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Decretan un ajuste en Salta por la caída de la coparticipación nacional

El gobernador Gustavo Sáenz decretó el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de contrataciones y la reducción de gastos e invitó a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares. La medida de austeridad por 180 días se tomó a raíz de la caída de la coparticipación nacional. La idea es reorganizar las cuentas públicas sin trasladar este ajuste a sectores vulnerables.
Distanciamiento con la motosierra libertaria

Decretan un ajuste en Salta por la caída de la coparticipación nacional

El gobernador Gustavo Sáenz decretó el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de contrataciones y la reducción de gastos e invitó a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares. La medida de austeridad por 180 días se tomó a raíz de la caída de la coparticipación nacional. La idea es reorganizar las cuentas públicas sin trasladar este ajuste a sectores vulnerables.

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La vocera de Gobierno, Paula Benavides en conferencia de prensa explicó que la medida tomada por el gobernador responde a una marcada disminución en los recursos coparticipables, producto de la caída del consumo. En este contexto, se remarcó que “el ejemplo debe empezar por casa”, por lo que el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo.

El decreto establece el congelamiento total de las remuneraciones de funcionarios, incluyendo al Gobernador, Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, alcanzando también a la Secretaría General de la Gobernación, Fiscalía de Estado, Sindicatura General, personal de apoyo, gerentes, directores, presidentes de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. Cómo así también, la no contratación de personal.

Recortes de emergencia

Además, quedan prohibidas las comisiones de servicio fuera del país, salvo aquellas de estricto interés para la provincia o situaciones de emergencia, y se suspenden los gastos vinculados a cortesía y protocolo.

Entre otros puntos, la normativa instruye a revisar y renegociar en un plazo no mayor a 60 días todos los contratos en moneda extranjera vinculados a la provisión de bienes y servicios, a fin de fijar nuevos precios.

También se establece que los organismos descentralizados deberán rendir cuentas mensuales al Ministerio de Economía, junto con un estricto control sobre el parque automotor, especialmente en el consumo de combustible y uso de vehículos oficiales.

La vocera destacó que esta medida invita a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares y subrayó que responde a un escenario donde la coparticipación se desploma por la caída del consumo, remarcando que la Provincia no permitirá que la volatilidad económica afecte sus cuentas.

Distanciamiento libertario

El Gobierno de Salta se distanció del Nación que aplica recortes generalizados. En este caso el criterio de ajuste está focalizado, en no afectar al ciudadano. Se remarcó que la Provincia continúa haciéndose cargo de áreas sensibles como el subsidio al transporte, el pago del incentivo docente y el acompañamiento a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Como ejemplo, se mencionó el caso de HIRPACE, institución a la que se le subsidian en su totalidad los servicios de luz y agua y se hizo referencia a las gestiones de Saénz con el secretario de Salud de la Nación, quién asumió el compromiso de saldar la deuda con estas instituciones, y recordó que previamente se logró la restitución de pensiones que habían sido dadas de baja.

La eliminación de «Volver al Trabajo»

Se subrayó el impacto de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una medida nacional que afecta a más de 200.000 salteños, impacta directamente en 53.000 beneficiarios y representa una retracción de aproximadamente 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local. Se advirtió que estos recursos dinamizaban el consumo en comercios de cercanía y que su interrupción afecta directamente a la economía cotidiana.

Desde el gobierno se destacó el rol del Estado provincial frente a la emergencia climática y en relación a la asistencia se detalló que se realizaron más de 100 vuelos de asistencia aérea con alimentos, agua y medicamentos, llegando a zonas de difícil acceso.

En Rivadavia Banda Norte y Banda Sur se entregaron 8.000 módulos alimentarios, mientras que más de 35 municipios recibieron acompañamiento con provisión de agua potable, colchones, chapas y otros elementos de primera necesidad.

En referencia a las obras de infraestructura realizadas en el río Pilcomayo con fondos provinciales, como el meandro, el alteo de la costa, el refuerzo de anillos de contención, badenes en la ruta 54 y alcantarillas, permitieron mitigar riesgos y evitar mayores complicaciones.

Redacción SL
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