Buenos Aires, (Especial para Salta Libre) Ya hemos denunciado ampliamente que las nuevas leyes educativas, tanto nacional (Ley de Educación Nacional) como provinciales (Ley provincial de educación) tienen como objetivo central la privatización de las ramas más rentables de la educación pública y la puesta en servicio de las escuelas a disposición de las empresas capitalistas. En este sentido, las leyes Filmus- Puiggrós (que cuentan con el apoyo entusiasta de los gremios docentes) no son más que la continuidad de la “desprestigiada” Ley Federal menemista.
Las escuelas ocupan en la nueva ofensiva privatizadora un lugar estratégico y se han transformado en un botín en disputa de distintos grupos, tanto nacionales como internacionales.
La orientación privatizadora no es, como tampoco lo fue en los noventa, una fórmula exclusivamente reservada a la Argentina. Los aires de privatizar escuelas recorren el mundo; el problema en nuestro país, es que el atraso de los gobiernos para llevarla adelante despierta inquietud entre los grupos interesados.
Los reclamos para que las políticas privatizadoras se encaminen más dinámicamente dieron lugar a la sanción de las nuevas leyes educativas. Los ejes estratégicos de las mismas están en colocar a las escuelas bajo la órbita de las empresas privadas tanto desde el punto de vista de su orientación pedagógica-didáctica, como desde el punto de vista de su funcionamiento administrativo.
Las Leyes de Educación técnica, de Financiamiento educativo y las citadas más arriba (LEN y provincial de educación) son claras en cuanto a estos aspectos cuando ordenan subordinan a la escuela pública a los intereses de las empresas privadas y las Ong.
La educación como tal, es en todas ellas, “educación para el trabajo”; es decir, la escuela tiene la misión especifica de formar al conjunto de los alumnos en función de las necesidades empresariales. Pero, esto es únicamente una parte del negocio.
La escuela empresa de la que se habla es la mitad del objetivo a cumplir, ya que la escuela empresa puede ser de carácter estatal o privado; el principal problema del oficialismo está en como hacer para que la población acepte la privatización de las escuelas, en un país donde una larga tradición en la defensa de la enseñanza publica ha provocado grandes convulsiones sociales.
La parte más sustancial es la que se corresponde a la privatización lisa y llana de los servicios educativos.
La política de subsidios
Desde que en 1992, año en el que se completó la descentralización del sistema educativo con el traspaso de las escuelas secundarias a las provincias y los institutos de formación docente, son las distintas jurisdicciones las que garantizan la liquidación de subsidios.
Por la dimensión de su sistema educativo, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de establecimientos de gestión privada, casi 7300, de los cuales casi 5000 reciben en forma de subsidios un sustancioso aporte estatal.
Como la absoluta mayoría de los establecimientos subsidiados son confesionales, la defensa de políticas para que el estado se haga cargo del financiamiento de la enseñanza privada es un principio inclaudicable de la iglesia, la que utiliza en forma permanente todos los mecanismos de presión posibles para que estos sean incrementados.
La política de subsidios a las escuelas privadas es absolutamente injustificada. No existe ninguna evidencia, en el sistema educativo argentino, que sirva de prueba para considerar que el incremento de la matrícula en los niveles inicial, primario y secundario se le deba a la acción de particulares. Todo lo contrario, aun en un contexto donde existe un estimulo permanente de la escuela privada (por
los propios representantes ministeriales de la educación pública) sigue siendo el Estado el principal agente en esta política de escolarización. Sin embargo, pese al papel marginal que cumple el sector privado, su relación con el gasto en educación (subsidios) es proporcionalmente superior a la inversión que se realiza en el sector público.
El estado no renuncia en su batalla para desmoralizar a los padres y convencerlos de las bondades de enviar a sus hijos a establecimientos privados. Esto lo realiza de varias maneras: abandonando a su suerte a las escuelas públicas, esperando que se caigan a pedazos; congelando los salarios docentes; restándole carácter científico a los contenidos para implementar la “educación en valores”; improvisando programas de estudio descentralizados y arbitrarios en cada una de las 24 jurisdicciones en las que se divide el país; etc.
Así y todo la población se empeña en mandar a los niños a las escuelas públicas. Fue necesario entonces hacer uso de la fuerza para que la campaña a favor de las privatizadas se acelerara.
Desde 1994, con la sanción de la Ley Federal, el estado le reconoce a los padres el derecho a elegir el tipo de educación que tendrán sus hijos. La posibilidad de libre elección de escuelas está en directa relación con las políticas de ajuste educativo y la provincialización de los servicios, homologada por “esa ley nefasta” de acuerdo a las opiniones de Filmus y Puiggrós en su momento.
La elección familiar de la escuela a la que habrán de concurrir sus respectivos hijos tiene, desde el punto de vista del derecho, un carácter tan reciente como inserción del “modelo neoliberal” tan criticado por el oficialismo actual. En los hechos, significa una coerción legal que justifica la retirada del estado en su obligación de financiar y estimular la educación publica, laica y gratuita para todos los ciudadanos del país.
