Buenos Aires. (Especial para Salta Libre) Los docentes en la provincia de Salta arrancaron el ciclo 2007 con un paro autoconvocado por tiempo indeterminado. Neuquén discutía su propio plan de lucha, igual que Santa Cruz y otras nueve provincias. La consigna subyacente, que motoriza los conflictos del magisterio de la mitad de las provincias argentinas, podría parangonarse, salvando las distancias, con la de octubre boliviano “ahora es cuando”. Buenos Aires faltaría a la cita; pero más que esto, la cobardía y entrega de los dirigentes del principal distrito del país, los llevaron a condenar, en palabras y hechos, a los movimientos huelguísticos provinciales y a elaborar una política destinada a aislarlos. Los conflictos provinciales en Salta, Neuquén y Santa cruz, se transforman rápidamente en movimientos extraordinarios; porque su característica es la de constituirse en tendencias, no sólo antigubernamentales, sino, y fundamentalmente, antiburocráticas.
Las fuertes y sobradas razones de los trabajadores de la educación para ir a paros provinciales tan contundentes, como los que hasta la fecha sacuden a la
provincia de Santa Cruz, y hasta ayer a Neuquén y Salta, son, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las mismas que hicieron que la burocracia del frente gremial docente frenara cualquier tipo de iniciativa que condujera a los maestros bonaerenses a una lucha análoga a las que se dieron en la mitad de las provincias del país.
El costo político de esta decisión burocrática tendrá serias consecuencias y marcará el accionar de las futuras luchas docentes en un sentido que aun queda por desentrañar. Pero cuyo germen se manifiesta claramente en las luchas actuales.
Tomamos sólo algunas de las causas iniciales del conflicto docente, que servirán para ilustrar las históricas jornadas a las cuales asistimos y que trazan una perspectiva a futuro. La existencia de una fuerte conciencia entre los trabajadores de la educación de la coyuntura política: que tiene que ver con el momento electoral en ciernes; el proceso inflacionario que desde el mes de octubre de 2006 adquiere características irrefrenables; un crecimiento extraordinario de la conflictividad laboral por reclamos salariales entre la clase trabajadora; las demolición de las estrategias reeleccionarias, que colocan a los ejecutivos provinciales bajo los efectos del síndrome Rovira.
Específicamente, entre los trabajadores del magisterio, la conflictividad con la que cerró el año 2006 no obtuvo ningún tipo de respuesta, con lo cual el año
cerró, para maestros y profesores, exclusivamente desde el punto de vista formal.
Intentos electoralista
En realidad, la tensión que acompañaba los reclamos docentes de los meses de noviembre y diciembre, únicamente fueron postergados por el final del ciclo;
entretanto, la rebelión por abajo no hacia más que crecer. Esta situación fue la que llevó a los apresurados anuncios del ministro Filmus el 16 de febrero. Los anuncios realizados en casa de gobierno por Ministro de Educación, a quien acompañaba un jovial Hugo Yasky, tenían al menos dos objetivos.
El primero, era el burdo intento de descomprimir una situación que se volvía insostenible en la mayoría de las provincias y que amenazaba a los gobernadores con tener que hacer frente a situaciones explosivas que anidaban en el animo de las bases docentes.
El segundo; era típicamente electoral y tenía que ver con la sacudida que provocó Telerman con el adelantamiento de la fecha de las elecciones en el distrito capital. Filmus tenia que sumirse en la campaña sin demoras y para eso es necesario que las aguas entre los maestros estuvieran calmas.
Los dirigentes sindicales docentes, que acompañaron este acto, comenzaron en ese mismo momento a pergeñar los acontecimientos que se sucederían en las próximas semanas y algunos otros que aun tienen un desenlace incierto.
En febrero, la situación en la provincia de Bs As estaba marcada por arriba: por arreglos, inconsultos e inconclusos, en unas amañadas comisiones paritarias. Las
centrales sindicales docentes (FEB-SUTEBA) y el gobierno de Felipe Solá discutían, en un clima de cordialidad, tan reivindicado por ambos, un arreglo salarial que ni
siquiera llegaba a la propuesta de los 1040 de mínimo ofrecido por el gobierno nacional.
Por abajo, sin embargo, anidaba un fuerte descontento que se hacia manifiesto en los plenarios y reuniones de las seccionales opositoras, donde las bases, además
de exteriorizar su malestar por lo que ya se presumía como una futura entregada, planteaban la necesidad de nacionalizar los conflictos con la intervención de la
CTERA.
