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El fin justifica (a) los medios

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jpg_Ley_de_Medios2.jpgAunque según sus biógrafos, Nicolas Maquiavelo, el autor de El Principe, nunca dijo ni escribió esa frase tan reiterada, se le atribuye su autoría como síntesis de su pensamiento sobre el accionar de la política, los gobiernos y el poder. Pero en este artículo la alusión a aquella cita, no pasa por la discrecionalidad de los métodos que se utilicen para alcanzar un objetivo.


En la actual confrontación que el Gobierno mantiene con algunos medios de comunicación y viceversa, la disputa llevó a las publicaciones gráficas y audiovisuales a enredarse en un enfrentamiento polarizado como si fueran la encarnación del bien y el mal. Una pelea que distorsiona la pregonada objetividad atribuida a la razón de ser del periodismo y pone al oficialismo en el papel de víctima de un supuesto complot destituyente.

Hoy, el fin que justifica a los medios, es la ubicación que ocupan cada uno en el tablero comunicacional donde todo se divide a favor o en contra. La discusión está inmersa en el debate por la aplicación de la Ley de Medios, que desde algunos sectores es presentada como la base fundacional de la democracia, reclamando su instauración como si fuera la madre de todas las batallas.

La ley se encuentra actualmente suspendida por cuatro fallos judiciales del fuero federal y en uno de ellos (Mendoza) ratificado en segunda instancia por la Cámara Federal de esa ciudad. En todos los casos, se trata de recursos de amparo que aluden a la presunta “inconstitucionalidad” de algunos artículos y, en el caso de Mendoza, de la norma completa.

El tribunal de alzada mendocino, señaló con carácter de “evaluación provisoria” y sin adelantar opinión definitiva sobre la cuestión de fondo que “está en condiciones de afirmar que aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional” que aconsejan mantener la suspensión de la ley.

La Cámara rechazó la apelación oficial, y coincidió de esa manera con el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, quien consideró que la ley de medios, no sólo contuvo irregularidades en su sanción legislativa, sino que excede la intención regulatoria para avanzar sobre la libertad de prensa. .

Contra ello se pronunciaron enfáticamente varios funcionarios, entre ellos Gabriel Mariotto, ex titular del COMFER, y actualmente en un limbo ejecutivo al frente de una Autoridad de Aplicación desautorizada, quien tácitamente coincidió con el tribunal al afirmar que “existe una costumbre de uso” donde “se sancionaron leyes sin los tiempos que marcan los reglamentos”.

Mariotto pretendió justificarse en el error colectivo y generalizado afirmando que “hay miles de leyes que se sancionaron sin respetar el reglamento”. Antes había utilizado otro argumento común entre quienes defienden la aplicación de la norma, asegurando que “con esto se vuelve a la ley de la dictadura”, sin advertir como aquellos, que en el actual digesto legislativo hay varias normas de aquel período que siguen vigentes, incluyendo reglas impositivas que son utilizadas por el gobierno para abultar la recaudación tributaria.

En estos casos no hay noticias de algún proyecto que pretenda reformar o cambiar esas leyes. ¿Podría decirse entonces que las leyes de la dictadura se dividirían entre aborrecibles y utilitarias?

jpg_Ley_de_medios.jpgAdemás de las expresiones de Mariotto, una de las manifestaciones más severas contra los fallos judiciales fue la marcha organizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que tuvo su principal difusión durante los partidos transmitidos en el “Futbol que Pagan Todos”, en medio de la profusa publicidad oficial emitida en cada fecha.

De Salta fueron dos micros llenos y según un pasajero que viajó en uno de ellos, la mayoría de los manifestantes “no tenía mucha idea de lo que iba a defender, pero aprovechó el viaje gratis para conocer Buenos Aires y hacer algunas compras”.

En el trayecto del Congreso a Tribunales fueron pegados afiches en los cuales se estamparon las caras de los principales periodistas de TN y Canal 13, a quienes se les imputaba trabajar para un medio cuya dueña está sospechada de haberse apropiado de hijos de desaparecidos.

Los carteles, sin firma o leyenda de autoría, pegados sin permiso en lugares pagos por otras publicidades, también fueron portados por los manifestantes. En algunos de ellos, las fotos tenían el agregado de un billete de dólar tapando la boca del periodista escrachado.

