Cuando la crisis ha comenzado a mostrar su cara menos gentil, algunos acuerdos entre el nuevo gobierno y las sospechosas contratistas del Estado Provincial que comandó hasta hace un año Juan Carlos Romero, traducen la continuidad de la corrupción. La presunción de que la dádiva sobrevuela cada contratación pública no se ha diluido y se asienta sobre la permanencia de un grupo de funcionarios propensos al asalto.
En tiempos del cólera financiero que castiga a las grandes potencias del mundo, la Argentina ha llegado a la encrucijada. La ausencia de políticas de mediano y largo plazo cuando transitábamos la bonanza produce efectos letales para las políticas de seducción del kirchnerismo, que ha visto reducida la caja presupuestaria nacional y advierte que el ajuste debe comenzar por el sobredimensionado gasto público.
Salta no escapará a estas recetas y, desde hace un semestre, el Ministro de Finanzas viene anunciando a cuanto intendente transita su despacho que se han trabado las ayudas nacionales extraordinarias y que existe retraso en los envíos de fondos coparticipables.
La publicitada relación de privilegio que vendió Urtubey durante la campaña, no ha gravitado como para que pueda pregonarse un cambio radical respecto del trato que recibió el díscolo gobernador saliente, a quienes acusaban de ser el culpable de que Néstor Carlos Kirchner nunca hubiera pisado el suelo salteño durante su mandato. Es cierto, sí, que dentro del listado de obras que se incorporaron al presupuesto del 2009, nuestra provincia ha logrado una porción extra.
A pesar de este panorama sombrío, Carlos Parodi ha recurrido a las recetas que aplicaban en tiempos de vacas gordas su mentor Fernando Yarade y Néstor Javier David. Ya anticipó la remisión de un proyecto de presupuesto subvaluado con la esperanza de que los sobrantes de los recursos coparticipables evadan el destino impuesto por la legislatura. En los últimos años, los excesos que oscilaron entre 300 y 500 millones fueron invertidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo y eso muestra a las claras que se ha relajado el control de las cámaras.
Se concentraron en obras públicas que se pagaron a valores notoriamente superiores. Los salteños todavía esperan que la Auditoría General de la provincia descubra alguno de los tantos casos de corrupción que violentan el sentido común de quienes todavía no se han anestesiado por la sistematización de la tonga pública.
A no dudarlo, con intervención de un organismo fugaz, se ha sacrificado una
importante porción de recursos que podrían contribuir a capear el temporal. El
derrotero de la Unidad de Renegociación de Contratos puede calificarse como nefasto y, la encomienda de la reformulación de contratos escandalosos no puede sino obedecer a una orden directa del gobernador. Emilio Rodríguez Tuñón luce como un funcionario de escaso poder de decisión como para atribuirle decisiones que involucran cifras millonarias. Por algo hoy percibe un moderado sueldo como asesor del Ente Regulador.
APSADES ha anunciado para la semana entrante una serie de medidas de acción directa en su lucha contra la privatización del esencial servicio de salud. Entre ellas, una denuncia penal pretende enterrar el bisturí sobre parte del cuerpo corrupto.
La Fundación Argentina Santa Tecla logró en julio de 2007 un contrato que involucró originariamente la gerencia y administración integral del Nuevo Hospital Materno-Neonatal “El Milagro”, el hospital pediátrico que se construyó en el edificio contiguo y los 23 centros de salud de la zona noroeste. Tiene una duración de diez años, prorrogable a diez más, y el presupuesto es de 7 millones y medio de euros anuales, sólo para la gestión del hospital materno-neonatal.
Estaba previsto que en octubre de 2.007 se fijara la cantidad para gestionar los 23 centros de salud y el hospital pediátrico a partir del 1 de enero de 2008. Según el contrato inicial, esa cifra no podía ser inferior a 15 millones de euros. Se previó, también, que el presupuesto se negociaría anualmente. La cantidad total involucrada oscila aproximadamente en $60.000.000 anuales.
