No es un dato menor el hecho de que actualmente la Corte de Justicia debe definir el alcance de las inmunidades que Romero tiene como legislador nacional, posición desde la cual el ex gobernador pretende abstraerse de cualquier imputación penal por las diversas operaciones inmobiliarias realizadas durante su gestión, entre ellas la compra y venta de las 90 hectáreas de La Ciénaga, predio que tras ser adquirido para dar respuesta habitacional terminó suamándose al patrimonio de los Romero.
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La última decisión en torno a esta causa fue adoptada por el juez Antonio Pastrana, del juzgado penal 4, quien, a pedido de la Fiscalía de Estado, decidió inmovilizar las 90 hectáreas de La Ciénaga que alguna vez pertenecieron a la provincia y ahora están en manos de una sociedad de familiares del ex gobernador Romero.
Después de este fallo, la causa de La Ciénaga como las otras seis que se siguen en contra de Romero, todas viculadas a la compra y venta de tierras, volvieron a caer en un letargo que aguarda, como un hechizo que espera por la poción mágica, por una decisión de la Corte de Justicia en torno a cómo tratar a Romero.
Solamente el juez de Corte, Abel Cornejo, se permitió anunciar hace más de tres meses que el alto tribunal ya estaba presto para decidir el asunto, sin embargo, el término de “inminente” parece tener otro significado para los jueces.
La verdad es que hasta el momento no hubo decisión de la Corte sobre los fueros de Romero, aunque siguen los incidentes de apartamiento de los distintos jueces de Corte.
Vínculo de amistad
A todo esto, hay un hecho que no deja de preocupar y es analizado en los pasillos de la ciudad judicial como grave. Se trata de la decisión de Gustavo Ferraris de actuar como juez de Corte en las causas que se siguen contra Romero, pese a la relación de amistad que existe entre ambos, un hecho que pasó a concentrar todas las miradas tras la aparición de las fotografías que documentan irrefutablemente ese estrecho vínculo.
La situación de Ferraris parece estar ya definida, pues ya tuvo intervención en las causas en que ahora debe volver a fallar; el deber de los jueces de excusarse cuando tienen razones que comprometen su imparcialidad los obliga a no intervenir de entrada; quiere decir que no pueden esperar para excusarse cuando quieren sino cuando se da la primera oportunidad en que advierten que una persona allegada a ellos está como imputada en la causa, se indicó en lños pasillos judiciales.
Separar causas
Esa primera oportunidad ya pasó cuando las causas contra Romero llegaron a la Corte por la discusión que los jueces de instrucción tenían sobre quien era competente y principalmente para que la Corte decidiera cual de los jueces debía quedarse con todas las causas contra Romero, Brizuela y compañía.
La decisión de la Corte fue en ese momento separar las causas, distribuirlas entre distintos juzgados, para que no se hiciera evidente que en el Grand Bourg existía durante el gobierno de Romero una inmobiliaria, manejada por un grupo de personas estrechamente vinculadas que actuaban organizadamente y con patrones de conducta bastante claros, en una verdadera asociación ilícita que, con la fachada de actos de gobierno, derivaba dinero desde el Estado a patrimonios particulares, tal como lo ha descripto en su momento el agente fiscal 1, Eduardo Barrionuevo en su promoción de acción penal.
Obviamente, en esas intervenciones, Ferraris votó dentro de la mayoría que terminó imponiéndose en la Corte para separar las causas contra Romero, una decisión que por sí misma viene siendo valorada para fundar un duro cuestionamiento en contra de los integrantes de la Corte que prestaron este importante servicio a los intereses del ex gobernador, apartándose insólitamente de la ley y de los invariables antecedentes jurisprudenciales de la propia Corte.
- Fuente Nuevo Diario de Salta
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