Los afiches dieron lugar a recordar que a pesar esas críticas, los principales funcionarios y legisladores oficialistas, no han tenido ningún problema en asistir a los programas conducidos por esos mismos periodistas. Incluso, la entonces candidata a presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuatro días antes de las elecciones de 2007, concedió un único reportaje al programa “A dos Voces”.

Lo mismo hizo la cuestionada Marcó del Pont, quien en marzo no fue al Congreso, pero sí participó del mismo programa. Del mismo modo habría que recordar que en mayo de 2005, el ex presidente Néstor Kirchner, prorrogó por 10 años las licencias de TV abierta, de radio y de TV por Cable.

“Queremos los medios en manos de empresarios nacionales como ocurre en los países más serios del mundo”, dijo Kirchner entonces. Lo hizo minutos después de firmar el decreto que extendió la prórroga a dos grupos extranjeros, uno de ellos Telefónica, propietaria de TELEFÉ. Dos años después, el mismo Kirchner como último acto de gobierno autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, acuerdo que ahora se pretende anular para combatir al “monopolio”.

Y en cuanto a la imputación contra la directora de Clarín, que cada tanto improvisa tácitamente la presidenta, es atinente recordar que en junio de 2004, el Consejo de la Magistratura, donde impera mayoría kirchnerista, destituyó al juez Roberto Marquevich, el mismo que en la causa que investiga la apropiación ilegal de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, había ordenado la detención de la empresaria mientras estuvo en funciones.

La movida del escrache, continuará con un anunciado “juicio ético y público” en la Plaza de Mayo, a un listado de periodistas, acusados de haber sido “cómplices” de la dictadura. Del “tribunal” serán miembros Hebe de Bonafini y “compañeros periodistas” en actividad.

No se informó si las ejecuciones serán al amanecer ni que métodos se utilizarán para cumplir las sentencias del juicio tipo sumarísimo. Tampoco si se le otorgará a los acusados la oportunidad de formular “un último deseo”.

Sobre los afiches se manifestó el Foro de Periodista (FOPEA) que agrupa a trabajadores de prensa de todo el país, afirmando que se trató de una “práctica fascista”. Algunos funcionarios y legisladores oficialistas también dijeron, aunque algo a destiempo, no estar de acuerdo con el escrache ni saber quien o quienes serían los responsables de la pegatina.

Acerca del “juicio público”, el multitemático jefe de Gabinete, Anibal Fernández, relativizó la convocatoria sumarísima de los cruzados mediáticos y dijo que sólo sería un “acto público”. En cambio Mariotto, dijo no estar en contra porque forman parte de “la libertad de expresión”, aún teniendo autoría anónima.

Pero donde la voz oficialista se materializó con mayor énfasis fue en el programa “6,7,8”, actualmente nominado para el Martín Fierro (en el rubro periodismo, claro) donde los informes preparados por la productora de Diego Gvirtz (TVR, “Duro de Domar”) atacaron la “victimización” de los periodistas del Grupo Clarín y TN-Canal 13.

El espacio, cuyos seguidores se reconocen a si mismos como la “mierda oficialista” o se asumen como “boludos por defender a Cristina”, según se publicó en varios medios, tendría un costo de 24 mil pesos por programa (unos 600 mil pesos por mes) que paga el Estado.

Las mismas versiones, que los conductores solo atinaron a desmentir con mohines y gestos de complicidad con los espectadores, indicaban que la anterior conductora, María Julia Oliván, tenía un salario de 90 mil pesos y que Orlando Barone, uno de sus columnistas, gana cerca de 80 mil pesos. El resto de los panelistas, cobraría sumas menores, pero no inferiores a las 5 cifras. Casualmente, luego de que se publicaran estos números, la ex contestataria Oliván, se fue del programa.

El nivel de confrontación ya parece no tener límites ni retorno. Hace poco, un editorial del diario Perfil titulado “Vamos Ganando”, comparó a “6,7,8” con el programa “60 minutos”, que se emitió por Canal 7 durante la dictadura y conducía José Gómez Fuentes, autor de aquella frase con la cual se mintió descaradamente durante la Guerra de Malvinas.

Desde el programa le contestaron a Jorge Fontevechia, el autor del artículo, con imágenes y datos de archivo, encostrándole haber sido colaboracionista del proceso. Un chiste que circuló después y que dejó al descubierto la ferocidad de la disputa, ironizó sobre la cuestión asegurando que “la analogía es exagerada: 60 minutos no era tan oficialista”.

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