Con una celeridad que contrasta con la morosa gestión de los expedientes, representantes del Colegio de Magistrados se reunieron con los senadores para aumentarse sus ya jugosos sueldos, efecto del aumento logrado –vía extorsión- por los empleados administrativos del sistema judicial. Cabe preguntar si estos funcionarios de privilegio, habilitados para obtener beneficios mediante el chantaje y el descaro – por no hablar de su muchas veces dudosa idoneidad – están realmente en condiciones de juzgar a los demás.
Días pasados, durante una conferencia organizada por la Escuela de Abogacía para Graduados, se debatieron en Salta temas esenciales para la administración de Justicia, como la independencia del Poder Judicial, cual debiera ser el criterio para la selección de los magistrados y la responsabilidad política de los mismos por el contenido de sus sentencias. El desarrollo del temario, a cargo de los abogados Alfonso Santiago, Federico Kosiner y Alejandro Saravia, entre otros, tuvo una franqueza inusitada, abriendo polémica sobre las tres principales cuestiones que desvelan hoy a los juristas.
En primer término y si consideramos que la Democracia no es más que el equilibrio entre diversas instituciones que se limitan el poder entre sí, no resulta congruente que el Poder Ejecutivo nombre a los funcionarios del Poder Judicial, como sucede actualmente, pues de esta manera los convierte en simples subalternos, cuya permanencia en el cargo dependerá mucho más de su grado de sumisión que de su capacidad, idoneidad y entrega.
¿Por qué no nombrarlos a través de elecciones públicas? Podría formarse una Comisión de Instituciones compuesta por el Colegio de Abogados, un par de Asociaciones defensoras de los Derechos Humanos, la Universidad, etc., quienes trabajarían en la definición de una terna que iría a sufragio abierto e independiente, sin coincidencia con elecciones políticas. Su mandato no debería exceder los 6 años, pasados los cuales tendrían que demostrar que aún están en condiciones de juzgar, para recién presentarse a su reelección. Un sistema así sacaría del juego a los malos jueces y eliminaría de cuajo la intromisión política.
En segundo lugar, quedó claro que no existe un sólo factor que garantice que un abogado está en condiciones de juzgar a los demás, por más cargo de Juez que ostente. En los últimos años, los jueces destituidos en la Argentina llegan al medio centenar, sin contar a los que renunciaron para no enfrentarse al Jury ni a los salvados de la guillotina por su cercanía al Poder. Tampoco hay acuerdo sobre el perfil del Juez que se espera encontrar: ¿un jurista eximio o un ser humano intachable? Tener muchos conocimientos, pero sin el carácter que brinda la integridad personal, es más peligroso que no saber nada, tal vez por eso los países civilizados eligen a sus jueces –por lo general- entre las buenas personas, disculpando sus errores cuando son “honestos”, es decir fruto del accidente humano y no de la soberbia, la vanidad y la impunidad obscena del Tercer Mundo.
Finalmente, si no es posible garantizar la idoneidad, tampoco puede cerrarse la discusión sobre el tercer tema que angustia al magisterio: ¿debe existir responsabilidad política de los jueces por el contenido de sus sentencias? Decir que sí, implicaría un aluvión de demandas de tal magnitud, que paralizaría a la Justicia, pero decir que no abriría una reserva a la impunidad del error, cuando no de la malicia y la pura y simple miseria personal, como tantas veces sucede en Salta.
Tal vez el ideal fuera decir no en términos generales, pero con excepciones, pues una cosa es un error y otra muy distinta la reiteración del defecto, aunque ¿quién diría cuando sí y cuando no? En Salta se observa que el Jury sólo avanza cuando hay interés político en deshacerse de alguien, mientras que cuando se trata de un Juez “protegido”, ningún desacierto lo deja en la picota.
Es que la tarea de juzgar conlleva, filosóficamente hablando, una entidad mucho más cercana a la omnisciencia divina que al libre albedrío de un abogado, lo que para el caso sería lo mismo que decir de un contador, de un arquitecto o de un militar. Personas comunes, en definitiva, haciendo un trabajo nada común y para el que, indudablemente, casi nadie está listo: ¿Cómo se aprende, dónde enseñan a ser Dios? ¿Qué lleva a alguien a creer que un sueldo lo transforma en omnisciente? Al menos en Salta, cualquier ciudadano que haya tenido la desgracia de verse en una causa judicial, sabe que en este ambiente abundan los pequeños personajes perdidos por la vanidad, cegados por la soberbia y excitados por el lucro, montados sobre la propia ambición mientras medran en la desgracia ajena.
Mini-tour del horror
El periodista Pedro Soto –ganador de un premio de poesía hace unos meses e injustamente acusado de ser yo – publicó en este medio una serie de notas sobre el kafkiano proceso judicial que me ha tocado vivir, al que hago alusión como anillo al dedo del asunto, por haber sido iniciado, sostenido y engordado por varios de los mismos funcionarios que hoy se consideran con derecho a ganar más, mucho más, que el resto de los salteños.
