La ONG advirtió que el financiamiento educativo “está en su peor nivel en años” y que el país invierte menos de lo que exige la ley, lo que con los años produjo un fuerte deterioro en salarios docentes, infraestructura y recursos escolares.
La cifra del 5,3% está por debajo de lo establecido en la Ley de Educación Nacional de 2006, que obligaba a un gasto consolidado entre Nación y provincias del 6% del PBI, meta que solo se cumplió en 2015. El proyecto de ley de presupuesto para 2026 propone suspender esta obligación legal.
La inversión de la Nación, que representa aproximadamente el 25% del total, ha caído drásticamente. Después de alcanzar un pico del 1,59% del PBI en 2015, se proyecta un nivel del 0,75% para 2026.
Las provincias, que aportan el 75% restante, también han reducido su gasto. En 2024, la inversión educativa provincial fue del 3,8% del PBI, la cifra más baja de la última década.
La Ley de Educación Nacional establece que la inversión consolidada debe ser como mínimo el 6% del PBI, una meta que se incumplió reiteradamente, exceptuando 2015.
El proyecto de ley de presupuesto para 2026 busca derogar el artículo que establece el objetivo del 6% del PBI, eliminando así la exigencia legal de manera explícita.
A pesar de la caída en la inversión, el gasto educativo total (aproximadamente 5,3% del PBI) aún se encuentra dentro de los promedios latinoamericanos, aunque los resultados educativos siguen siendo insatisfactorios.
Esto sugiere problemas de eficiencia en la asignación de recursos, dado que el 90% de la inversión se destina a salarios, dejando pocos fondos para infraestructura, innovación y formación docente.
