A partir del año 2010 merced al trabajo serio y profesional de los letrados de la CGT, y con apoyo explícito de la CTA, y otras organizaciones obreras del país se comenzó a exigir al gobierno nacional que concretara una de las tantas promesas de campaña del llamado Kirchnerismo relacionada a los trabajadores dependientes del sector privado, cual es, la ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
Por entonces y como reacción inmediata de los sectores representantes del capital –Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural, etc.- aparecieron los voceros oficiosos a oponerse, con predicciones escatológicas al estilo Carrió, que auguraban para el caso de sancionarse ese proyecto desde aumento del ritmo de inflación hasta un eventual éxodo de empresas a otros países.
Pura cháchara diría el viejo Saadi. Con los márgenes de rentabilidad de la economía Argentina, y con las tasas de retorno de las que gozan los mercados en este sistema, los inversionistas no se van ni que los maten.
El oficialismo se mantuvo durante esta puja política coqueteando con unos y con otros, sin tomar partido, y logrando a fines del año 2010 que se pasara el debate para el corriente año 2011, lapso durante el cual casi en forma completa el titular de la CGT dejó pasar los meses sin mencionar siquiera el proyecto, lo que hizo recién a fines del año, como un signo más del blanqueo de una situación que lo coloca cada más distante de la Presidenta. Hasta se habla de su remoción de la cúpula sindical y la posible sustitución por Gerardo Martínez –claramente peor el remedio que la enfermedad- que hasta viajó con la Primera Mandataria a la reunión del G 20.
Y llegó la reunión anual de la UIA, y el esperado discurso presidencial, momento en el cual y de manera sorpresiva la señora Cristina Fernández, abandonando el doble discurso que había mantenido hasta ahora, hizo una clara opción en el tema, pero no por los pobres sino por los ricos. Con gestos tan falsos como ampulosos como si se tratara de un reto a los dueños del capitalismo, haciendo ademanes de vehemencia y reprimendas, afirmó que no habrá ley de participación alguna, y que en todo caso ese tema lo tendrán que debatir los empresarios con los trabajadores en el sistema de paritarias.
Ni más ni menos que lo que pedían a gritos los Mendiguren y los Funes de Rioja en todos los medios masivos de comunicación que viven de las mismas empresas rentables que no pagan ganancias. Es más, para que no queden dudas de que la Señora Presidenta se ponía en ese momento la camiseta de los capitalistas y no la de los trabajadores, dijo que respetarían los mercados –como quiera que esto se entienda- y hasta llegó a decir después sin que se le moviera un músculo de la cara, que además habría qué ver qué pasaba si las empresa tenían pérdidas.
Tales afirmaciones dejan en claro varios aspectos de la triste realidad nacional, que conviene resaltar. El primero de ellos es que parece por lo menos curioso que el Poder Ejecutivo diga que ese tema no será avalado por ley, cuando el que hace las leyes es el Poder Legislativo. Claro que esto en la teoría, salvo que pudiera entenderse que la Presidenta decide por el Congreso de la Nación, lo que a la luz del silencio guardado por diputados y senadores a esta afirmación parecería que es así.
El segundo aspecto no menos importante es el flagrante incumplimiento de quien dice ser la Presidenta de un modelo de inclusión y justicia social, respecto de la expresa disposición constitucional prevista en el Art. 14 bis de la Carta Magna, que manda dictar una ley no solamente para la participación en las ganancias, sino también para el control de la producción –qué, cuánto, cómo y dónde se va a producir- y la colaboración en los directorios de las empresas.
Este mandato se incumple desde la sanción misma del artículo de derechos sociales en el año 1957. No hay apuro. El tercer aspecto preocupante lo constituye la pregunta de la señora viuda de Kirchner, respeto a qué pasaría en caso de pérdidas de las empresas, como sugiriendo que en caso de participar los trabajadores de las ganancias también deberían hacerlo en caso de quebrantos, lo que reitera otra vez –literalmente- el engañoso y desgastado discurso de los truchones de la Sociedad Rural y de los abogados de los industriales.
A esta altura del partido solamente cabe pensar dos cosas: o la Presidenta se copió cuando cursó derecho laboral o está actuando de mala fe. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo cierto es que desde siempre los trabajadores han contribuido a capitalizar ganancias y socializar las pérdidas. Los españoles dicen que el trabajador siempre participa de las duras pero nunca de las maduras. En la legislación Argentina existen numerosas normativas que han previsto en caso de falta de rentabilidad empresaria, las suspensiones sin goce de haberes, rebajas salariales, procedimientos de crisis, despidos a bajo costo, y hasta eliminación de los convenios colectivos en caso de concursos o quiebras. La Presidenta no puede o no debe ignorar esto y hacer una pregunta tan absurda. O tan de mala leche.
Al cierre del discurso sobraron los aplausos de los quinientos popes del gran negocio de los subsidios en la Argentina, y todos salieron más que conformes. Chochos digamos. Al fin y al cabo los ruralistas lograron que no se hable más de la resolución 125, y los industriales y comerciantes que no se hable más de la participación en las utilidades de sus empresas, que pujan por aparecen en las estadísticas de las mayores ganancias del año para ser fotografiados en las revistas cholulas del País. Un verdadero desgaste de frivolidad e insensibilidad que da asco.
El escenario de nuestra sociedad ahora no obstante está mucho mas claro. La señora presidenta se ha sacado la careta, ha optado por los que más tienen, ha relegado otra vez más las aspiraciones de los trabajadores, y ha prometido que privilegiará a los mercados. Ha definido claramente quiénes son sus verdaderos amigos. Hasta el 22 de noviembre de 2011 en que la señora Cristina Fernández hizo gala de estas sinceridades que dejan ver claramente a que sector de nuestra sociedad ella misma pertenece y por lo tanto defenderá y apoyará, habrán existido argentinos que pudieron de buena fe tener dudas sobre la llamada profundización del modelo, y por ello apoyarla.
A partir de esa fecha ya nadie puede tener dudas que si el modelo sigue adelante, a ella la seguirán aplaudiendo a rabiar los que ganan con el modelo. Basta con ver el momento en que la Señora termina su discurso y le llueven aplausos, elogios, vítores y hasta alguna lágrima contenida. A partir de esa fecha entonces, quien no vea qué significa profundizar el modelo, será solamente porque no quiere verlo. Porque a partir de ese día se ha terminado de definir un sistema de acumulación perverso al que aportarán todos los trabajadores que no participarán de las ganancias de las empresas. Porque el modelo es otro. El modelo es de los otros.
- Por Daniel Tort
Abogado y periodis