Aún cuando se aclaró que en el contrato de concesión firmado se garantizaba la continuidad laboral de los trabajadores, incluyendo la planta de estructura de personal de régimen privado, en el caso de los cargos gerenciales se los dejó sin efecto dando mayor libertad a los nuevos concesionarios y seis profesionales que ocupaban puestos jerárquicos cesaron en sus funciones. La estabilidad todavía se encuentra en duda en una empresa que aún no ha dictado ni el protocolo de funciones y modifica de manera continua las tareas de distintos sectores del hospital.
Ninguno de los candidatos opositores compartió la decisión del gobierno de dar
continuidad a un esquema de gerenciamiento que ya había fracasado con el sospechado catalán Jaume Roma. Sobresalía en ese tiempo el candidato Juan Manuel Urtubey, quien prometió que si ingresaba a la primera magistratura resolvería el contrato.
Sin embargo, hace tres meses el ex director de la UNIREN Emilio Rodríguez Tuñón –ad referéndum del Gobernador- celebró un convenio con el gerente de Santa Tecla, Javier Singla, reformulando las condiciones contractuales. Tras la firma, la gerenciadora continuará percibiendo los $60.000.000 aunque se le ha relevado de prestar sus servicios en los 23 centros de salud de la zona noroeste.
Sin adjudicar responsabilidades a nadie, el instrumento indica que no se han logrado cumplir con las etapas para que se efectivice esta obligación. Claro está, que con menos prestación los catalanos recibirán más dinero y no existe argumento alguno que pueda conducirnos a sostener que hubo una mejoría para las arcas provinciales, sino un nuevo quiebre de la ecuación económica en perjuicio de todos.
Similares convenios se han firmado con EDESA S.A., que apenas reformuló el contrato de la mano de Tuñón pidió un incremento de entre el 5% y el 15% que avaló el ENRESP; o con Aguas de Salta S.A. que ha logrado unificar el poder de decisión de la empresa en un discípulo de Julio De Vido y que la Provincia de Salta sea el socio de las pérdidas.
A pesar de que por el Decreto 01/08 la UNIREN tenía por misión analizar la totalidad de los contratos, fue desguasada luego de que algunos legisladores generaron presión para que fueran auditadas algunas empresas como las de Eduardo Abel Ramos (Trabasani, Todolimp y Cocirap) y la siempre sospechada La Plumada S.A. –que algunos señalan como protegida de Fernando Yarade-. Urtubey también había expresado sobre ésta última que a Salta le convenía tener los archivos en Miami que pagarle a La Plumada. Su alianza con el senador capitalino parece haberlo conducido a desistir de la revisión sin mayores explicaciones.
La anestesia inoculada por la corrupción romerista ha reducido los márgenes de asombro y hasta ha consolidado en esta etapa el acostumbramiento de ciudadanos que hacen culto del personaje de historieta “Afanancio”. En el establishment político el disimulo o la permisividad tienen precio individual y la justicia no garantiza siquiera la apertura de las pesquisas. En este 17 de Octubre, quizás esta sea la manifestación más importante de una lealtad mal entendida.
Los festejos por el día peronista han sorprendido a los salteños por su dispersión. Isa, Yarade y Ramos iniciaron la ronda en ATSA para luego difuminarse la unidad en la sede del PJ, General Güemes, Pichanal y la CGT.
Huérfanos de adhesión espontánea y liderazgo sustentado en la militancia, los burócratas que Urtubey sustrajo al romerismo no gravitan en las masas que prefirieron quedarse en sus casas. Los nuevos paradigmas dirigenciales no han logrado romper el molde al extremo de que Alfredo Petrón, Javier David o Mónica Petrocelli sean las figuras convocantes para ejercicios colectivos de la memoria partidaria que se jacta de principios y banderas que fueron arriadas con Menem y Kirchner. Luego de sopesar la falta de virtuosismo de los actuales conductores, transitan por la desilusión.
