Los estudios de ADN son usados cada vez con mayor frecuencia en la investigación judicial. En algunos casos, estos estudios que permiten un 99,99 por ciento de efectividad, son cruciales para determinar la responsabilidad penal.
Las investigaciones sobre el ADN comenzaron a desarrollarse originalmente con la finalidad de establecer vínculos de paternidad con una seguridad casi absoluta pero su uso generalizado permite en la actualidad su uso en el caso salteño, tanto en los juzgados del fuero Civil de Personas y Familia como en el Penal.
En el caso del fuero Civil de Personas y Familia, los estudios permiten definir casos de consanguinidad de padres, vincular generaciones discontinuas, reconstrucción genética de personas fallecidas, determinaciones genéticas o de filiación intraútero y confirmación de paternidad, entre otras finalidades.
En el fuero penal, en tanto, permiten arrojar luz en hechos a partir de la toma de muestras con materiales no vivos: cadáveres, restos cadavéricos, líquidos orgánicos y pelos. También permite la identificación de cadáveres o de restos humanos, estudios de manchas de sangre y su compatibilidad con la persona sospechosa, entre otras situaciones.
Fue justamente un estudio de ADN practicado sobre manchas de sangre en dos camperas secuestradas el que permitió determinar recientemente la responsabilidad de César Lázaro Liendro, Walter Horacio Liendro y un menor, en el homicidio de Rómulo Domingo Mamaní Valente.
También fue un estudio de ADN ordenado por el Juzgado de Instrucción Formal de Quinta Nominación el que permitió determinar la responsabilidad de Alfredo Tejerina imputado como responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda cometido en perjuicio de una menor. Y un estudio similar fue el que permitió el procesamiento de Apolinario Perales por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia.
