Esta vez el Tribunal Oral Federal 3 absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa y otros siete acusados –todos ex funcionarios- acusados por el supuesto pago de sobornos en el Senado Nacional para aprobar una reforma laboral en abril del año 2000. La norma limitaba derechos laborales y estaba destinada a congraciarse con los organismos financieros internacionales. La denuncia de coimas motivó la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y precipitó la crisis política que terminó con el gobierno de la Alianza, la coalición entre radicales y frepasistas.
Además del ex mandatario, la absolución alcanzó al ex Secretario Parlamentario Mario Pontaquarto, al ex titular de la Side Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda. Luego de catorce meses de juicio y después de trece años y medio de cometidos los hechos, los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez evaluaron en su sentencia que el delito denunciado no existió. O, por lo menos, no hubo pruebas ni testimonios contundentes para demostrarlo.
Lo curiosos de este proceso es que contó con un arrepentido: Mario Pontaquarto, quien se autoinculpó. El ex secretario dijo que llevó las valijas con el dinero (cinco millones de pesos) desde la Secretaría de Inteligencia y repartió la plata. En buen romance: es como si a un ladrón que confiesa que robó se lo absuelve por falta de pruebas.
Lo cierto es que la inexistencia de testigos directos que hayan visto el dinero y la falta de pruebas debilitaron el testimonio de Pontaquarto. Dos protagonistas claves ayudaron a sepultar la causa. Chacho Álvarez, quien dijo que había renunciado a la vicepresidencia porque estaba asqueado por la corrupción en la justicia aseguró que no sabía nada. Y Antonio Cafiero, quien hizo las primeras denuncias se excusó de declarar argumentando problemas de salud. La única que podría haber aportado un dato concluyente sobre la existencia del dinero, Silvina Costalonga, la ex esposa de Pontaquarto, no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el Tribunal no quiso convocarla. Según el valijero de la operación, ella vió el dinero mientras estuvo en su casa “antes de repartirlo en un hotel” una vez aprobada la ley.
La fiscalía insistió hasta el final pidiendo condenas de seis años por “cohecho activo y pasivo”. La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia hizo lo propio. Mientras las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución.
De la Rúa declaró que el fallo “demostró que se trató de un complot” para voltear a su gobierno. Si efectivamente es inocente también es una inequidad absoluta mantener bajo sospecha a una persona durante trece años.
Hugo Moyano, quien en su momento ratificó que el entonces Ministro Flamarique le había dicho que “tenían la Banelco” para lograr el voto de los senadores, se mostró decepcionado. Sigue convencido que se pagaron coimas.
Más allá de las opiniones encontradas, como en los viejos cuentos infantiles, aquí no ha pasado nada.
- Reynaldo Sietecase
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