La Cámara de Diputados no trató la media sanción que dio el Senado para que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2026 todas las causas judiciales por desalojos en trámite.
El freno a los desalojos caduca este 31 de diciembre del 2025, y pone en riesgo de perder las tierras que habitaron y trabajaron durante generaciones.
El diputado por el departamento de La Caldera, Luis Mendaña, advirtió que la falta de modificación del artículo 9 de la Ley 7658 dejará en estado de vulnerabilidad a los campesinos «porque hay un montón de juicios por desalojos que van a empezar a ser ejecutados”.
La decisión de los diputados se diferenció de sus pares del Senado pese a la confianza que había expresado el ex senador de La Caldera, Miguel Calabró.
Viviana Segovia, una de las campesinas cuya familia ubicada en la ruta nacional 81 tuvo problemas con Gianfranco Macri por tierras que tiene en el límite entre los departamentos San Martín y Rivadavia.
Al ser consultada por Salta/12 afirmó que el relevamiento de las familias “va muy lento y se pudo coordinar muy poco este año con la Unidad Ejecutora”, que se creó para tal fin. Añadió la poca presencia del gobierno de la provincia en la zona al punto que solo mantuvieron dos reuniones: una en febrero y otra a fines de este año. “Nos dijeron que había cambios políticos y eso hizo que haya poca participación”, dado que no llegaron a contar con más reuniones.
En cuanto a las escrituraciones, sostuvo que solo lograron una en la zona de Rivadavia Banda Norte (municipio más conocido como Morillo en Rivadavia), sin conocer más avances.
Segovia es parte del Frente Nacional Campesino (FNC), que trabaja con un grupo de aproximadamente 300 familias que habitan desde Capitán Pagé y parte de Santa Victoria Este (en el departamento Rivadavia), a Hickman (en San Martín).
