El defensor oficial Oscar del Campo pidió ayer la absolución para los seis imputados que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia de Salta en perjuicio de 12 personas. En dos casos planteó que se trata de delitos comunes y por lo tanto están prescriptos.
“Pido la absolución en todos los casos que se han tratado sin excepción”, sostuvo el abogado sobre el final de su alegato, que se extendió por poco más de tres horas. Ese “todos” engloba los hechos cometidos en perjuicio de 9 de las víctimas, porque sobre el caso de la mujer a la que se identifica por las siglas ERG, que en diciembre de 1976, cuando tenía 15 años, fue secuestrada y sometida a todo tipo de vejámenes por miembros de la Policía de Salta, y el doble homicidio de los primos José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, conocidos como “Los Arbolitos”, consideró que se trata de delitos comunes y por lo tanto están prescriptos.
Por el primer hecho están acusados el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, y los policías retirados Eduardo del Carmen del Valle y Andrés del Valle Soraire. Por el último, se imputa a Soraire. Para el caso de que fueran considerados delitos de lesa humanidad, pidió que los tres imputados sean absueltos por el beneficio de la duda.
En términos generales, el abogado sostuvo que las pruebas incorporadas son insuficientes, y contradictorias, y argumentó que no alcanzan a otorgar el grado de certeza que requiere una sentencia en esta instancia.
Sobre el oficial Rafael Rolando Perelló, acusado por las desapariciones de Hugo Velázquez (el 7 de mayo de 1976) y Pedro Francisco Núñez Apaza (4 de mayo de 1976), sostuvo que era apenas un oficial subayudante, el grado más bajo de la oficialidad, y no tenía poder de mando, “lo único que hacía en 1976 era obedecer órdenes”, lo excusó. Y consideró que tampoco a Del Valle “puede endilgársele responsabilidad en el secuestro y menos en la desaparición” de Apaza.
El defensor aseguró asimismo que el policía Marcos Honorio Medina era apenas un agente, la graduación más baja de la Policía, y que por lo tanto tampoco es responsable por el secuestro de Núñez Apaza.
En cuanto a los secuestros de Orlando Ronal Molina (el 10 de febrero de 1978) y Gerónimo Concha Canseco (el 1 de junio de 1976), en los que se le atribuye tareas de inteligencia al director de Tránsito Eduardo Del Valle dijo que no pudo probarse que los haya espiado. Recordó en tal sentido que Del Valle reingresó a la Policía en 1977 y que se incorporó a Inteligencia del Ejército recién en 1980.
En cuanto a los militares acusados de autoría mediata en estos hechos, Mulhall y Miguel Raúl Gentil, que al momento de los hechos era jefe de la Policía de Salta, Del Campo sostuvo que para probar la responsabilidad de ambos debe existir una orden escrita. “No hay prueba en tal sentido”, afirmó. Y solicitó que sean absueltos, aclaró que el pedido es “extensivo” a todos los hechos objeto de este juicio por los que están imputados.
Ni bien terminó, como en su alegato no mencionó el asesinato de Ángel Toledo y la tentativa de homicidio de su hermano Carlos (el 22 de septiembre de 1976), la desaparición de Mario Domingo Monasterio Sánchez (el 28 de enero de 1976) y de los hermanos José y Luis Ortega (el 7 de mayo de 1976), el fiscal Francisco Snopek consultó si no se trataba de un olvido: el defensor insistió en que estaban incluidos en la generalización sobre la autoría mediata. Por estos hechos también están acusados Mulhall y Gentil.
La sentencia se dará a conocer el lunes 29 de setiembre, a partir de las 15, en la sala de grandes juicios del Poder Judicial de Salta.
Contra la prisión perpetua
y la cárcel efectiva
El defensor oficial Oscar del Campo planteó ayer la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. También recordó que la aplicación de cárcel común antes de que la sentencia dictada esté firme ya ha sido rechazada por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal al revocar la decisión de este mismo Tribunal, con una integración distinta, en la conocida como Megacausa Salta. Y recordó también el antecedente del represor Roque Pappalardo, condenado a prisión perpetua a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgó la prisión domiciliaria por razones de salud.
De esta manera el abogado atacó las solicitudes de prisión perpetua realizados por los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, que pidieron esta pena para los seis imputados, que las condenas sean de cumplimiento efectivo y en cárceles federales comunes.
“La facultad para encarcelar personas nunca, nunca, nunca puede ser absoluta”, subrayó el defensor. Añadió que se debe mantener un criterio de “respetar la salud” de los condenados, y añadió una frase cuanto menos polémica: dijo que esto es para “evitar hechos como el que ya pasó como el coronel (Joaquín) Cornejo Alemán”.
El militar, que fue segundo jefe del Ejército en Salta, fue condenado en la Megacausa Salta, en diciembre del año pasado, y falleció en julio pasado mientras cumplía esta sentencia. Sin embargo, no se ha probado que haya una relación entre el veredicto, su cumplimiento y el fallecimiento.
- Informe: Elena Corvalán
elenac75@yahoo.com
