Solo dos de los cuatro defensores alegaron el lunes 12 de setiembre en la continuidad del juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Catalino Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 26 de septiembre, para escuchar los dos alegatos que restan. Se prevé que la sentencia se conocerá recién el 10 de octubre.
Los abogados Roque López Homes y Marcelo Arancibia, que comparten la defensa de los suboficiales retirados Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera, pidieron la absolución de sus defendidos. Dijeron que son inocentes y que por eso deben ser absueltos; y si no se los considera así, afirmaron que igual corresponde absolverlos por el beneficio de la duda.
También pidieron, sin entrar en detalles, que el Tribunal rechace la acción civil entablada por Martínez de Leal contra los Herrera. Argumentaron que además de estar prescripta la acción civil, la abogada Verónica Molina no cumplió con los requisitos de especificar la responsabilidad de los suboficiales y con ello se los dejó en un estado de indefensión.
Los hermanos Herrera están acusados por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes y los querellantes y la Fiscalía pidieron que sean condenados a dos años de prisión de cumplimiento efectivo. La mañana del 11 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado Ragone, fue asesinado Arredes y se intentó matar a Martínez de Leal, los Herrera estaban de guardia en la casa del entonces jefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, coimputado también en este proceso.
La casa de Gentil estaba sobre la calle Indalecio Gómez casi esquina con Del Milagro, a poco más de una cuadra del lugar donde fue secuestrado el ex gobernador, en Del Milagro al 161. La acusación sostiene que los Herrera escucharon los disparos, y tuvieron que haber visto pasar a los secuestradores, cuando huían con Ragone en su poder.
López Homes, el primero en alegar ayer, aseguró que desde donde estaban los Herrera, a quienes acompañaba un tercer policía de apellido Vilte, no tenían contacto visual con el lugar del secuestro. Y que como estaban de consigna en la casa de Gentil, tenían la obligación de mantenerse en ese lugar. “No podían salir corriendo a ver qué pasaba en la esquina”, justificó. Recordó que igual, cuando supieron que había una persona tirada en la vereda, sus defendidos enviaron a Vilte, el más nuevo en la fuerza, a ver lo que pasaba y luego, dado que no tenían equipos de comunicación, lo enviaron a informar a sus superiores desde el teléfono público del Hospital San Bernardo.
El abogado hizo hincapié en que los Herrera no tenían medios para reprimir el delito, “ni siquiera tenía una bicicleta”. A su turno Arancibia especuló con que, de haber intentado repeler a los secuestradores, es probable que los Herrera también hubieran sido atacados, “porque éstos, como Felipe Varela, venían matando”.
Arancibia sostuvo que los Herrera “desconocían el delito. Y no se puede encubrir lo que se desconoce”. Afirmó que ni siquiera tenían armas y que “en absoluto facilitaron la fuga, puesto que no tenían medios”. También criticó la calificación de encubrimiento, porque no es, dijo, la que se adecua a la descripción de los hechos que se les atribuyen a sus defendidos.
López Homes cerró los alegatos con el pedido de rechazo a la actoría civil, y con un ensalzamiento a la figura de Miguel Ragone. “Fue un hombre con un gran ascendiente popular, un hombre probo, un hombre austero, que no se enriqueció en la función pública”, afirmó. Dijo que esta actuación lo pone a la altura de Arturo Oñativia –con quien Ragone se inició en la función pública-, que era un grande de la política y consideró que “esa figura de Ragone tiene que ser rescatada”.
El Tribunal, integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez, y el cuarto juez José Quiroga Uriburu, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 26, día en que se producirán los alegatos de los defensores oficiales Federico Petrina y Pablo Louthier, que asisten a los otros cinco acusados: Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Joaquín Guil, Andrés Soraire y Héctor Zanetto. Los cuatro primeros están acusados por los homicidios de Ragone y Arredes y la tentativa de homicidio de Martínez de Leal y tienen pedidos de penas de prisión perpetua. Zanetto está acusado por coacción y han pedido que sea condenado a diez años de prisión.
En todos los casos el fiscal Horacio Azzolín y los querellantes solicitaron que las penas sean de cumplimiento efectivo y en cárcel común.
- Elena Corvalán
Periodista.
