“Nada ni nadie podrá detener este cambio” fueron las palabras con las que Juan Manuel Urtubey cerró su discurso ante la asamblea legislativa que inauguró otro período de sesiones que amenaza con preservar altos niveles de dependencia política. La frase retumba en los oídos de los salteños desde la campaña proselitista que lo llevó al triunfo aunque parece restringida a la proclama.
Mientras los aduladores del mandatario disimulan los defectos surgentes, poniendo el acento en los graves vicios de la gestión saliente, para los más cautos un centenar de días no admite juzgamiento. Posturas prudentes se cotejamos las de quienes no advierten contraste con el pasado reciente, caracterizado por insensibilidad social y devaluación del sistema republicano. Si bien no es razonable condenarlo, un acto de responsabilidad obliga a analizar algunos gestos inaugurales preocupantes.
En lo central del anuncio, el gobernador ha prometido mayor participación democrática y anticipó la remisión de un proyecto para crear el Consejo Económico y Social. La decisión saldará una deuda institucional de 22 años que cuenta con el
apoyo unánime de todos los sectores. Deberán sumarse a la agenda la reglamentación de la iniciativa popular y, también, la creación de la Oficina Anticorrupción que ataque el fraude sistemático al que se encuentra sometido el Estado. Existen funcionarios que piden retornos por dirigir los favores del Estado. Algunos ya estaban…pero otros llegaron con las promesas de “cambio”.
Finanzas y endeudamiento
En lo financiero se anticipó que nos devolverán los recursos hidrocarburíferos en
una alusión directa al compromiso de las reservas con los bonos llamados Salta
Hydrocarbon Royalty Trust de US$ 234 millones por el que pagamos un 11,55% anual en concepto de la amortización que se extiende hasta el 2015. La noticia se vincula también con la versión expandida por Standard & Poor’s de que es inminente una reestructuración unilateral del endeudamiento. La misma empresa que instala en el mercado internacional la posibilidad del default de los bonos provinciales es la que calificó de optima la gestión de Juan Carlos Romero. En aquel entonces Urtubey, Wayar, Godoy, Brizuela y David, justificaron y hasta aplaudieron esta operación.
La presencia de Carlos Parodi –movido en la trastienda por el senador Fernando Yarade– no hace más que confirmar que el rumbo económico no ha variado. La receta urtubeysta sigue abrevando del liberalismo económico que da prioridad a la presión fiscal y no alienta la inversión productiva. La sub-valuación del presupuesto en más de $1.000 millones evade el control legislativo –ya de por sí relajado- y busca “hacer caja” para disciplinar voluntades políticas.
El “Estado Inteligente” que se proyecta no parece contemplar la posibilidad de
rescindir contratos que involucran cifras siderales y no retribuyen con calidad de
servicios. Los convenios firmados Aguas de Salta S.A., La Plumada S.A., EDESA S.A., COCIRAP SRL, TODOLIMP SRL y TRAVASANI SRL, son revisados por la UNIREN a cargo de un funcionario de bajo perfil que ha admitido que ya intercambia escritos para una inminente renegociación.
Hospitales y gabinete
Es que el parlamento salteño ha sacrificado su potestad en relación a la privatización de estos servicios y basta un abogado para llevar adelante esta empresa con sospechoso sigilo y no exenta de presiones? La adhesión política de la CGT de Salta es suficiente para suspender las investigaciones sobre la tercerización otorgada en los hospitales públicos al millonario diputado Eduardo Abel Ramos? Es este el precio del bajo incremento salarial para los empleados de salud pública?
La concepción de un gabinete supernumerario con elevados sueldos -$11.500 cada ministro- se ha presentado ante los salteños como un nuevo modelo organizativo en el que cada funcionario deberá rendir examen continuo de su capacidad de transformación. Las once carteras ministeriales no han mostrado aún su utilidad y la profusión de decretos de designaciones en la planta política indica que el plan inmediato consiste en asaltar el erario para pagar las facturas electorales.
Aunque duela, el 80% de los repudiados funcionarios romeristas mantuvo su sueldo con decretos firmados por Urtubey y no gracias a las bondades de la estabilidad del empleado público. Viejos y nuevos actores del gobierno caminan huérfanos de iniciativas y hasta se permiten invertir tiempo en el desencuentro intestino. Un examen de aptitud debería conducirlos al exilio presupuestario.
Seguridad y justicia
500 policías más en la calle ayudan, pero no garantizan seguridad ni disminución de los índices de criminalidad. No obstante, nada se dijo sobre reformar la ley
orgánica policial que continúa produciendo agentes de seguridad del perfil que
conformaba a los militares cuando la última dictadura. Tampoco se habló de la
reforma de un Código Contravencional que continúa siendo la herramienta para
criminalizar la protesta social.
La crisis judicial no se restringe a la infraestructura sino que abarca lo moral. A
esta gestión no le hizo mella el ingreso de Gustavo Ferraris al máximo tribunal y se apresta a designar un Procurador General que inexplicablemente no pasará por el tamiz de las audiencias públicas sino por la nocturnidad de la legislatura. La
autolimitación en la designación de ministros de la Corte de Justicia, que no
renovarán su mandato durante esta gestión, luce como un acierto que se agota en la virtualidad.
Dos juzgados de familia no alcanzan para solucionar la problemática creada por la
vigencia de la Ley de Violencia Familiar que significó un espasmo legislativo que no previó consecuencias sino que destiló el temor por la indiferencia funcional ante un caso excepcional. En el primer día de funcionamiento uno de estos tribunales recibió cien denuncias. El colapso, que nace en las profundidades de nuestra idiosincracia conflictiva, pisa los talones de la Justicia y desde la órbita ministerial específica no se presentan atisbos de solución.
Crisis del campo
El paro agrario ha llevado a Urtubey a una encrucijada que no resolvió
satisfactoriamente. Prefirió apoyar sin reservas a la Presidenta en sus polémicas e
intempestivas decisiones, que instalar la discusión de la coparticipación federal y
la defensa de las economías regionales. Algunos dirigentes afines al gobierno
también buscaron fantasmas tras las protestas que, en Salta, no tuvieron más
condimento que la disconformidad espontánea. Será esto un anticipo de los cuatro
años de gobierno? La obediencia se impondrá en cada caso a la coherencia y la
responsabilidad gubernamental?
La presencia del primer mandatario en cada conflicto tiene un plus armonizador,
aunque debe complementarse con soluciones concretas. Basta analizar las reacciones de los cesanteados del área de Desarrollo Social el jueves pasado, para darnos cuenta de que hay distancia entre la promesa electoral y las líneas de acción de esta nueva gestión. También de que las reacciones no se neutralizan con palmadas y pueden conducirlo a restablecer la custodia policial para su investidura.
Urtubey ha restablecido el diálogo con los salteños, de eso no caben dudas, si
tomamos como parámetro al parco Juan Carlos Romero. Otros son los datos de una realidad que indica que no se ha convocado a ninguna fuerza política para que contribuya a consolidar una democracia que apunte a la equidad social y a la
división de poderes. El desembarco del ex presidente en el peronismo orgánico
amenaza con licuar el pluralismo y agrava la contradicción ideológica de una alianza
que prometió progresismo y terminó forzando convivencia entre romeristas,
kirchneristas y renovadores.
Aún así, no conforman la totalidad representativa que autorice a sacrificar un
espectro dirigencial independiente u opositor que tiene mucho para aportar para esta democracia imperfecta.
- Carlos Saravia, abogado y dirigente radical.
