En todos los hombres existen contenidos éticos esenciales, irrenunciables e imprescriptibles que marcan el rumbo hacia un mundo mejor. Cuando éstos son dejados de lado, conculcados o malversados, el futuro comienza a perfilarse negativo y la esperanza a derrumbarse.
Pío Marcelo Castellani, flamante presidente del Colegio de Abogados de Salta –por 64 votos sobre un padrón de 1.200 asociados en condiciones de sufragar- y hasta hace poco juez Ad Hoc de la causa que investiga la desaparición del ex gobernador constitucional Miguel Ragone, honorable cargo al que accedió por propuesta de la entidad que ahora conduce, acaba de frustrar con su renuncia, un sentido anhelo de
un importante sector de la ciudadanía que aguardaba con esperanza que se descubriera el magnicidio y se castigara judicialmente a los responsables.
Con el inaceptable argumento de que sus nuevas funciones en el Colegio de Abogados, le impiden continuar al frente de la investigación que le había sido confiada, Pío echó por tierra –o por lo menos provocó un palmario retroceso- que, en la práctica significa un agravio a los organismos que luchan por los derechos humanos y para sancionar a los responsables de treinta mil argentinos y argentinas desaparecidos/as.
La decisión de Pío quitó vigor y presencia social al Colegio de Abogados de Salta. Prácticamente lo convertirá, si sigue en el rumbo que parece que marcará su actual presidente- –a pesar de las proclamas de elevado contenido institucional explicitadas durante la campaña electoral- en un ente de mero contenido gremial en el que parece que resultarán más importantes las computadoras, la playa de estacionamiento y otros beneficios materiales, que la implementación y conservación de una política tendiente al fortalecimiento institucional en esta recientemente recuperada democracia.
En mi carácter de abogada que actúa en diferentes causas sobre derechos humanos, percibo -sinceramente y sin ánimo de agraviar- la renuncia de Pío como una verdadera defección que resta protagonismo a la institución que nos representa y que ahora le toca conducir.
El Colegio de Abogados de Salta es un actor social de importancia que debería estar a la vanguardia de los requerimientos sociales.
Anhelo que éste no sea más que un mal pasó del Dr. Pío Castellani y no el inicio de una política despojada de compromiso con la sociedad.
Porque como alguien alguna vez sabiamente dijo, “dejar de luchar es comenzar a morir”.
Tania Nieves Kiriaco, abogada.
