La plaza 9 de julio, junto a su apéndice –la plazoleta Cuatro Siglos- se transformaron de repente en una especie de camping donde fueron instaladas numerosas carpas en las cuales, en vez de relajados mochileros o turistas, se cobijan personas con diversos reclamos sociales.
Jubilados, despedidos de la administración pública, excedentes, sanitaristas, bibliotecarios y distintos exponentes de la diversidad sexual, han utilizado el espacio público para exigir soluciones, ofrecer sus servicios o plantear reinvindicaciones. Algunos en tránsito y otros dispuestos a quedarse “hasta las últimas consecuencias”, como suele aseverarse.
Pero lo novedoso de este campamento céntrico, tal vez no sean sólo los reclamos –legítimos y concretos- de cada uno, sino el hecho de que hasta ahora los puedan hacer sin las amenazas de desalojo compulsivo y violento que habitualmente tenían este tipo de manifestaciones durante el anterior gobierno de Juan Carlos Romero.
El excesivo celo por mostrar la reciclada plaza, libre y despejada de cualquier atisbo de protesta, sustentado en un anacrónico y autoritario código contravencional, fue el sello que caracterizó el accionar represivo de la administración romerista. El hecho mas cruento fue sin duda la represión del 1 de abril de 2005, contra los docentes en huelga, hecho que se recuerda como La Noche de las Tizas.
A ello le siguieron operativos de menor envergadura, pero siempre con la amenazante presencia de la guardia de infantería, carros hidrantes y toda la artillería pesada que Romero y el ex secretario de Seguridad y actual miembro de la Corte de Justicia, Gustavo Ferrari, utilizaron para disuadir cualquier queja social. Sólo la actuación de un juez garantista, como Luis Costas, evitó que el principal cliente de Infinito, volviera a la carga contra los docentes en huelga refugiados en la recova del Cabildo, durante la protesta de 2007.
En este gobierno, salvo la detención de tres sindicalistas que se encontraban en huelga de hambre, hasta ahora no hubo procedimientos similares.
Incluso, hasta las palomas pudieron regresar a la plaza para recuperar su espacio en los árboles y volver a posarse sobre el monumento del general Arenales, sin culpas por arruinar la costosa limpieza con que pretendieron desagraviar al militar y su brilloso corcel. La cruzada antipaloma que llevaron adelante los ex funcionarios Arnoldo Tonini y Gustavo López Ascencio, acusando a las pacíficas e inofensivas aves de ser “las ratas del aire” por su presunta carga virósica, no alcanzó para neutralizar su retorno. Y allí están otra vez, como en las principales plazas del mundo, donde el control no es en base a inútiles y cruentas matanzas sino sobre su natalidad. Hasta los vendedores de maíz señalados por “lucrar” con su mínimo comercio, retornaron al lugar. Y por supuesto, allí están otra vez los niños dándoles de comer o correteando tras de ellas, como una postal inigualable de ternura e inocencia.
También los perros sin hogar volvieron a refugiarse en la plaza, sin la amenazante política de exterminio que exhibió el gobierno anterior que en vez de vacunar o castrar, abonaba la eutanasia como única solución para detener un nunca probado brote de rabia.
Y ninguno de estos tipos de expresiones –manifestantes, palomas y canes- impide que por día transiten o se instalen en bancos y canteros, millares de transeúntes ocasionales, parejas, turistas y bandadas de adolescentes, sin que nadie se horrorice o se queje por su presencia. Al menos en eso, podría decirse que la plaza elitista que pretendió concebir Romero, ahora volvió a ser popular. Y los problemas sociales, que aún persisten y que antes pretendían ser ocultados a garrotazos y gases lacrimógenos, ahora pueden mostrarse descarnadamente.
Los primeros en asentarse para plantar sus gazebos y reclamos, fueron empleados del Ministerio de Educación, que habían sido despedidos por el actual ministro del área, Leopoldo Van Cawlaert, tras haber ingresado a esa dependencia durante los últimos días de la breve gestión de Mirta Torino al frente de esa cartera. El gobierno adoptó esa medida aduciendo que su nombramiento se hizo sin cumplir la normativa correspondiente. Los despedidos, algunos de ellos en huelga de hambre y en breve en “huelga seca”, según amenazaron, insisten en haber sido nombrados correctamente.
Lo cierto es que a la gran mayoría se le endilga haber obtenido el empleo como recompensa por haber trabajado durante la campaña electoral de Juan Manuel Urtubey o ser punteros o militantes del partido Renovador. En su defensa, aseguran que no están usurpando lugares que habrían estado destinados a jefes y jefas de hogar y al mismo tiempo dicen tener la capacidad y la experiencia para ocupar dichos cargos. Según declaraciones del ministro Leopoldo Van Cawlert, para el gobierno es un caso cerrado. Para los despedidos, el planteo recien comienza.
La otra carpa, la instalaron los jubilados que se oponen a la nueva ley de movilidad jubilatoria. Dicen que es una nueva estafa contra el sector pasivo y reclaman a los legisladores nacionales que defiendan sus derechos y no los intereses de caja del Gobierno Nacional. Pero también reniegan del subsidio que anunció el gobernador salteño porque según dicen, no honra la promesa que el entonces candidato Urtubey, les hiciera a los jubilados provinciales transferidos a la Nación, afirmando entre besos y aplausos de los abuelos, que les devolvería el 82 por ciento movil.
En la misma vereda, suelen posarse los llamados “excedentes”. Despedidos de la administración pública durante los primeros meses de gestión de Juan Carlos Romero, quien de un plumazo se desprendió de 5000 agentes con aquel mote humillante que los relegó al canasto del desempleo, como algo que sobra o que no hace falta.
Son los que lograron sobrevivir a la tragedia de quedarse sin trabajo a mitad de camino entre la plenitud de su edad activa y la jubilación. Pero también representan a un número incierto pero abultado de compañeros que ante la desesperación del desempleo, optaron por el suicidio o potenciaron enfermedades y murieron esperando una reinvindicación. Ahora protestan porque pese a recibir también una promesa de inclusión durante la campaña proselitista, la respuesta oficial fue la de promover su contratación no en el Estado sino en empresas privadas.
Sin instalarse en forma permanente, pero rondando la plaza cada tanto, travestis, meretrices y demás exponentes de la diversidad y la oferta sexual, también utilizaron el tradicional paseo público, para reclamar que cese la persecución, el castigo y la extorsión que dicen sufrir por parte de vecinos y policías. A ello le agregaron el fastidio por la maliciosa discriminación con que son mencionados en algunos medios, en los cuales se los estigmatiza hasta el absurdo, salvaguardando “el buen nombre y honor” de los clientes “por ser gente de trabajo y padres de familia”.
En estos casos las carpas no son necesariamente de La Silleta, Campo Quijano o La Merced. Tampoco hay una Salta que esté toda de fiesta. Y allí están, esperando soluciones.
Hector Alí
Fuente: Nuevo Diario de Salta
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