Un proyecto de resolución basado en el repudio por la brutal represión policial contra mujeres, niños, ancianos y concejales, pero sobre todo en en el daño causado a las instituciones del estado de derecho y de las normas constitucionales y legales que se vulnerados con el desalojo violento contra las 160 familias del Bº San Expedito, el Concejo Deliberante aprobó esta tarde por unanimidad, un pedido de renuncia del Secretario de Seguridad de la Provincia Gustavo Ferraris y del comisario Gilberto Pereira que entre sus articulos existe también un pedido para promover las acciones penales correspondientes por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En una sesión legislativa municipal, como pocas veces ocurrió en los años del gobierno de turno, la bancada netamente romerista, presidida por el concejal Guido Giacacosa, repudió y apoyó el proyecto de resolución expresando en un conmovedor discurso: «No puedo avalar este acto reprochable de represión ilegal de mi partido que empaña el buen gobierno desarrollado durante doce años».
El Cuerpo Deliberativo, fue aprobado sobre tablas el Proyecto de Resolución de autoría de los concejales
Nora Ríos del Partido Justicialista, Gustavo Cecilia del Frente para la Victoria y Carlos Morello de Unidos por la Victoria.
Otro de los artículos resuelve solicitar al Poder Ejecutivo Provincial «tome medidas urgentes y efectivas para detener estos abusos por parte de las fuerzas de Seguridad en contra de la población, y deponga de sus funciones al Secretario de Seguridad de la Gobernación, por ser el responsable directo de la violencia sucedida en el desalojo de San Expedito y del desconocimiento de autoridades y procesos judiciales».
En tanto que, a través de los apartados cuarto y quinto del Proyecto, se instruye a la Presidencia del cuerpo, como representante de los vecinos, realice la denuncia penal correspondiente en contra del Secretario de
Seguridad de la Gobernación, Dr. Gustavo Ferraris, y/o quien resulte responsable, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público, como así también la denuncia correspondiente ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, en contra del Dr. Ferraris*, *por violar la Ley 5.412 que regla sobre el Ejercicio de las Profesiones de Abogados y Procuradores.
También se solicitó al Poder Judicial y al Colegio de Magistrados de la Provincia, se pronuncie sobre el avasallamiento que produjo este desalojo, ordenado por el Poder ejecutivo, de su independencia e investiduras.
Los considerandos del Proyecto rezan que el hecho se «produjo fuera del marco de la Ley, ya que el Juez interviniente había rechazado el pedido de desalojo interpuesto por el fiscal correccional y el Secretario Gral. de la Gobernación, Sr. Raúl Medina, siendo pues la intervención policial ilegal e ilegitima y que por declaraciones vertidas por el Jefe de Policía, Gilberto Pereyra, las fuerzas de seguridad actuaron con el aval del Secretario de Seguridad de la gobernación, Dr. Gustavo Ferraris, constituyendo este hecho un grave ataque a la independencia del Poder
Judicial de la Provincia, ya que se desconoció por parte de otro Poder, un proceso jurisdiccional que esta aun por resolverse».
Oportunamente este Cuerpo Deliberativo se pronuncio, en Declaración Nº 8, en contra del desalojo y a favor de una solución pacifica para la inquietud de los vecinos del, hoy destruido, asentamiento San Expedito.
