratos de Aguas de Salta y EDESA, y la compensación por los daños irreparables que han ocasionado a la salud y seguridad de la población. Necesitamos recuperar la administración de estos servicios bajo el control de trabajadores y usuarios, como la más elemental medida de defensa de nuestra familias».
El bloque del Partido Obrero del Concejo Deliberante rechazó la firma
del contrato con Lusal por parte del municipio capitalino y en consecuencia exigirá a Isa «recobrar la administración y mantenimiento del servicio de alumbrado público por la Municipalidad; y que además se destine la partida necesaria para reequipar al sector municipal responsable del servicio, lo que seguramente ocasionará menos gastos al erario público».
