Se supo a través de «Nuevo Diario de Salta» que la semana próxima el Senado de la Provincia recibirá el pliego del Dr. Luis Felix Costas, propuesto por el gobernador Juan Manuel Urtubey para ser nombrado y ascendido a la Defensoría General en el Poder Judicial, que hasta el miércoles 18 de enero, ocupaba Adriana Mabel Arellano.
Esta noticia motivó que el reconocido abogado del foro local José Fernando Chamorro le escribiera una carta manifestándole su oposición y detallando sus oscuros antecedentes al Gobernador Urtubey.
Este es el texto completo de la carta abierta entregada (con fecha del jueves 19 de enero) dirigida al gobernador y al Colegio de Abogados.
Carta abierta a Juan Manuel Urtubey
El que suscribe, José Fernando Chamorro D.N.I. 7.260.711, abogado de esta Ciudad, se dirige a V.E. para manifestar su asombro y oposición al nombramiento en ascenso del doctor Luis Felix Costas en el Poder Judicial de esta época, a pesar que fuera “Juez de Instrucción del Proceso».
Cuando debería ser destituido por sus antecedentes, es promovido como ejemplo y aviso para las generaciones de abogados en formación en nuestros Tribunales.
Existe clara discordancia con la política sobre Derechos Humanos que se aplica en la Provincia por una parte, y por la otra con el mantenimieno y cimentación de los Funcionarios y Magistrados que fueron colaboradores de la más sangrienta dictadura en la historia de nuestro País.
La afirmación surge cada vez con mayor claridad, ante los hechos que recién empiezan a conocerse.
El ocultamiento desde 1983 hasta la fecha, se basa en la destrucción y sustracción de documentos y en una suerte de “omertà” que vincula a los que fueron partícipes necesarios de aquella dictadura con violación sistemática de los Derechos Fundamentales de la Persona, comprendidos en los Tratados Internacionales, en las normas de la Constitución Nacional y Provincial, y aún en los mismos Códigos Procesales.
Miles de familias todavía esperan a que algún día reaparezcan sus seres queridos, que fueron secuestrados, torturados y luego “desaparecidos” para cumplir con la norma de Videla, “no están detenidos, no están vivos, no existen”.
La privación ilegítima de libertad, las torturas, las desapariciones de personas que en algunos casos habrían sido incineradas, o arrojadas en la selva para comida de los animales o al fondo de espejos de agua, son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.-
En nuestra Provincia hubo muchos secuestrados-desaparecidos durante el “Proceso», y los Magistrados de esa época eran maniquíes decorativos que cobraban sus salarios (“sucios salarios” dijimos alguna vez), sólo para ser ciegos, sordos y mudos frente a la realidad.
Un colega me corrigió hace poco, agregando que eran fundamentalmente los encargados de encausar las averiguaciones sobre desaparecidos, por vías donde no pudieran ser encontrados.
Conocían los hechos por ser integrantes de aquél “Poder Judicial” que no tenía leyes, y se regía sólo por la voluntad de los Dictadores.- Como “guía” tenían los libros de los paracaidistas franceses en Argelia e Indochina, y aparentemente integraban una suerte de “Consejo Asesor”, que decidía sobre la vida y muerte de los secuestrados – torturados desaparecidos, y sobre el destino de sus bienes, que en buen número de casos, también “desaparecieron” igual que sus dueños.
En Tucumán a mediados de 2010 recién se hizo el juicio “Centro Clandestino de Detención Central de Policía”, con aproximadamente dos docenas de personas “desaparecidas” (sólo en ése Centro Clandestino de Detención), pero a mitad del trámite se presentó un testigo de apellido Clemente, que había sido detenido y luego “Policía”, y conservó en su poder listas de secuestrados, detenidos, torturados, y “desaparecidos”.
Las listas, llevan dos columnas al margen, en las cuales anotaban en pocos casos la “libertad” que graciosamente se concedía a los secuestrados –y sometidos a “estudio” durante un año-, y en otra, la más trágica, se consignaban los DF «Destino Final», término similar al que utilizaban los nazis.-
Sólo de esos listados de 300 personas, faltan, están «desaparecidas», cerca de 200 personas, razón por la que se llevará a cabo en estos días el juicio «Central de Policía II».-
Dubois Fleming, que es Juez de Instrucción en esta Ciudad, en la vecina Provincia fue Fiscal Penal de 1977 a 1978, y Juez de Instrucción de 1978 a 1984 de manera que no podía desconocer lo que sucedía en la Central de Policía de la vecina Provincia.