Yasky y Filmus
Estas seccionales, venían denunciando sistemáticamente la política conciliadora entre la burocracia de los sindicatos de educadores y el debilitado gobierno de Solá y fueron las primeras en denunciar que el acuerdo entre el ministro Filmus y Hugo Yasky, se sostenía en más de lo mismo: sumas en negro y una mayor distribución de la pobreza.
Sobre el tema de las comisiones paritarias debemos mantenernos atentos, porque estas comisiones introducirán a cortisimo plazo, sin lugar a dudas, otro factor de crisis dado el fortísimo ajuste que disponen sobre la docencia bonaerense.
En principio, la resistida modificación del Estatuto del Docente, para adecuarlo a la próxima sanción de la Ley Provincial de Educación, la cual, entre otros puntos, incrementa a seis horas el horario de trabajo de maestros de la EPB, todo por el mismo y bajísimo sueldo.
La imputación de las seccionales de oposición del Suteba, sobre la existencia de una fuerte reciprocidad entre los intereses de los representantes de los docentes provinciales (Baradel y Petrocini) y el gobernador, no hicieron más que confirmarse por los hechos. En realidad, fue el propio Solá, el que las sacó a la luz en más de una oportunidad.
Ya en 2006, Felipe acusó ante los medios a Baradel y Petrocini de traicionar sus expectativas, “me habían prometido solamente un paro y ahora me salen con esto” afirmó decepcionado, frente a la convocatoria de un
paro por 48 hs. en el mes de diciembre, demostrándole a sus aliados hasta donde estaba dispuesto a llegar a la hora de mandarlos al frente.
El 1º de marzo de 2007, en la inauguración de la asamblea legislativa provincial, el estanciero bonaerense, repite esta manera tan particular de negociar, sacando los trapos sucios al conocimiento público. En esta oportunidad, el gobernador aseguró, que los dirigentes sindicales en la intimidad le confesaban su conformidad con la miseria salarial ofrecida; pero, que no podían terminar de cerrar los acuerdos “Porque, se justifican- afirmó indiscreto Solá- en que un
grupo de troskos no los dejan”. Los “troskos”, por supuesto, son las seccionales de oposición y las díscolas bases docentes que repudian este tipo de pactos
propatronales.
De todas maneras, no fueron, ni por mucho, estas reveladores confidencias patronales las que invalidaron la salida a la lucha de los gremios docentes bonaerenses. De última, la convocatoria al paro podía ir acompañada de una desmentida (que nunca existió) y un repudio a estas declaraciones (aunque nadie les creyera), o con esta simple aclaración que levantaría cualquier obstáculo para que la huelga tuviera una adhesión enorme.
Plano nacional y provincial
El problema no era ese. El problema, lo encontramos en los acuerdos políticos más generales de la burocracia con la orientación del gobierno Kirchner, en el plano
nacional, y con Solá en el provincial y en el temor de que el plan de lucha se les desborde.
Hugo Yasky, actúa desde hace años, en funciones ministeriales aunque no posea cartera; mientras que, “la celeste” provincial (Baradel) se ha transformado en un
apéndice de la Dirección de escuelas, en manos de Puiggrós, a la cual ha dotado de un conjunto de cuadros para reforzarle el plantel de funcionarios en áreas
criticas.
Estos compromisos políticos de los burócratas de los sindicatos docentes con la patronal condujeron a un hecho insólito: finalmente, el gobernador de la provincia de Bs. As. se dio el gusto, que pocos patrones pueden darse en medio de un conflicto; frente a la convocatoria de un paro de 48 hs. del Frente Gremial
(FEB-Suteba) para los días 5 y 6 de marzo, Solá anuncia su levantamiento por la televisión.
La lucha y las disputas de poder
Las autoconvocatorias retoman las tradiciones más democráticas del movimiento obrero; se recomponen los cuerpos de delegados; se adopta una dinámica de
funcionamiento mediante asambleas, que son las que toman las resoluciones; se votan medidas de movilización, acampes, tomas y cortes de rutas destinadas a que
el conflicto gane en intensidad; se lleva adelante una política destinada a conseguir adhesión del resto de la población. En definitiva, detrás del conflicto salarial los trabajadores disputan con la patronal y el estado espacios de poder que le permitan satisfacer sus demandas.
