Mientras el Gobierno de la Provincia rechaza que exista una deuda vencida de tres meses y asegura que cumple con el convenio, judicializa el conflicto mediante un amparo presentado. Por su lado, la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) sostiene sus reclamos por honorarios atrasados de tres meses y falta de actualización de los valores profesionales. En este punto está la controversia entre las partes.
Detrás de las declaraciones cruzadas y de la disputa administrativa, el principal perjudicado es el paciente. Con más de tres semanas de paro ya son centenares las personas aguardan intervenciones quirúrgicas por las negociaciones empantanadas, en un escenario sin respuestas superadoras que permitan acercar posiciones.
Desde el Ministerio de Salud se insiste que las prestaciones son auditadas antes de ser abonadas y rechaza la existencia de una deuda que justifique las medidas adoptadas por el sector. Como contraparte, los anestesistas afirman que los retrasos en las liquidaciones son una realidad que afecta el funcionamiento del servicio y denuncian que los valores de las prestaciones no acompañan la evolución de la inflación ni las actualizaciones salariales registradas en otros sectores de la salud pública.
Se profundiza la crisis sanitaria
Mientras continúa la discusión económica, las consecuencias ya se reflejan en los hospitales públicos de la provincia. La crisis genera preocupación entre pacientes que esperan intervenciones desde hace meses y que ahora enfrentan una nueva incertidumbre sobre los plazos de atención. En algunos casos, la postergación de procedimientos implica también demoras en tratamientos y controles médicos posteriores.
Con las negociaciones estancadas, el ministro de Salud, Federico Mangione, recurre a la Justicia mediante una acción de amparo con el objetivo del levantamiento del paro. La judicialización del conflicto agrega un nuevo elemento de presión y aleja una solución de fondo. Los profesionales consideran que la intervención de justicia no resolverá los reclamos vinculados con los honorarios ni las condiciones de contratación.
El Gobierno exige la normalización de las prestaciones para continuar negociando y los anestesistas reclaman certezas antes de levantar las medidas de fuerza. Asi, el escenario se mantiene en un punto muerto.
Problema sin solución a la vista
Desde el Ministerio de Salud se insiste en difundir que las guardias se abonan dentro de los 30 días y las prestaciones anestesiológicas dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la facturación, período durante el cual se efectúan auditorías y controles administrativos. La cartera sanitaria asegura haber cancelado prestaciones correspondientes a mayo, junio y julio, además de las guardias hasta agosto.
Desde ASAAR, en cambio, afirman que la realidad es muy diferente. Los anestesistas denuncian que llegaron a esperar varios meses para percibir honorarios ya trabajados y que los valores de las prestaciones permanecen congelados desde julio de 2025, pese a las actualizaciones salariales que recibieron otros sectores del sistema sanitario provincial. Según la entidad, el retraso acumulado generó una pérdida significativa del poder adquisitivo de los profesionales.
La gerencia de la asociación asegura además que parte de los fondos anunciados por el Gobierno fueron transferidos a hospitales, pero no impactaron aún en la liquidación efectiva a los médicos, situación que alimenta el malestar dentro del sector.
Más allá de las diferencias en números y plazos de pago, la disputa revela una dificultad estructural del sistema sanitario provincial para retener y sostener recursos humanos especializados en un contexto de creciente demanda asistencial. Sin acuerdo a la vista, como tampoco fechas concretas para la normalización de las cirugías programadas, las acusaciones son cruzadas y las negociaciones se mantienen inconclusas.
Asi se llega hasta la fecha con un conflicto que sigue cerrado. Sin acuerdo económico ni cronograma para normalizar las cirugías. Tampoco hay certeza sobre el impacto que podría tener una eventual escalada judicial.
