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Banda con fines de explotación sexual

Ya son 33 las víctimas y 9 los imputados por la red de trata de alumnas

El Ministerio Público Fiscal acreditó la existencia de 33 víctimas niñas, todas alumnas del secundario de Salta, que fueron presas de una red que tenían como fin explotarlas sexualmente. Los imputados ascienden a 9 de los cuales a 6 se los imputó además la tenencia y distribución de material de índole sexual.

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En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación penal y a la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026 en el caso donde se investiga una red de trata sexual que se encargaba de captar alumnas de colegios secundarios tanto privados como públicos.

Cabe recordar que la formalización de la investigación se realizó el 11 de septiembre pasado, tras la detención de cuatro personas, que fueron imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación.

Tras esto, se sumaron otro cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata sexual. Tras las detenciones que se concretaron entre septiembre y noviembre y ante el avance de la investigación, el número de víctimas pasó de 3 a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.

Actualmente, se llevan a cabo distintas Cámara Gesell, medida clave para terminar de cerrar el círculo delictivo. La tarea investigativa, a cargo tanto de la Fiscalía de Distrito como del personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria se centra actualmente en los peritajes a teléfonos y otros dispositivos secuestrados a los acusados, como así también otras diligencias complementarias.

Las nuevas imputaciones

De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Cinco de ellos, en tanto, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita destinada a la facilitación y promoción de la prostitución.

La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menor a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados.

La fiscalía sostuvo que aún resta analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual, siendo este uno de los argumentos que fue expuesto para solicitar la ampliación del plazo de investigación, fijado por el juez para el 26 de marzo del 2026.

Red de trata

Al adentrarse a los hechos en sí, el fiscal relató que los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes. En ese sentido, repasó los mensajes donde uno de ellos solicitaba a las víctimas para «llevarlas a una despedida de solteros» mientras que otro «las pedía, los sábados para después de jugar al fútbol». Además, puntualizó en que varios exigían cierto vestuario y prácticas sexuales determinadas, además de forzarlas a ingerir «un cóctel de drogas».

En concreto, el fiscal afirmó que “se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”. Dicha hipótesis fue respaldada por las querellas, la que también resaltaron las evidencias que comprometen a los imputados, como así también se refirieron a la jurisprudencia y tratados internacionales adquiridos por el Estado Argentino, en cuanto a proteger a las menores y combatir el delito de trata de personas.

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