El escándalo por los obcenos montos publicitarios que se autoadjudica el gobernador de Salta Juan Carlos Romero a su grupo empresario familiar, podría terminar en una denuncia judicial por el delito de privilegiar la asignación de casi una tercera partes del total de los fondos destinados a pautas publicitarias de cerca de 17 millones de pesos.
Tanto el Senador Raúl García (PRS) como el abogado Pedro Oscar García Castiella de la Red de Derechos Humanos, realizaron declaraciones al respecto del escándalo de los montos de las pautas oficiales.
García Castiella anunció que pedirá al Senado que convoque al secretario de Prensa, Iván Romero, para que dé más detalles de los gastos en publicidad oficial. El abogado afirmó en el programa “Piquete y Cacerola” de FM Noticias, que el informe de la publicidad oficial contratada durante 2006 “amerita una denuncia” con el fin de que la Justicia investigue si el gobernador Juan Carlos Romero incurrió en un delito de utilizar fondos públicos para un manejo discrecional de la prensa salteña y de privilegiar en la asignación de la pauta a las empresas de propiedad de su familia.
Por su parte el senador Raúl García (PRS), que impulsó los pedidos de informe sobre publicidad, consideró que la información dada por el Gobierno es “transitoria, parcial” y pedirá al Senado que una ampliación de ese informe más detallado.
El año pasado estas empresa recibieron al menos 5.882.559,96 pesos, repartidos entre El Tribuno de Salta; Tribuno de Tucumán y Radio Salta – AM-840.
El Gobierno gastó en 2006 casi el doble de lo presupuestado para publicidad. En 2006 el gobierno de Salta casi duplicó el monto presupuestado en el rubro publicidad. Para ese año se había previsto una erogación de 9 millones de pesos, pero terminó gastando casi 17 millones de pesos, según surge de un informe elaborado por la Secretaría de Prensa en respuesta a un requerimiento en tal sentido del Senado provincial.
En el presupuesto el rubro Publicidad y Propaganda generalmente aparece englobado en la cuenta Servicios No Personales, en la que se incluyen, además, los gastos en viáticos, servicios y alquileres. La participación de cada una de las subcategorías sólo aparece disgregada en la revisión general de las cuentas de cada ejercicio económico. La última auditoría, correspondiente a 2003, muestra que el gasto en publicidad fue de 8.746.623 pesos.
García objetó “la cantidad” de dinero destinado a propaganda y publicidad. En su opinión, parte de estos fondos podría ser usado para otras necesidades, como la refacción de escuelas.
El gasto en publicidad es “totalmente inadecuado no lo comparto para nada, y (tampoco) como se distribuye, no hay un instrumento legal, no hay parámetros que determinen cómo se deben distribuir los recursos estos”, sostuvo el legislador en declaraciones a FM Ya.
Destacó que “lo más grave es que estamos en emergencia económica y financiera”. Esta ley obliga al Gobierno a informar mensualmente a la Legislatura sobre los gastos en publicidad y viáticos, pero “se hace todo lo contrario, lo que se busca es que los salteños no sepamos en definitiva qué se hace con los recursos”.
