Salta es una de las pocas provincias de Argentina que no ha revisado el tope de la carga horaria docente, que en las últimas décadas se ha convertido en la variable de ajuste de los salarios. Maestros, profesores y sus respectivos gremios fueron condescendientes con los distintos gobiernos que encontraron como solución de los reclamos salariales elevar la carga horaria máxima permitida.
De este modo, paulatinamente se llegó al famoso decreto 14 de 1991, que estableció la carga horaria de cincuenta (50) horas reloj semanales máximas, como criterio único de aplicación para determinar la compatibilidad entre todos los cargos no docentes de todas las jurisdicciones del Estado Provincial, Nacional o Municipal, con el desempeño de cargos docentes; de estos entre sí y con el desempeño de horas cátedra.
La discusión del tope de la carga horaria no debe ser abordada como una discusión gremial solamente, sino como una condición mínima y necesaria para pensar políticas estructurales que tengan como meta la calidad educativa y la superación de los malogrados índices provinciales y nacionales.
Vale recordar que la Argentina tiene resultados de calidad muy por debajo del promedio de los países desarrollados, e incluso claramente por debajo de vecinos de la región, a quienes tradicionalmente superó durante el siglo pasado. Nuestro sistema educativo registró en la última década uno de los mayores retrocesos, según el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. De este modo, la bonanza económica tuvo como contracara una caída de 20 puntos en los índices internacionales de educación secundaria, entre 2001 y 2010.
Salta, es de las provincias argentinas la que menos invierte por alumno y entre las provincias del Noroeste es la que más transfiere al sector privado. Hasta 2009, fue la única jurisdicción que no cumplió nunca con la meta de financiamiento establecida por la Ley Federal de Educación, desde 2006. Y se encuentra entre el grupo de siete provincias que peor paga a sus docentes.
Urge que avance una reforma de la educación en nuestra provincia, que garantice la inclusión de niños, jóvenes y adolescentes en el sistema y enseñanza de calidad. La meta no debe agotarse “en que los chicos salgan formados para poder ejercer cualquier trabajo”, expresión formulada por el gobernador Juan Manuel Urtubey durante la asunción de los ministros, el 12 de diciembre pasado. Una mirada que ata la educación al acceso al trabajo, reduce objetivos y metas.
El artículo 48 de la Constitución Provincial expresa, de modo taxativo, que el fin de la educación es el desarrollo integral y permanente de las personas en la formación de un hombre capacitado para convivir en una sociedad democrática participativa basada en la libertad y la justicia social. Además, sostiene que el Estado salteño tiene como deber propender a la plena formación cultural, cívica y laboral, que desarrolle la conciencia nacional, que lo arraigue a su medio y que asegure su participación efectiva en las actividades comunitarias y políticas.
La discusión del tope de la carga horaria no puede ni debe circunscribirse en variables económicas o reivindicaciones gremiales. La meta final es el acceso democrático al conocimiento y el desarrollo pleno de nuestra sociedad. Ello requiere pensar también horas frente a estudiantes, horas institucionales, horas de capacitación docente, concentración de docentes en una misma escuela, jornada extendida para la población estudiantil vulnerable, entre tantas otras acciones.
De seguir como vamos, corremos el riesgo de seguir comprando los LCD más caros del mundo, pero nuestros hijos no lograrán entender sus manuales.
- UCR Comité Capital- Salta
María Fernanda Justiniano; José María Farizano; H. Carlos Ibarguren; Armando Lucero; Héctor Flores e Irene Cardozo.
