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Dos condenas que reafirman el derecho a la protesta

En un fallo que reafirma el derecho a la protesta la que es negada por la ministra Patricia Bullrich, la Corte Suprema confirmó ayer las condenas de Rubén Santos del ex jefe de la Policía Federal y Enrique Mathov ex secretario de Seguridad del Gobierno de Fernando de Rúa, por la masacre de diciembre de 2001.

Vecinos y docentes anojados con los Diputados salteños

«Aqui afuera está el pueblo adentro los delincuentes», fue uno de los cánticos más suaves dedicados a los Diputados que se encontraban anoche sesionando dentro del edificio de la Lesgislatura Provincial de Salta.

Afuera sobre la calle Zuviría, unas doscientas personas entre docentes y vecinos del barrio San Expedito, soportaron la ténue lluvia y el frio, al ritmo de tambores y bombos.

Adentro los Diputados, al calor de sus seguras bancas, no se inmutaban con ninguno de los cánticos dedicados. De antemano se habían protegido. El edificio estaba como dentro de un «corralito», muy bien custodiado por la infantería tras las vallas negras.

Se temía al desborde de unas cincuenta mujeres docentes que marcharon contra la investigación de los Diputados a Victor Gamboa y por el otro lado más de un centenar de niños, jóvenes y ancianos del barrios San Expedito, que se concentraron para apoyar el tratamiento de un proyecto presentado por la legisladora del PO.

La diputada del Partido Obrero, Patricia Poblete, presentó un proyecto que anoche debía tratarse en la Cámara. La legisladora elaboró el documento luego de reunión con los vecinos del barrio y con el Juez Torres Gálvez.

Poblete presentó formalmente ante el Juez copia del proyecto de ley de autoría del bloque del PO que plantea una salida al problema de los vecinos, y también una copia del acta de labor parlamentaria donde figura dicho proyecto para su tratamiento.

El resultado de la reunión con el juez fue la suspensión del desalojo ordenado por el juez por un plazo de 15 días. El proyecto de ley del PO, propone adjudicar los terrenos a las 120 familias que los han ocupado e integrarlas a un plan de preservación de la reserva natural de usos múltiples de la que forman parte.

Poblete había dicho que: “se ha logrado una primera conquista, ahora vamos por la aprobación del proyecto de ley. El caso de este barrio es un caso testigo de los miles de trabajadores que no tienen vivienda ni siquiera un terreno donde vivir, como consecuencia de que el gobierno privilegia la construcción de autopistas que favorecen los negociados inmobiliarios con la
construcción de barrios privados”.

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