Desmontar Pizarro (…) fue una orden inconstitucional dictada por el gobernador Juan Carlos Romero que avasalló derechos y abandonó responsabilidades institucionales. Cinco años después, “Desmontar Pizarro” es el título del libro que contiene una propuesta ética y epistemológica para entender la trama de sentidos y conflictos que se sucedieron antes, durante y después de esa decisión.
En el libro se condensan varias voces, enfoques, aportes y reflexiones ecológicas, jurídicas, antropológica, filosófica y analisis sobre las controvertidas decisiones políticas. “Más que un texto acabado pretende ser un documento de trabajo para seguir en el camino de aportar a mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas”, dice la antropóloga social Ana González en el prólogo.
“Desmontar Pizarro” verá la luz mediante un acto literario que tendrá lugar el jueves 9 de diciembre a las 19, en el auditorio del Complejo de Archivos y Biblioteca de Salta (Belgrano esquina Sarmiento).
Para referirse al libro habrá un panel integrado por la antropóloga Ana González (Equipo de investigación del INADI), la periodista Alba Silva (agencia Télam), la doctora en biología Marta de Viana (Universidad Nacional de Salta) el guardaparque Eloy López (Administración de Parques Nacionales), y la periodista Elena Corvalán (Radio Nacional Salta). El moderador del panel será el periodista Héctor Alí (canal de noticias TN – agencia DyN).
(Se entregará un ejemplar a los periodistas que asistan).
Este acto está organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Salta.
El libro, publicado por la APN, sistematiza una experiencia de trabajo con diversos actores sociales que defendieron los derechos ambientales y humanos. Sus páginas invitan a pensar y reflexionar sobre los que se hizo y queda por hacer, a través de la interpretación de una decena de aportes de reconocidos autores entre investigadores, sociólogos, catedráticos, periodistas; con las respectivas conclusiones divididas en seis capítulos. Escriben: Alba Silva; Ana González (prólogo), Martín Ávila, Ana Simesen de Bielke, Marta de Viana, Héctor Rodríguez, Eloy López, Elena Corvalán, Roberto Molinari y John Palmer.
Desde la Administración de Parques Nacionales (APN), institución que generó este trabajo, se indica que servirá para el estudio, la investigación, pero sobre todo para el ejercicio del respeto y la convocatoria a un espacio de construcción y diálogo.” Una contribución a reflexionar sobre los problemas que se reiteran en muchas situaciones y en muchos lugares del país”.
Para desentrañar esta temática sobre las vicisitudes de una lucha histórica, escriben: En el Capítulo I: Crónica de una (in)satisfacción por Alba Silva. Capítulo II: El camino de la justicia por Ana González y Miguel Martín Ávila. Capítulo III: Las vueltas de Pizarro, Breve introducción por Ana Simesen de Bielke; La Universidad en defensa del ambiente humano por Marta de Viana; Las rutas de la codicia por Héctor Rodríguez; Anta y sus transformaciones territoriales por Marta de Viana y M. C. Morales Poclava. Capítulo IV: La experiencia de promover la gestión social del territorio por Eloy López. Capítulo V: Pueblos originarios y conservación por Elena Corvalán; Conservación de áreas protegidas y comunidades indígenas por Roberto Molinari. Capítulo VI: La perspectiva wichí por John Palmer; A modo de conclusión, por el equipo de trabajo de la APN en Pizarro.
Un anticipo
Como adelanto, aquí una breve reseña del prólogo de Ana González que da comienzo al libro:
“Cuando en el año 2003 la Legislatura salteña, a instancias del gobierno de esa provincia, sancionó la Ley 7274 mediante la cual desafectó lo que era hasta ese momento una reserva natural, con el objetivo de poner a la venta los lotes fiscales 32 y 33, se desencadenó un conflicto social de magnitud. Este conflicto, en General Pizarro, departamento de Anta, Salta, involucraba a la población criolla que hacía uso extensivo de dichos lotes, a la comunidad wichí Eben Ezer, que tenía su asentamiento en las inmediaciones de Pizarro y que también utilizaba el monte para su manutención, y a las autoridades provinciales.
Por esta ley dichos lotes fueron delimitados catastralmente en siete matrículas números
16 126, 16 127, 16 128, 16 129, 16 130, 16 131, y 16 132. A partir de allí, el Poder Ejecutivo provincial inició un proceso licitatorio que derivó en la venta, el 17 de mayo del 2004, de los lotes 32 y 33 a tres adquirentes, que luego trasladaron las titularidades, a través de distintas cesiones de derechos, lo que generaron posteriormente una serie de acciones judiciales.
Esta situación fue alertada por la organización internacional Greenpeace, que actuaba en la zona, y dio lugar a una gran inquietud por parte de la población criolla y de la comunidad indígena, que veían peligrar sus medios de vida y subsistencia. Ninguno había sido notificado inicialmente de las medidas que se estaban tomando respecto al lugar donde vivían desde hacía mucho tiempo.
Ante el peligro de ver hipotecado su futuro, los pobladores, con el asesoramiento de
Greenpeace, recurrieron a diversas instituciones para solicitar apoyo en la defensa de sus derechos adquiridos. De esta manera, los indígenas recurrieron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Universidad Nacional de Salta. De igual modo, los criollos solicitaron ayuda.
El argumento esgrimido por el gobierno de la provincia de Salta, en ese momento, fue que los lotes habían sufrido un deterioro tal que no ameritaba que siguieran bajo la figura de reserva natural. El contexto provincial y nacional en que tuvieron lugar estas acciones fue el del boom sojero; por lo que estas tierras eran muy apetecibles, una vez desmontadas, para la agricultura.
El conflicto, aunque adquirió características propias, en realidad es parte de un proceso más amplio que tiene lugar en nuestro país y pone en el centro del debate el modelo de desarrollo rural. En muchas provincias del Noroeste y del Noreste hasta hace poco tiempo existían grandes extensiones de tierra fiscal. En ellas han vivido durante décadas familias criollas y población indígena intentando sobrevivir sin mayores recursos que los que provee la naturaleza, con una escasa presencia del Estado, que provee servicios educativos y sanitarios, muchas veces insuficientes e inadecuados”.
