La orden judicial, firmada por la jueza María Fernanda Diez Barrantes, se ejecutó ignorando las presentaciones del Instituto Provincial de Pueblos Originarios (IPPIS), de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, de la senaduría provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En los hechos, se negó a la comunidad su derecho a defensa.
La justicia al servicio de los terratenientes
La medida judicial desconoce abiertamente los derechos constitucionales de los pueblos originarios, consagrados en el artículo 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional. La arbitrariedad favorece a la terrateniente Florencia Wayar y su familia, quienes pretenden apropiarse de territorios ancestrales. El fallo, que debía afectar a una sola familia y apenas 4 hectáreas, terminó extendiéndose a 40 hectáreas, arrasando con cultivos, animales y hogares de familias ajenas a la causa. El resultado fue devastador: pérdida de medios de subsistencia y desarraigo forzado.
Un patrón histórico de despojo
El caso de Las Pailas no es aislado. Forma parte de un patrón histórico de persecución y criminalización de comunidades originarias, tratadas como usurpadoras de su propia tierra. Como recordaba Osvaldo Bayer, la “Conquista del Desierto” nunca terminó: se prolonga bajo nuevas formas del sistema económico depredador. En Salta, el despojo se perpetúa con la complicidad del poder judicial, la policía y la gendarmería, en beneficio de terratenientes, empresarios agropecuarios, mineros e inmobiliarios.
La derogación por decreto de la Ley 26.160 en 2024, que protegía la propiedad comunitaria indígena, profundizó esta vulnerabilidad. Desde entonces, los desalojos se multiplican y las comunidades quedan expuestas a un plan sistemático de expulsión.
La represión en Las Pailas
El operativo en Las Pailas incluyó a la infantería, bajo órdenes de la jueza Diez Barrantes y del fiscal Escalante. La violencia alcanzó a familias con niños pequeños y a un joven con discapacidad. La comunidad permanece en resistencia, defendiendo su territorio y sus derechos frente a un Estado que, lejos de protegerlos, los condena al abandono.
La Red contra la Violencia Institucional de Salta denunció que lo ocurrido es parte de un exterminio planificado, que busca garantizar negocios privados a costa de la vida comunitaria.
