A los cuarenta años del secuestro y asesinato del ex gobernador de Salta Miguel Ragone parece de rigor señalar al juicio de 2011 como un ejemplo de que, en este asesinato político, se encontró la verdad y se hizo justicia. Pero también sería posible poner en cuestión algunos de los argumentos del fallo, y entrever que –a pesar de la condena penal de tres “autores mediatos”- el juicio permitió conocer sólo muy parcialmente la historia que desembocó en el crimen.
Como todas las mañanas -tal como señalaron muchos de los testigos- Ragone salió alrededor de las ocho del 11 de marzo de 1976 de su casa del pasaje Gabriel Puló para iniciar su trabajo cotidiano de médico.
Tres años antes, en las elecciones del 11 de marzo de 1973, había ganado el cargo de gobernador de Salta que ya no ejercía, pues en noviembre de 1974 su gobierno había sido intervenido por la presidente Isabel Perón debido a su “manifiesta ineficacia represiva”.
Pero esa mañana su mente estaba puesta en el domingo siguiente -14 de marzo de 1976- en que iba a disputar con muchas posibilidades de triunfo la presidencia del Partido Justicialista salteño. Era un riesgoso desafío a los dirigentes del PJ que, a despecho del inicial apoyo que le habían prestado, luego le acusaron explícita o veladamente de marxista o traidor al peronismo, y le hicieron imposible su gestión.
Era también la revancha política de un Ragone que, si de algunos sectores internos del PJ había querido diferenciarse en su corta campaña de 1976, fue del que aún se llamaba “lopezreguismo” y del verticalismo isabelista, y era más que probable que el ex gobernador los viera encarnado en algunas listas internas opositoras a su candidatura.
Pero esa mañana Ragone no tuvo tiempo de cavilar. Al tomar la calle Del Milagro, varios automóviles lo cercaron. Lo que vieron los testigos ocasionales, los disparos que escucharon, las manchas de sangre que quedaron en su automóvil encontrado horas después, hicieron concluir al Tribunal que juzgó el caso que Ragone fue asesinado allí mismo. Su cuerpo nunca apareció.
Faltaban entonces sólo trece días para el golpe del 24 de marzo de 1976 con que las Fuerzas Armadas derrocarían al gobierno de Isabel Perón. En su fallo, el Tribunal que atribuyó el crimen al plan sistemático, coordinado, de represión que las mismas Fuerzas Armadas aplicaban, según fundamentó también el posterior fallo de llamada mega causa, ya desde enero de 1975 contra todos los opositores a la dictadura que iba a encabezar el general Rafael Videla.
Y es aquí mismo que quien lee los fundamentos con cierta atención puede advertir algunas incoherencias.
En su afán por mostrar que el crimen de Ragone es sólo atribuible al plan sistemático de eliminación de opositores encarado por las Fuerzas Armadas, los jueces señalaron el “pedido de búsqueda de personas 771”, un documento relacionado con el plan Cóndor aportado durante las audiencias del juicio por el brasileño Jair Krischke. Allí las fuerzas de seguridad de Brasil, a pedido de las autoridades argentinas, solicitan a sus unidades la localización o detención de 149 argentinos por sus “actividades subversivas”, entre ellos el propio Ragone.
Es curioso que el Tribunal no haya consignado en su fallo la fecha de un documento tan significativo y que muestra –sin ninguna duda- que Ragone fue considerado un peligroso subversivo para las Fuerzas Armadas, y que llegó a buscarlo en Brasil en el marco del plan Cóndor.
Así que la ausencia de la fecha del documento obliga a sacar algunas conclusiones que chocan directamente con otros datos expuestos como indubitables en los fundamentos del fallo.
En efecto, es prácticamente impensable que las Fuerzas Armadas argentinas hubiesen hecho ese pedido de búsqueda de personas a las autoridades brasileñas con anterioridad al día del secuestro, por la sencilla razón de que Ragone –tras la intervención de su gobierno en noviembre de 1974- volvió a su trabajo de médico, y siguió sus mismos horarios hasta ese mismo día.
Tal como dijeron algunos testigos en el juicio, era muy fácil hacer una tarea de inteligencia sobre la vida cotidiana de Ragone, sólo alterada en los primeros meses de 1976 por sus esporádicas salidas al interior de la provincia para públicos actos proselitistas para la interna del PJ.
De modo que los efectivos que lo esperaban en la calle Del Milagro sabían con toda certeza que Ragone iba a doblar con su Peugeot amarillo desde la esquina de la calle Gabriel Puló, muy cerca de las ocho de la mañana y sus únicas dudas giraban en torno al grado de resistencia que iba a ofrecer el médico a su secuestro, indudable objetivo primario del operativo.