Cuando Ley Federal de Educación (sancionada en abril de 1993) determina que las acciones educativas son “responsabilidad de la familia y del Estado Nacional”, texto que recogen las actuales leyes sancionadas en el periodo kirchnerista y que fueron fervorosamente apoyadas por el inefable Hugo Yasky y su ladero Roberto Baradel, no hace más que un reconocimiento que la educación se ha transformado en un objeto de consumo, cuya elección dependerá del marketing de cada empresa educativa.
Filmus elige privada
Las recientes declaraciones del candidato Filmus, realizadas durante su estadía en los EE.UU. muestran que la campaña “disparen en contra de la escuela pública” se encuentra en pleno desarrollo.
“Los maestros son peores que los de antes” declaró, para agregar a renglón seguido, que el deterioro de la educación en la Argentina se lo debemos al “deterioro en la calidad de los docentes”. Para Filmus “En la Argentina cambió la composición social de la docencia”. “Cuando uno mira hacia 1950, 1960, ve que elegían la docencia fundamentalmente mujeres de sectores medios “.
Las personas que elegían la docencia eran mujeres de familias acomodadas, dice el ministro con una profunda vocación clasista, con lo cual la calidad educativa era superior. Lamentablemente continua el ministro “estas mujeres fueron ingresando a la universidad y dejando estas carreras, con lo cual cambió la composición social de la docencia” y cayó el nivel educativo.
Filmus, se lamenta que las actuales maestras no provengan de sectores acomodados. Imagina el señor ministro que esto le traería menos complicaciones a la hora de discutir salarios. Lo que seguramente le faltó decir -aunque lo piense en su intimidad- es que esas “damas acomodadas”, por las que siente tanta nostalgia, tendrían mayor vocación por la docencia que las actuales maestras que se debaten
en la pobreza.
Joyita de burócrata.
Lo que el elitista ministro Daniel Filmus debería hacer, antes de emitir opiniones tan descalificadoras para maestras y profesores, es recorrer las escuelas de las provincias y el conurbano y observar como las actuales maestras “poco acomodadas” han convertido el acto educativo en un acto heroico.
Pero, en el amor como en la política todo vale, y ya denunciamos que tanto el ministro Filmus, como la licenciada Puiggrós, se encuentran en medio de una campaña cuyo objetivo es privatizar la educación pública y gratuita. Y no se van a detener, frente a semejante y redituable campaña, en cuestiones éticas o morales.
El actual ministro de la cartera educativa, en su momento secretario de educación de Carlos Grosso, es partidario de las escuelas shopping y utiliza, como la licenciada en provincia de Buenos Aires, todos los medios a su alcance para descalificar la labor docente, logrando con esto un tiro por elevación para precipitar la caída de todo el sistema educativo público.
La educación pública como mercancía
La promesa de incentivos impositivos y subsidios dirigidos a la oferta de
educación privada tienen la finalidad de captar una parte importante de la población, tanto en las redes del mercado como en las clientelares. Lla idea de la libre elección tiene como objetivo generar demanda.
El mercado se desenvuelve bajo el esquema oferta-demanda; la educación, para pasar a ser objeto de consumo tiene necesariamente que perder su carácter de obligatoria. Es decir, si a la población se le impone desde el estado que debe mandar a sus hijos a la escuela, el famoso libre juego entre la oferta y la demanda pierde su carácter
capitalista.
La implementación de la “libertad para elegir” coloca la iniciativa del lado del consumidor, dejando de ser una imposición por derecho.
El “objeto educación” ingresa de esta manera, en el universo en las leyes que regulan la existencia de cualquier mercancía. Esto vale para la elección de escuelas privadas, pero también para la elección de escuelas públicas.
Gran parte del “espíritu” de las nuevas leyes educativas se centran en la
“productividad” de los servicios educativos y hasta mencionan el pago de salarios de acuerdo al merito docente.
La idea es una escuela demandada por la comunidad y no reclamada como un derecho del que el estado se deba hacer cargo. El estado se dispone a abandonar las escuelas de su carácter obligatorio y a atender aquellas que cumplan con las pautas económicas que regulan las leyes del mercado. A simple vista, esto solo, supone la perdida del derecho a la educación publica y gratuita para el conjunto de los ciudadanos y una descentralización de contenidos y presupuestaria fenomenal.
Cada escuela en función de la productividad puede implementarse como una unidad académica distinta a las otras, en el objetivo de ganar matricula e incrementar su presupuesto.
La relación de financiamiento estará de acuerdo a pautas productivas: demanda de ingreso, cantidad de matricula, selección de docentes, continuidad en el dictado anual de clases, promoción de alumnos.
El estado renuncia de esta manera a un sistema educativo nacional y centralizado, para beneficiar a las empresas privadas de educación y de paso para privar de educación a los ciudadanos.
Nos encontramos en medio de una campaña en contra de la escuela pública que tiene todos estos componentes.
Las autoridades educativas, son concientes de que para que esta obra de destrucción pase, se hace necesario quebrar la voluntad de los docentes y la unidad lograda entre estos y los padres.
La de la escuela pública vuelve a estar en cuestión. Dependerá de la comprensión de lo que está en juego, para que el pueblo argentino salga en su defensa o la vea caer. Hasta ahora, los poderosos intereses privatistas han encontrado grandes aliados tanto en el kirchnerismo como en los gremios docentes. Pero, esta es una lucha cuyo desenlace final continua incierto.
- Daniel Cadabón es periodista de Buenos Aires