Se lo recordamos en una recusación, y sin negar los hechos (de los que aparentemente se encuentra orgulloso), rechazó el planteo sosteniendo que tales actuaciones no son causales contempladas en el Código Procesal, de modo que continúa rampante con juzgado de Instrucción a su cargo.
El citado es uno de aquéllos magistrados asilados en nuestra Provincia, y para «subsistir» cobra al menos dos sueldos, uno directo por su cargo, y otro, de los que conocemos, por medio de un pariente muy cercano.
Abel Fleming fue altísimo funcionario policial del “proceso” y actualmente se desempeña como Camarista Penal en nuestra Ciudad, aplicando el “derecho” sin ley.
En la misma condición se encuentra el doctor Alberto Fleming. Y hay más funcionarios y magistrados, asilados en el Poder Judicial, con buen sueldo e inmunidad.
Es como si Konrad Adenauer hubiera integrado su gobierno con Eichman y Priebke, con buena retribución para solventar sus gastos, y justificando que ya no existían los hornos a gas, ni la fosas Ardeatinas, que Eichman era un simple obrero metalúrgico, y Priebke colaboraba con obras comunitarias en San Carlos de Bariloche.
En nuestra Provincia hubo muchos «desaparecidos», secuestrados y torturados durante el «Proceso», y los Magistrados de esa época eran maniquíes que cobraban sus salarios sólo para ser ciegos, sordos y mudos frente a la realidad que golpeaba permanentemente sus juzgados.
A pesar de lo señalado, he visto en “Nuevo Diario” de ayer 18/01/12 que el Dr. Luis Felix Costas sería promovido a cargo superior del que desempeña en la actualidad, y ello a pesar de integrar la Patota Judicial del Proceso.
En el libro “Tropiezos de la Memoria, Silencios y Complicidades en Salta” fs. 128 y 145 del doctor Leiva figura designado en 1977 (Decr. 636, B.O. 31/03/77) como Juez de Instrucción en Orán, en período con numerosos secuestrados y desaparecidos en esa jurisdicción.
Entre los secuestrados-desaparecidos se encuentra todavía el Escribano Aldo Melitón Bustos (02/02/78- Dr. Leiva, op. cit., p. 144) y por su caso se condenó hace poco tiempo a varios militares, que tienen menos responsabilidad que sus colaboradores «abogados-magistrados», quienes concurrieron a la Universidad para estudiar los Derechos Fundamentales de la Persona Humana, los textos Constitucionales que los garantizan, y los Tratados que hemos suscripto y comprometido a respetar como integrantes de la Comunidad Internacional.-
Los abogados tienen plena conciencia de su violación y desconocimiento, y les cabe mayor responsabilidad que a los policías y militares del Estado Terrorista, aún contemplados desde la perspectiva del artículo 902 del Código Civil.
Los jueces del «proceso» juraban fidelidad al gobierno de facto y puede verse en libro del Dr. Duhalde («El Estado Terrorista Argentino», pág. 103), la «impunidad fáctica y jurídica» garantizada por el Poder Judicial, lo mismo que las «zonas liberadas» para las patotas militares y policiales.
En pág. 103 de la obra citada del Dr. Duhalde, se sostiene que «El correlato de la absoluta restricción de las libertades públicas y la indefensión general de los ciudadanos, estuvo dado por la irrestricta impunidad fáctica y jurídica de las fuerzas armadas, amparadas por un poder judicial cómplice y temeroso.
La impunidad jurídica alcanzó todos los niveles del accionar militar. Jamás en la historia argentina desde su dictado en 1853, gobierno alguno alcanzó tan prolija y consecuente violación de los principios contenidos en la Constitución Nacional, y al mismo tiempo, presentándolo como una legalidad de obligatorio acatamiento»…
Hay casos iguales ó más aberrantes que el Dr. Costas, con abogados capaces de servir a Dios y al Diablo por un sueldo, y ocultar sus antecedentes para poder engañar y cobrar retribuciones, en evidente fraude al Estado.
Ya hemos citado al Dr. Abel Fleming que en el Terrorismo de Estado, en la «cacería en el zoológico» (como dijera uno de los Secretarios de Estado de EE.UU.), que instrumentó el «proceso», fue altísimo funcionario policial, pero ocultó sus antecedentes en el Legajo del Poder Judicial, para poder recibir su paga mensual en la Democracia.
Y no es el único, porque el Dr. Dubois Fleming como anticipamos, fue Fiscal Penal en Tucumán en la funesta época de Bussi, de 1977 a 1978, para ser ascendido luego a juez de Instrucción de 1978 a 1984.
Por supuesto que tampoco hizo figurar en su Legajo del Poder Judicial de Salta estos antecedentes, para «currar» en la Democracia y aplicar la «ley» que no está escrita, y sólo conocen sus amigos de la patota judicial «procesista».