Juez de Familia Víctor Raúl Soria: no sólo infringió la Ley al autorizar la salida del país de mis 5 hijos menores de edad sin mi permiso, sino que demostró una supina ignorancia de los trámites de restitución internacional y una pasmosa afección por el falso testimonio, tergiversando los hechos, distorsionando los resultados de sus ínfimas averiguaciones y llegando al extremo de presionar a los chicos, en un obsceno intento de obligarlos a mentir para tapar su error. Denunciado innumerables veces ante la Corte, fue condenado a sólo 3 días de suspensión.
Dres. Pedro Zelarayán y Gabriela Cardón (Secretarios de Soria): Su mala atención, negligencia y descaro resultaron esenciales para la comisión del secuestro de los menores, fueron acusados ante la Corte y declarados sin responsabilidad, pues ni de sus dichos ni de sus actos se guarda registro.
Dra. Teresita Arrué: (Defensora de Incapaces N° 4): Su negligencia y desinterés por los niños que debía defender, la llevaron a firmar un permiso ilegítimo y a ponerse de lado del Juez durante todo el proceso, en vez de defender los intereses de los menores. Con hipocresía pueblerina, sostuvo que la formación de una nueva familia es inconveniente para los niños, en obvia ignorancia a lo que dice la Ley sobre el mismo tema.
Juez Héctor Martínez: Sin interiorizarse de los hechos y desconociendo de modo absoluto el marco de la causa, se dejó llevar por una denuncia falsa del abogado Roberto Gareca (el mismo del caso Capellán) y ordenó el secuestro de uno de mis hijos sin siquiera informármelo, lo que significó que me pasara una noche entera buscando al menor por todas partes. Tuvo que restituirlo 48 horas más tarde.
Juez de Familia Marta Bossini de Aguilar: célebre por su prepotencia y arbitrariedad, infringió la Ley y las normas del debido proceso de modo tan reiterado, que fue denunciada ante la OEA por violación a los derechos humanos. Utilizó sus fueros para vengarse de mis denuncias, allanándome la casa con dos docenas de policía armados que llevaban la orden de buscar ¡juguetes! Opinó que los hombres no pueden criar a sus hijos porque no tienen tetas, cambió la tenencia en venganza por mis denuncias y ante las continuas fugas de hogar de los chicos, en vez de rectificarse en su medida, puso a los niños bajo arresto domiciliario –con consigna policial- durante semanas, tras lo cual me suspendió el régimen de visitas para siempre sin justificación alguna, abriéndose luego de la causa por la supuesta ”violencia moral” que le causaron mis demandas. La Corte no hizo lugar a ninguna de las denuncias presentadas contra esta Jueza, pese a la evidencia abundante de su ánimo vengativo, injusto, ilegítimo y abusador.
¿Por qué suceden estas cosas? Se puede suponer que es porque hay un notorio interés en mantener en sus puestos a los peores Jueces, quién sabe por qué. En el marco de la última denuncia contra el Juez Víctor Raúl Soria, éste se defendió haciendo declarar a sus propios empleados y a un par de amigos abogados que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos, pero cuyas declaraciones fueron tomadas por la Corte como palabra santa, por provenir de abogados. En el colmo de la falsía, Soria declaró que mientras él tomaba declaración a los menores en su oficina, el padre de los chicos – o sea yo, que estaba en el pasillo público – les indicaba qué tenían que decir. Esto es algo imposible, pues entre el despacho del Juez y el pasillo hay unos 60 metros de distancia, más puertas y paredes custodiadas por la policía.
Esta absurda e infantil mentira fue, no obstante, tomada en serio por los camaristas, quienes –bajo la presidencia del Dr. Roberto Loutayf Ranea– exculparon al Juez. ¿Así se hace Justicia? Si, así se hace en Salta. Las mentiras, por estrafalarias e improbables que sean, son tomadas como ciertas si están dirigidas contra quien se pretende destruir, sin que los jueces se tomen el tiempo imprescindible para investigar la verdad. En este contexto, la buena fe y el voluntarismo de los abogados decentes –que los hay- no tienen la menor posibilidad frente al fraude metódico de los descarados.
Como ciudadano, tengo todo el derecho del mundo a decir que esos jueces no sólo no merecen el aumento que piden, sino que ni siquiera se ganan el sueldo que cobran, pues lejos de hacer vivir la verdad, viven para matarla, día a día, enterrándola en su Ciudad Judicial.
(*) José Agüero Molina es escritor, periodista y profesor de Planificación Estratégica, con formación universitaria en Filosofía y Letras (Universidad Nacional de Salta), Periodismo (Universidad Católica) y Marketing (Universidad JFK). Diplomado en Planificación Estratégica y Gestión Gerencial (Universidad Americana); Marketing Estratégico y Administración Agropecuaria (Universidad Metropolitana); Negocios Internacionales (Universidad de Ciencias y Tecnología); Planificación de Proyectos (Universidad Autónoma) y Gestión Cultural (Universidad de Belgrano).
Es también autor de 29 libros, de los cuales “Planificación de la Estrategia de Posicionamiento Político” fue declarado DE INTERES por la Cámara de Diputados de Salta.
