En el Día Internacional de los Derechos Humanos y sobre todo, por el retrógrado protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, organizaciones de DD.HH, de Salta, emitieron un documento de declaración el 10 de diciembre, a 70 años de la declaración universal, consideran que es imprescindible reclamar por su vigencia, “hoy más que nunca…”
Luego de los aberrantes delitos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial por el fascismo y el nazismo, la comunidad internacional consideró necesaria una instancia supranacional que velara para que los Estados garantizaran a sus habitantes derechos humanos básicos.
Esta documento internacional fue firmado el 10 de diciembre de 1948 y se conoce como Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue complementada en 1966 por el establecimiento de dos pactos internacionales con fuerza de ley para los Estados partes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ratificados por Argentina mediante la ley 23313 de 1986.
El 10 de diciembre, a 70 años de esa declaración, las diversas organizaciones sociales de Derechos Humanos de Salta, consideraron que es imprescindible reclamar por la vigencia y emitieron el siguiente documento:
“En nuestro país, a partir del gobierno de Cambiemos, la negación de los crímenes cometidos durante la dictadura, la protección a los represores por medio de prisiones domiciliarias, la utilización de las fuerzas armadas para la seguridad interna, la defensa a ultranza de policías que cometen excesos criminales en su función, la criminalización de la protesta social, el gatillo fácil contra los jóvenes de los barrios pobres, la utilización del poder judicial para perseguir a los opositores políticos, la represión contra las comunidades aborígenes, la persecución y amenaza contra dirigentes políticos, sociales y gremiales etcétera, el encarcelamiento de luchadores sociales como Milagro Sala que se aproxima a los tres años de detención sin condena firme, o Fernando Esteche, injustamente imputado en la causa trucha del Memorando con Irán, el apriete y la extorsión a jueces que han fallado a favor de los trabajadores o en temas como el aumento de tarifas, la decisión del juez Lleral de cerrar bajo presión la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ponen de manifiesto la injerencia del Poder Ejecutivo sobre la Justicia y las instituciones republicanas y una política de Estado que no defiende ni promueve los Derechos Humanos.
Casos de gatillo fácil
En sus dos primeros años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri acumuló 628 casos de “gatillo fácil”.
En Salta recordamos a Nahuel Salvatierra de 17 años de Barrio Solidaridad, Gabriel Mura Ortiz de barrio Sarmiento, Diego Quiroga de 32 años en Barrio El Círculo, Nahuel Franco de 15 años de Villa 20 de junio, todos ellos asesinados por la policía de Salta.
El protocolo firmado por la Secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich significa la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo y la legalización del gatillo fácil, lo que la dictadura aplicaba como ley de fuga.
Es justo y necesario combatir el delito, pero esto debe hacerse en el marco de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, pero este gobierno no busca sólo combatir el delito, sino implantar un vasto plan de represión interna para evitar la protesta social en contra de las políticas de hambre y exclusión que aplica.
Autorizar a las fuerzas de seguridad federales a efectuar disparos de armas de fuego a alguien que ha cesado de causar una agresión e intenta huir, es autorizarlos a ejecutarlos extrajudicialmente.
Más grave aún, autoriza a la misma práctica discrecional porque da a los efectivos de las fuerzas de seguridad la potestad de decidir en el lugar, cuándo está en presencia de un “delito particularmente grave, de un “peligro inminente” o de una maniobra que “crea potencialmente peligrosa” y en base a esa apreciación unilateral e individual, quedaría habilitado para usar armas letales.
El asesinato de 2 militantes de la CTEP, Rodolfo Orellana en La Matanza (baleado por la espalda, y de Marcos Soria en Córdoba Capital, ejemplifican esas medidas represivas.
Las consecuencias del gobierno de Macri
Desde que asumió el macrismo una ínfima minoría se volvió más rica y una gran mayoría se volvió mas pobre y otros cayeron en la indigencia. Los miles de desocupados y precarizados ingresaron a la línea de pobreza.
Los tarifazos, la entrada de productos extranjeros, las descomunal suba de tarifas y servicios, las altísimas cuotas de interés,, destruyeron la industria nacional e impactaron principalmente en las PYMES, el comercio , las economías regionales, pequeños productores, trabajadores informales, ambulantes y autónomos,
sumiendo en mayor desocupación, pobreza, indefensión y exclusión a miles de familias.
Frente a esta cruda realidad es imperioso lograr la unidad del campo popular para resistir esta política que degrada la institucionalidad y la democracia y vulnera los Derechos Humanos sociales y políticos es imperioso avanzar en la unidad de las organizaciones de DD.HH: : las históricas y las que han surgido. para coordinar acciones y luchar por la vigencia de los Derechos Humanos, sociales, económicos y políticos. Porque defendemos la vida defendemos los Derechos Humanos.
Llamado a los movimientos sociales
Llamamos a coordinar en esta perspectiva a los movimientos sociales, políticos, feministas, a los trabajadores, jubilados y a todo el pueblo que hoy están en la calle peleando por derechos y en contra de las políticas económicas implementadas por este gobierno cipayo y entreguista que responde a los dictados del FMI y nos endeuda a nosotros y a las futuras generaciones”.
Cierran el documento reafirmando como siempre: “30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes. Ahora y siempre! Cárcel común perpetua y efectiva ni un solo genocida por las calles. Cárcel común perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles de Argentina”.
“Juicio y condena a policías por el asesinato de jóvenes salteños por gatillo fácil y a los responsables en otros lugares del país”.
“No hay democracia con presos político. Libertad a Milagro Sala y demás presos políticos y sociales”.
“Basta de ajuste entrega y represión. No al Fondo Monetario Internacional. No al pago de la deuda externa. No al protocolo de Bullrich”.
Firman: Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asociación DD. HH. “Coca Gallardo”, Asociación Lucrecia Barquet, HIJOS, AGrupación Oscar Smith, Luz y Fuerza, Secretaría DD.HH. y Conadu Histórica.
