El levantamiento de sectores populares en Bolivia provoca una escalada de represión y crisis política por el embate del nuevo gobierno con las clásicas medidas de la ultraderecha de ajuste y recortes de subsidios que afecta a los población vulnerable. Hasta hoy por la resitencia y el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, tiene más de un centenar de detenidos.
El Gobierno lo presentó un megarecorte como una reestructuración técnica con ampliaciones previsionales, pero se trata de un ajuste de casi USD 2.000 millones por sobre el Presupuesto que aprobó el congreso en sectores como energía, obra pública, provincias, salud, educación, parques nacionales y programas sociales. Milei lo hizo mediante la decisión administrativa 20 y una serie de anexos técnicos que esconden detrás de un lenguaje burocrático.
El gobernador Gustavo Sáenz decretó el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de contrataciones y la reducción de gastos e invitó a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares. La medida de austeridad por 180 días se tomó a raíz de la caída de la coparticipación nacional. La idea es reorganizar las cuentas públicas sin trasladar este ajuste a sectores vulnerables.