Beneficiados por un decreto del presidente Javier Milei el empresario salteño Matías Huergo y otros 8 imputados por el delito de asociación ilícita tributaria, festejan que fueron sobreseídos por la Justicia tras acogerse a la ley de blanqueo de capitales.
Hace poco el Tribunal Oral en lo Federal 1 de Salta, aceptó la solicitud que estos nueve imputados con un pago de sus deudas lograron se extinga las acciones penales, sobre todo cuando este proceso estaba casi listo para llegar al juicio oral.
Un mensaje de impunidad
Según el recurso de casación que fue presentó el miércoles 9 de octubre, el fiscal federal Carlos Amad plantea la inconstitucionalidad de un artículo de la ley del DNU del Ejecutivo Nacional que permitió la extinción de las acciones penales, como la evasión de sumas millonarias al fisco nacional, y como involucrados en una estafa a la Municipalidad de Salta y al Estado provincial.
El decreto 608 reglamenta la ley 27.743, pero casualmente el fallo recae en una causa determinada donde se hizo la aplicación de la ley y de ese decreto reglamentario.
Aclaró que no pide la inconstitucionalidad de la Ley de blanqueo ni del decreto, solo de un artículo 15, inciso C del Decreto Ley 608, que tiene que ver con la asociación ilícita tributaria.
Según consta en la causa, el empresario Huergo y los otros 8 acusados ahora sobreseídos con los votos de la jueza Marta Liliana Snopek y del juez Marcelo Juárez Almaraz, tenían un procesamiento desde junio de 2020, dictado por el juez Julio Leonardo Bavio. Además Huergo estaba sindicado como “el ideólogo y dueño real” de las firmas Arcadio SRL y SEC SA.
El juez sostuvo que también Huergo era el principal responsable de la administración, gobierno y dirección de estas empresas, involucradas en un millonario fraude al fisco nacional y en una estafa a la Municipalidad de la ciudad Salta y al Estado provincial.
A su vez el fiscal Amat aseguró que la Justicia provincial tiene elementos para avanzar en la causa dado que quedó divida en un parte federal y otra en la órbita ordinaria.
El fiscal considera que este sobreseimiento le produce una sensación de impotencia, de impunidad, sobre todo porque es la primera vez que se presenta un caso así, considerando que se hizo un trabajo de investigación profundo con su equipo y junto con la AFIP.
