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Se vienen las lluvias y la Municipalidad de Salta realiza por estos días, trabajos de reconstrucción en varios sectores del canal Yrigoyen donde se produjeron desplazamiento de los muros del desagüe pluvial que además generaron hundimiento de veredas y riesgo de colapso del pavimento.

Desalojos S.A., ahora en Cachi

Desalojos_SA.jpgNadie frena los desalojos a familias originarias en Salta. El último denunciado se registró durante la mañana del 17 del diciembre de 2010. Un grupo de casi 25 policías, 4 móviles policiales desalojaron por la fuerza y de forma violenta a cinco familias que pertenecen a la comunidad diaguita-calchaquí de Las Pailas, ubicada a 16 km dentro del municipio de Cachi, Provincia de Salta.


En Salta con el gobierno de Juan Manuel Urtubey no se respetan las leyes dictadas para frenar los desalojos. Efectivos policiales sin piedad con picos rompieron los candados de las casas, derribaron las paredes de las casas para sacar las pertenencias de las familias originarias.

La policía que arribó al lugar estaba comandada por el subcomisario Héctor Laimes, la oficial Milena López, junto a un señor que dice ser dueño de las 25 hectáreas de tierras que reclama, Carlos Alberto Robles, este último acompañado por Abelardo Alancay.

En la oportunidad leyeron a los damnificados una orden de desalojo emitida por el Juzgado Correccional y de Garantía Nº 8, que está a cargo de la Dra. Mónica Gabriela Faber.

El comisario de la zona dio la orden verbalmente que las familias deben salir de la propiedad y si no obedecían lo iban hacer con la fuerza pública. Luego los efectivos tomaron picos y empezaron a romper los candados y las paredes de las casas para poder sacar todas las pertenencias de las familias.

El desalojo se cumplió de manera violenta a pesar de las leyes de poseción veinteañal y la historia de vida que de los miembros de la comunidad originaria. Las familias desalojadas fueron de Egdmidio Liquin, Quintina Prieto, Andres Mamani, Gerardo Mamani y Quintin Cruz.

«Fue muy doloroso lo que tuvieron que vivir los niños, jóvenes, mayores y ancianos, al ver toda la destrucción que se estaba llevando a cabo. Cerca del mediodía llegaron 3 camiones contratado por Carlos Robles para llevar las pertenencias de los damnificados, que tuvieron que pedir permiso a sus familiares para guardarlas y pasar la noche. Los efectivos se prestaron para cargar las cosas en los camiones y también en los propios móviles policiales».

«Cerca del anochecer arribó a la zona una máquina de la empresa Noroeste, que ingreso a las tierras diaguita calchaquí de “Las Pailas”, para derribar las casas totalmente».

«Luego de derribada las humildes casas, ingreso un tractor con una rastra conducido por el señor Orlando Alancay, a los lugares de cultivo de la comunidad para destruirlos totalmente, se trataba de cultivo de poroto recién sembrado, pimiento, maices, papas, y arvejas listas para cosechar», contaron a la prensa los damnificados.

Ellos están convencidos que sus derechos no fueron respetados. Los hechos constituyen una violación flagrante a sus derechos territoriales como pueblos originarios, consagrados en la Constitución Nacional Art. 75, Inc. 17, Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originario de la O.N.U., Derechos Consuetudinarios como Pueblos preexistentes. Desconociendo la ley 26.160 y 26.554 que suspende todos los desalojos en los territorios de los pueblos originarios.

Ahora exigen al Gobierno Provincial de Salta, a través de Instituto Provincial de Pueblos Indígenas-IPPIS, la Secretaria de Derechos Humanos, La Subsecretaria de Pueblos Originarios, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, Secretaria de Gobierno de la Provincia, dar cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Originarios consagrado por leyes nacionales e internacionales.

Exigien además a los organismos nacionales Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- INAI, la Secretaria de DDHH, el INADI a tomar intervención en el asunto a fin de dar cumplimiento efectivo de los Derechos de los Pueblos Originarios y brindar soluciones políticas necesarias e inmediatas.

Por último solicitaron a las organizaciones y políticas a enviar sus adhesiones en repudio a este avasallamiento de sus derechos. «Para nosotros los pueblos originarios la tierra no le pertenece al hombre sino que el hombre es quien pertenece a la tierra. Por esta razón vamos a continuar en la lucha para defender nuestro territorio, por que la tierra es nuestra vida donde vivieron nuestros anteabuelos, padres, y viven los hijos de nuestros hijos y demás generaciones venideras», dijeron integrantes de la comunidad afectada.

  • Texto: Ambrosio Casimiro
  • Contactos: Cacique de la Comunidad de Las Pailas, Ismael Viveros. Cel: 03868-15455942, Ambrosio Casimiro Cel: 0387-154046787 email: ambrokchi@hotmail.com y Manrique Burgos Cel: 0387-154819993 email: Manrique_345@hotmail.com.

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