La burocracia docente, aunque esto vale para la CTA en su conjunto, contra argumenta que todas estas medidas, al no ser encausadas por dentro de la organización sindical oficial, dividen al gremio, lo debilitan, hacen que los dirigentes pierdan fuerza a la hora de negociar con las patronales y cosas por estilo.
Es decir, apuntan a demostrar que la democratización ganada por medio de una intervención decida de las bases en la lucha, conlleva un “componente reaccionario y propatronal” y que son ellos los únicos que garantizan, “mediante la unidad sindical”, la posibilidad de un triunfo.
Negocios gremiales
La realidad es que, la dirigencia burocrática de los sindicatos, en su desesperación por conservar su
capacidad de realizar negociados de espaldas a los trabajadores, recurren a argumentos que violentan cualquier lógica. Porque, en caso de ser la unidad detrás de las organizaciones oficiales a única garantía de éxito para las luchas, que es lo que justifica la existencia de la propia CTA. Porque, ¿Por qué generar dos centrales sindicales, en lugar de sostener una única y unida central detrás de los Moyano y Barrionuevos?.
Los “progres” de la CTERA-CTA responden que la “burocracia de los gordos es la vieja forma de hacer sindicalismo y que ellos representan una forma nueva y más democrática”. Puras patrañas. Lo que dejan en claro los movimientos huelguísticos de la docencia provincial, es que ante la mayor democracia ganada en la lucha por
las bases y sus organismos, proporcionalmente, es mayor también el cobijo que la burocracia le presta a las patronales.
Cuando los trabajadores toman en sus manos la lucha, sus acciones colectivas ganan en eficacia y desnudan esta política conciliadora, lo que se vuelve un aspecto
insoportable para las direcciones oficiales. La parálisis demostrada por Yasky, frente al asesinato del docente Carlos Fuentealba, es una muestra de los aspectos más siniestro de cómo se negocia con la sangre de los luchadores.
El paro de 24 hs. realizado el 19 de abril, tuvo como principal objetivo el de descomprimir una situación que asumía proporciones extraordinarias por el cuadro de conmoción social que despertó en la sociedad la masacre de Carlos. La Ctera cargó las tintas en contra de Sobisch pidiendo un “nunca más”; que a esta altura es más enigmático que nunca.
¿A que se refiere ese “nunca más”?
Una lectura apresurada, diría que hace referencia a que no se maten mas docentes. Pero, la falta de continuidad en un plan de lucha nacional por el castigo a los
culpables, por el cumplimiento de los reclamos de los docentes neuquinos, santacruceños, etc., por un salario básico igual a la canasta familiar; deja abierta la puerta a la reflexión de que este “nunca más” yaskista, está más dirigido a las autoconvocatorias, al funcionamiento por asambleas y al reforzamiento de los cuerpos de delegados.
La burocracia gremial ha jugado en el conflicto docente actual gran parte de las cartas que la sostienen en sus cargos. Pocas veces, por el carácter nacional que
han adquirido estas luchas, se ha visto tan desnudada en su rol de colaboradora incondicional con el régimen político burgués.
La Ctera y la CTA han servido de freno a las luchas docentes provinciales, al sostenimiento de Sobisch en Neuquén, a la política de techos salariales del
kirchnerismo. Pero esto, innegablemente, traerá una serie de consecuencias cuyo final es abierto, por dos razones.
Primero, las condiciones económicas que dieron
lugar a las demandas del magisterio, no hacen más que agravarse a partir del crecimiento en los precios de los productos de primera necesidad.
Segundo, el capitalismo argentino, está en una fuerte ofensiva en contra de la escuela pública cuyo objetivo final es la privatización de la misma. Sin duda, que para que la destrucción de la escuela pase, el primer objetivo de los privatizadores es derrotar a los trabajadores de la educación, sus más fervientes defensores.
Las direcciones gremiales cumplen en este aspecto un papel decisivo. Siendo la condición de posibilidad, que sirve para frenar cualquier peligro de resistencia, de
parte de los trabajadores, en contra de las políticas oficiales. El desgaste de estas direcciones, cooptadas por el estado, se presenta como un factor de debilidad
para la implementación de estas políticas. Se abre un nuevo escenario de luchas, donde Salta ya comienza a dar los primeros pasos y Santa cruz sigue siendo una referencia.