A más de 112 familias de ampliación B° Santa Ana 2 se les cumple el plazo de 45 días corridos para ser desalojados de sus casas, tras el veto del Gobierno de Gustavo Sáenz a una ley de expropiación aprobada en Diputados y Senadores del Gobierno de Salta con la excusa de que “No hay plata”.
Esas tierras de un loteo privado que los vecinos viven hace más de 30 años que los vecinos compraron en cuotas en su momento, por la serie de crisis económicas las deudas bancarias pasaron de mano en mano hasta que caer en las garras de una empresa que les reclama pagos sobrevaluados e imposibles de hacer frente.
Tras varios años de lucha de los vecinos para tratar de llegar a una solución con la empresa inmobiliaria Miguel Rueda que compró esa deuda, y a la que acusan de especuladora, hoy jueves 15 de agosto, nuevamente representantes de las familias damnificadas, reclamaron frente a la Legislatura Provincial ser recibidos por los legisladores para pedirles el rechazo al Veto de Sáenz. Sin embargo los ignoraron. Nadie los atendió.
Historia de una estafa
Carina Miranda, una de las vecinas damnificadas contó a Salta Libre que “el Gobierno les soltó la mano. Desde hace años 112 familias sufrimos esta estafa de un especulador inmobiliario que gracias a Gustavo Sáenz y Antonio Marocco“.
“Son 45 días corridos que están a punto de cumplirse. Tanto la empresa como los legisladores que responden al Gobierno están esperando que el veto se duerma y no darle curso. De esta manera caemos en la mano dura del Poder Judicial”.
Efectivamente si ese veto no se revierte más de un centenar de familias quedan en manos de una empresa predadora y al borde del desalojo. Es paradójico en tiempos de campaña en la legislatura tanto diputados como senadores habían aprobado la expropiación de los terrenos donde viven ahí hace 30 años, y ahora el mismo vicegobernador Marocco como presidente de la Cámara de Senadores que había firmado la expropiación, en su función de gobernador interino vetó la ley por orden de Sáenz porque según ellos, “No hay plata”.
La historia de descalabros económicos para miles de familias argentinas por culpa de gobiernos corruptos e inoperantes, en este caso de un barrio de la capital de Salta, viene desde el año 1996.
Cientos de familias compran sus terrenos a la Empresa Conciel S.A., con la ilusión de tener su casa propia. Años después la empresa quiebra y queda en propiedad del Banco Cooperativo Caseros, su acreedor.
En el año 2017. Se publica en el Boletín Oficial de Salta N° 20.149, que el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nro. 2 en C.A.B.A., lanza un llamado a mejorar la oferta de compra de $ 500.000 por la cesión de los derechos que posee el Banco Caseros S.A., sobre los catastros Nº 90.363 y Nº 90.364 ubicados en el barrio Santa Ana, provincia de Salta, conforme sentencia dictada en el Concurso Preventivo de Conciel S.A.
En la convocatoria se comunica el estado de ocupación en que éstos se encuentran y se informa que el eventual desalojo de los habitantes queda bajo la responsabilidad de los oferentes. Por lo tanto, los síndicos de la quiebra, ponían en venta un predio con plena conciencia que estaba habitado pero no notificaban a sus habitantes, a pesar que la mayoría residía allí desde hacía más de 20 años. Un barrio entero, 117 lotes, con luz, agua, gas y cloacas conseguido por los vecinos, por la suma de $ 500.000, comprado como finca baldía.
En la misma convocatoria se establece que quien debía exhibir los terrenos a los interesados era la Dra. Emilia Fornari, con domicilio en Entre Ríos Nº 837, ciudad de Salta, letrada de la Sindicatura en la ciudad de Salta.
En 2018, se publica en el Boletín Oficial de Salta N° 20.291 la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Santa Ana Sobre Rueda S.R.L. con Domicilio en Calle Los Ciruelos N° 151, barrio Tres Cerritos de Salta, conformada por Miguel Alberto Rueda y Mariano Estrada.
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por su cuenta o a través de terceros a la compraventa y corretaje de inmuebles propios o de terceros.
La sociedad se inscribe en el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Salta, Secretaría de la Dra. M. Alejandra Loutayf.
Inmediatamente Rueda comienza a notificar a los vecinos, para que se acerquen a un estudio para llegar a un acuerdo de venta. Lo curioso es donde. Y es en el estudio de la Dra. Emilia Fornari, quien actuaba en la Sindicatura de la Provincia a la hora de poner en venta los terrenos y ahora, como representante de Rueda.
Aquí se entiende como es que Rueda tuvo la información privilegiada para quedarse como único oferente y a previo vil con esos terrenos.
En el mismo estudio, atendía el Dr. Pablo de La Merced, socio de Fornari, también sindico de la quiebra; y a posteriori devenido a representante de Rueda.
Otras citaciones en representación de Rueda, se hacían en el estudio de la Dra. Alejandra Loutayf, la secretaria de Minas. En este punto los vecinos afirman que por estos hechos existiría una “verdadera asociación ilícita”.
A partir de ahí comenzó el hostigamiento y las amenazas a los vecinos para que fueran a “arreglar con Rueda”. Muchos incluso suscribieron convenios con la firme voluntad de comprar su lote. Pero Rueda pedía 25.000 dólares a cada vecino, con el objetivo de obtener 3.000.000 de dólares por una tierra comprada a $ 500.000.
Pescar en una pecera
Finalmente la compra de terrenos habitados fue el verdadero negocio, porque además de tener todos los servicios, tomaba de rehenes y compradores forzados a 117 familias.
Los vecinos hicieron múltiples intentos de pagar. Firmaron convenios pero paulatinamente dejaban de hacerlo tras las sucesivas devaluaciones, que disparaba el precio de los terrenos, sumado a los bajos salarios.
A esta altura, comenzaron a llegar las intimaciones de desalojo. Y el Poder Judicial se transformó en cómplice, ya que nunca investigó la denuncia de los vecinos realizada en el 2021, sobre cómo Rueda y sus socios se quedaron con esos terrenos a precio vil, pero si fue muy apresurado para enviar los desalojos.
Finalmente en el año 2018 quedó claro a los vecinos que la expropiación era la única vía para salvar sus viviendas y el Partido Obrero, a través del Diputado Claudio Del Pla, presentó en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley de expropiación, que nunca fue tratado
2021– El PJ a través del Diputado Santiago Godoy presenta otro proyecto similar. Tampoco fue tratado.
En el 2023, Nuevamente el PJ presenta otro similar a través del Senador Emiliano Durand, que finalmente es votado y aprobado por unanimidad en el Senado y por mayoría en Diputados.
No obstante este año 2024, Sáenz veta el proyecto con el mismo argumente del presidente Javier Milei: “no hay plata”. Sin embargo, las expropiaciones no se pagan inmediatamente después de la promulgación de la Ley, ya que se tarda años en llegar a un acuerdo entre el gobierno y los expropiados.
Los vecinos afirman que Sáenz, si quisiera defender a sus vecinos y a quienes los votaron, tendría tiempo suficiente de conseguir los fondos. Más aún si la investigación penal sobre el origen de esta apropiación podría demostrar que la deuda de ese loteo fue malhabido por la serie anomalías en las transacciones realizadas por la inmobiliaria de Rueda.
Ahora estas familias están desamparadas, dado que Sáenz, Marocco, diputados ni senadores están dispuestos a revertir un desalojo que parece inexorable.
Con el veto a la expropiación y hoy la negativa de los senadores a rechazarlo, el Gobierno convalidará el negocio espurio de la empresa inmobiliaria.
