Mediante un recurso judicial que no tiene precedentes en la Provincia, periodistas salteños agrupados en la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), presentaron ayer un recurso judicial ante la Procuración General de la Provincia para solicitar como resguardo de las garantías constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa y posterior al encuadre correspondiente, se promueva acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables del allanamiento policial 
en el semanario “La Nueva Reseña” de Rosario de la Frontera, sin orden judicial, la violación al derecho a la intimidad familiar y apremios ilegales en el marco de la investigación del asesinato en el “Caso Daldós”.
Se cumplió ayer la presentación formal de un recurso de pedido de accion penal por el atropello a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, por una serie de operativos cumplidos por la policía contra el semanario La Nueva Reseña de Rosario de la Frontera y su director Natalio Albarracín.
Firmado por los miembros de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) el pedido se formuló a través de la presentación formal de un documento en la Procuración General de la Provincia.
La solicitud, que se realizó en resguardo de las garantías constitucionales que se procura proteger, expresa: “A los fines de poner en conocimiento los hechos ocurridos en el sur de la Provincia de Salta, y en el mérito de los mismos a solicitar que, luego de un detallado análisis de la cuestión planteada y del sano criterio del Sr. Agente Fiscal y/o Sr. Procurador, proceda al adecuado encuadre de las conductas y circunstancias descriptas, y en caso de que así correspondiere, se promuevan la/s correspondiente/s acción penal en contra de quien o quieren resultaren responsables, y si perjuicio de demás actuaciones que esa Procuración dispusiere”.
“En nuestra condición de Miembros de A.P.E.S.; y motivados esencialmente en la severa preocupación de resguardar sin retaceo alguno, la màxima vigencia en nuestra Provincia, del excelso Derecho Constitucional a la Libertad de Expresión; por ello se solicita se promueva la investigación que resultare adecuada y procedente, solicitada a Ud. en ejercicio de las potestades y deberes impuestos por el Cap.II Secc. Segunda, incs. a), b), c) d) de Art. 166 de la Constitución de la Provincia, bajo la inteligencia de que dicho resguardo (Libertad de Expresión) debe ser tenido como un bien social, cuyo beneficiario es la sociedad en su conjunto y no necesariamente el o los periodistas particularmente afectado/s.
Los hechos
La medida fue adoptada tras las inpensadas derivaciones de los operativos realizados por la policía tras el asesinato del remisero Ezio Daldós en Rosario de la Frontera, ocurrido hace casi seis meses.
Salta Libre publicó las denuncias de Albarracín y las instancias del asesinato de un remisero ocurrido el 22 de noviembre de 2006 en el paraje de Horcones, y también había anticipado que APeS analizaba concretar esta presentacion de un recurso judicial en organismos provinciales y nacionales por hostigamiento a la libertad de prensa, que en este caso, podría involucrar a la Policía de la Provincia y el juez Mario Teseyra que intervino en la causa.
El acoso policial se concretó contra el semanario dirigido por Natalio Albarracín, que investigó, publicó y cuestionó los procedimientos del caso y desde un principio. También publicó y denunció el inhumano encarcelamiento de tres personas, sin las pruebas necesarias.
El caso del crimen del remisero Ezio Daldós produjo en Rosario de la Frontera, una serie dudosos procedimientos policiales y oscuros manejos judiciales, que implicarían al jefe de la Unidad Regional, comisario Mario Paz, al juez Mario Teseyra a ciertos policías y funcionarios de la justicia cuya finalidad sería de silenciar o atemorizar a todos aquéllos que tratan poner al descubierto el trasfondo del “caso Daldós”.
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