Descartada cualquier fecha anterior al 11 de marzo de 1976, el pedido de búsqueda 771 dispara muchos interrogantes. En efecto, si el Ejército o las Fuerzas Armadas giraron a Brasil el pedido de detención de Ragone con fecha posterior al 11 de marzo del 76 –y es lo más probable por las razones expuestas-, fue porque para un sector clave de la tarea represiva del Ejército como lo era Inteligencia, en abril o mayo, o junio del 76, Ragone estaba aún vivo y fuera del país.
Así leído, el documento que prueba que las Fuerzas Armadas persiguieron políticamemente a Ragone hace prácticamente imposible encuadrar su secuestro y asesinato dentro de un plan sistemático, coordinado, de represión de las Fuerzas Armadas, pues es muy difícil de entender que lo mandasen a buscar en Brasil las mismas autoridades represivas que ya habían logrado su eliminación dentro de ese plan coordinado.
Ahora bien, si el comando de policías o militares que esperó a Ragone aquel 11 de marzo de 1976 o si quienes fueron finalmente condenados como “autores mediatos”, no estaban en ese momento obedeciendo órdenes de quienes centralizaban las decisiones del plan sistemático, coordinado, de represión, ¿obedecían órdenes -o encargos- de quién o de quiénes?
¿Es del todo descabellado pensar que en Salta funcionó un aparato represivo compuesto por agentes de seguridad que seguía indicaciones de un sector dirigencial económico o político, y que ya había mostrado su eficacia con los asesinatos de Eduardo Fronda y Luciano Jaime, en enero y febrero de 1975, de Guillermo Alzaba en diciembre de 1975 y de Felipe Burgos, en febrero de 1976?
¿Qué era la triple A? ¿Una banda de ex cabos y sargentos al mando de un brujo llamado López Rega, o una estructura represiva paralela formada por militares y policías que actuaban siguiendo indicaciones de poderosos intereses económicos y políticos?
¿Acaso no había un cruce público y notable entre el gobierno y dirigentes peronistas de entonces con integrantes de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se explica que los mismos fallos que condenan al ex jefe de Policía Miguel Gentil por los crímenes de Fronda o de Ragone, al mismo tiempo desclicen una versión exculpatoria del gobierno peronista que nombró a ese militar en el cargo no bien intervino el gobierno de Ragone?
¿Porqué en el juicio de 2011 se quiso instalar la idea de que Perón apoyaba a Ragone, cuando nunca, hasta que murió, el entonces presidente le hizo un solo gesto público de apoyo, ni aún cuando, en febrero de 1974, las CGT declaró al gobernador persona no grata, por “marxista”?
¿Porqué en la causa y en las audiencias del juicio se indagó, se testimonió tanto sobre la gestión de Ragone como gobernador en 1974, y tan poco sobre lucha interna política durante 1975 y 1976, previa a su secuestro?
Otros argumentos utilizados por el Tribunal para reforzar sus tesis del “plan sistemático” aplicado por las Fuerzas Armadas como explicación del crimen de Ragone agrandan las dudas al respecto.
A ese propósito los fundamentos del fallo citan los dos comandos que habrían partido desde Córdoba para eliminar a Ragone, según relató el testigo Damián Mendoza que le había contado por teléfono, la noche anterior al crimen, un militar ya fallecido al momento del juicio. El testimonio, indudablemente, reforzó la idea del crimen como parte del plan sistemático de las Fuerzas Armadas.
Pero es que el Tribunal también citó -como prueba de su tesis del plan sistemático de las Fuerzas Armadas- el “pormenorizado” relato del secuestro que, varios años antes del juicio había dado el ex agente de la policía de Salta, Víctor Vilte, ante el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, a quien el relato le pareció “creíble” y “con rasgos de coherencia”, según testimonió en el juicio.
Y es muy difícil dar por válidas ambas versiones. Pero ambas, sobre todo la segunda, hubieran podido dar pié a una investigación para identificar a los protagonistas del operativo de aquel 11 de marzo de 1976, en la esquina del Pasaje del Milagro y Gabriel Puló, que terminó con la vida del ex gobernador. Porqué la Justicia no avanzó en la identificación de los ejecutores materiales del crimen, es otra pregunta que a 40 años de su asesinato, inquieta en cualquier memoria del secuestro de Ragone.
.*Andrés Gauffin, periodista
Autor del libro “Noticia Urgente sobre Ragone”
afgauffin@hotmail.com
