El negocio de retenciones cero que regaló el ministro de Economía, Luis Caputo, le generó ganancias por 1.500 millones de dólares a los grandes exportadores del sector agropecuario. Tras la presión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se completó el cupo de liquidación de 7.000 millones de forma exprés y los pequeños productores se quedaron sin disfrutar de la fiesta. Fue tan evidente que, este jueves, el Gobierno anunció que la eliminación de retenciones se mantenía para la carne avícola y bovina hasta 31 de octubre.
La Agencia de Control Recaudador y Aduanero (ARCA) informó que volvió a instaurar las retenciones, luego que los productores agropecuarios liquidaran los 7 mil millones de dólares que el Gobierno había fijado como tope. De esta manera, la gestión de Javier Milei aceptó el pedido de Estados Unidos. La guerra comercial por los aranceles produjo que el gigante asiático dejara de comprar soja estadounidense. Como Argentina eliminó las retenciones, los compradores chinos se reservaron unos 20 cargamentos, más de un millón de toneladas de soja argentina.
Negocio perfecto para grandes exportadoras
Lo innegable ahora es que, entre la puja geopolítica y el aire fresco que recibió el Gobierno cuando más lo necesitaba, Caputo le abrió la puerta a los grandes exportadores de quedarse con un jugoso botín en moneda extranjera. De acuerdo al reporte de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, casi el 80% de la liquidación correspondió a porotos de soja y subproductos. El costo fiscal que asumió el Gobierno por no recaudar lo previsto según el esquema de derechos de exportación que regía hasta el viernes pasado fue de 1.513 millones de dólares (0,23% PBI)
¿Quiénes se embolsaron los 1.500 millones con la retención cero? Según las declaraciones, fueron las empresas Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM. Al concentrar el grueso del flujo exportable, la medida del Gobierno funcionó más como un incentivo a la prefinanciación de estas compañías que como una auténtica baja (provisoria) a los productores, que se quedaron sin ningún beneficio.
Si el Gobierno hubiera exigido ciertas condiciones, como el pedido de acreditación de la tenencia de los granos, el ritmo de declaraciones hubiera sido más paulatino y las grandes exportadoras deberían haber compartido esos 1.500 millones con los productores.
Ese pequeño grupo de 11 firmas se quedó 1.500 millones de dólares que iban a ser recaudados por el Estado por retenciones que ya no se cobrarán. La jugada fue legal, ya que las cerealeras se aprovecharon de la necesidad del equipo económico y agotaron el cupo según las condiciones establecidas.
