Se trata de otro revés judicial por partida doble; para Gerala ex intendente de la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo) y también para la justicia salteña, que a través de las revisiones de las instancias superiores, como la Cámara Federal de Casación Penal a nivel federal o la Corte de Justicia de Salta a nivel provincial, modificaron casos de alto impacto en los últimos años, donde sentencias de tribunales de mérito fueron revocadas, dejadas sin efecto o anuladas total o parcialmente.
Esta desición de la Camara Federal de Casación expone una vez más el descrédito de los jueces de la justicia local, frente a las revisiones en la justicia provincial y federal por arbitrariedad. Periódicamente, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el máximo tribunal provincial anulan fallos locales, por ejemplo, en causas de familia, violencia de género o delitos graves; cuando detectan defectos de fundamentación, aplicación indebida del beneficio de la duda o sentencias consideradas arbitrarias que obligan a dictar un nuevo pronunciamiento.
El TOF N° 2 de Salta dictó, el 23 de abril de este año, la absolución de Atta Miguel Gerala por el beneficio de la duda. En aquella instancia, los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano consideraron que no existían pruebas directas sobre su participación. Argumentaron que las herramientas secuestradas en su taller no coincidían en marca y color con las utilizadas en las vías, y que la camioneta Toyota Hilux de su propiedad era usada habitualmente por su hijo sin que se acreditara el conocimiento del padre.
En el juicio de abril, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la condena de Gerala como partícipe primario del delito de contrabando agravado por la cantidad de intervinientes, la calidad de funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda y malversación de caudales públicos, en calidad de autor.
De acuerdo al alegato del Fiscal Federal Eduardo Villalba, resaltó la actuación del MPF buscando detener el robo sistemático de rieles en el chaco salteño, tarea que describió como nada sencilla, dado el ambiente inhóspito de las localidades del departamento Rivadavia, la connivencia de las fuerzas de seguridad y el fuerte peso político de los jefes comunales.
El tribunal, sin embargo, entendió que la prueba reunida no logró superar el umbral de la duda razonable respecto del exintendente y dispuso lisa y llanamente su absolución.
El fiscal general Raúl Pleé y los representantes de la fiscalía de Salta impugnaron la absolución de Gerala por considerarla arbitraria. Sostuvieron que el tribunal de juicio valoró las pruebas de manera fragmentada y aislada, desarticulando un cuadro indiciario global y unívoco.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, votaron a en contra de esa absolución. En tanto el magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia, inclinándose por mantener la decisión del tribunal de origen bajo el principio de inocencia.
La mayoría de la Cámara determinó que el exintendente realizó un aporte consciente y necesario para la sustracción de los bienes públicos.
Los jueces señalaron que Gerala gobernó el municipio durante casi tres décadas, lo que le otorgaba un control absoluto del territorio. El desmantelamiento del ramal ferroviario se extendió por ocho meses, a plena luz del día, utilizando mano de obra de comunidades originarias locales que eran trasladadas en el vehículo particular del funcionario.