Estos ocultamientos y falsedades tipificarían alguna de las formas defraudatorias al Estado (arts. 172, 174 inc. 5, conc. y compl. del C. Penal), pues fueron cumplidas para percibir sus pagas mensuales a cargo de la Provincia.-
Estimo que en estos casos V.E. debería instruir a los Organismos de los Derechos Humanos y al Sr. Fiscal de Estado, para que promuevan acciones a fin de recuperar los dineros del erario público, porque las irregularidades de nombramientos de magistrados además, ocasionan nulidades que se consideran en el art. 162 del C.P.P.
Pero los mencionados no son los únicos «procesistas» totalitarios, y sus orígenes y convicciones pueden palparse en sus «fallos».-
El Dr. Albarracin integra Sala Penal de Apelaciones con el Dr. Pancio y en fallo relativamente reciente suscribieron el principio básico de los dictadores: «en el proceso penal no se aplica el derecho común».-
Según ellos, se aplica el «derecho especial», elaborado para cada litigante, y que sólo ellos –los jueces- conocen.-
Después de siglos de evolución procurando «Ley Cierta y Escrita», el principio de Legalidad (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que no prohibe) como garantía de los Ciudadanos frente al Estado, se desvirtúa totalmente por los restos del «proceso» que actúan bajo convicciones totalitarias de aquélla época nefasta, para negar la ley y sostener sólo la estructura de jueces que juraron dependencia y sometimiento a las organizaciones militares.-
El principio de Pancio y Albarracín que niegan en el proceso penal el «derecho común» para aplicar sólo el que ellos elaboran a su gusto y paladar, hace constituir a los jueces en legisladores, destruyendo tanto la ley como el principio republicano de división de poderes.
El Dr. Albarracin, aseguran los vecinos de Metán que desfilaba en el «proceso» vestido de militar ó policía, festejando el baño de sangre ejecutado por sus amigos dictadores, que se permitieron secuestrar, torturar y abandonar acribillado en la plaza principal de la Ciudad el cadáver del Profesor Risso Patrón, entre otros secuestrados y aparentemente «desaparecidos» en el lugar.
El Dr. Costas no actúa con menos arbitrariedad, y creyendo que se encuentra todavía en el «proceso» en el Expte. 60.669, de fs. 1.238 vta. (30/04/09) a fs. 1280 (10/06/09) integró «Tribunal Especial» con un Secretario que firmó como Camarista, sólo para continuar sus atropellos.
Y no es el único proceso, pues vimos también ilegalidades en otro de los casos (Carrasco) que pasaron bajo su firma.-
Cuando solicitamos la nulidad de las actuaciones citadas, con soberbia militar no sólo rechazó la nulificación, sino que «ratificó» aquéllas, para que permanezcan en esas condiciones, con firmas suyas y de un Secretario actuando como Camarista.-
No nos hemos dedicado al «Derecho Penal», pero las irregularidades que se observan exceden por mucho al restringido número de actuaciones de nuestra parte en ese campo.-
Eichmann, Erich Priebke y otros alemanes eligieron Argentina como refugio después de la guerra, utilizando en algunos casos cambios de nombres y ocupaciones, por supuesto.
Los ayudantes y funcionarios del «proceso» eligieron preferentemente el Poder Judicial, con buenas retribuciones y garantía de «inmunidad».
Ya hubo casos de personas excluídas de la Administración Pública por sus ponderaciones totalitarias ó por sus antecedentes, v. gr. Mártires Quintana de la Cámara de Diputados, el que fuera Profesor Rodríguez me parece que en la Universidad Católica que estaría condenado por delitos de lesa humanidad, y Valenti Figueroa entre los que puedo recordar.
En el caso del Poder Judicial, en lugar de excluirlas, pareciera que se las promociona como ejemplos del «todo vale» para las generaciones de abogados en formación.
Si de algo sirve la opinión de un simple ciudadano que fuera perseguido por el «proceso», ruego a V.E. que evite las actuaciones de Luis Felix Costas como uno de los jueces del «proceso» que sólo cobraban para ser ciegos, sordos y mudos frente a la realidad, y evite a la Democracia la afrenta de seguir tolerando los absolutistas, para empezar a vivir en una Sociedad de respeto a la Ley y a la Organización Republicana de Gobierno.
Quedo a vuestra entera disposición para las aclaraciones que pudiera necesitar, y dejo constancia que cursaré copia de la presente al Colegio de Abogados de nuestra Provincia.
Saludo a V.E. con mi consideración más distinguida.
- Dr. José Fernando Chamorro
M.P. 3
D.N.I. 7.260.711
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