Buenos Aires (Especial para Salta Libre) Tanto las policías provinciales, como la federal, han demolido, a lo largo de décadas de persistente corrupción, tortura y gatillo fácil, la necesaria confianza social para que estos cuerpos armados funcionen sin el anticonstitucional debate popular. El kirchnerismo y el sciolismo tienen una preocupación central en la recomposición de la confianza popular en estos cuerpos armados, y esto, por varias razones.
Todo abuso planificado y sistemático, por parte del estado, en la propaganda sobre la inseguridad, está orientado a generar una conducta determinada de sumisión y respeto a las instituciones armadas por parte de la sociedad y forma parte de un objetivo de control social y político que, hoy por hoy, aparece socialmente devaluado.
El propósito básico, de toda está campaña, está en crear un clima propicio y de
esta manera, actuar sobre la moral del conjunto social mediante la manipulación de una serie de sentimientos irracionales, que permitan conquistar una influencia
ideológico-política en el pueblo, para que los individuos admitan sin cuestionamiento, la capacidad del estado burgués para asumir las funciones
represivas, aun a costa de la perdida de derechos democráticos.
El kirchnerismo y el sciolismo tienen una preocupación central en la recomposición de la confianza popular en estos cuerpos armados, y esto, por varias razones.
La primera de ellas, tienen que ver con el propio funcionamiento del estado; que
es pura represión. El estado funciona mejor, si logra el monopolio de la fuerza y
cuenta con el aval y la consideración social para con sus actividades represivas.
Para cumplir con este propósito, el kirchnerismo y el sciolismo, no se preocupan
en declarar una verdadera guerra psicológica en contra de “su propio pueblo” y en manipular “los sentimientos de la gente” hasta un limite sorprendente. Una
verdadera conspiración.
El segundo objetivo, ya la analizaremos más adelante, tiene que ver con un tema de caja. La recaudación policial para la política.
La tercera, tiene que ver con el principio de autoconservación. La secta policial
(sólo en provincia de Bs. As. son cerca de 58 mil efectivos) tiene la suficiente
capacidad operativa como para generar un proceso desestabilizador contra
cualquiera que intente meter manos en sus negocios.
El Gran miedo y la dialéctica de la despersonalización
Uno de los sentimientos humanos, que a partir de una grosera manipulación,
mejores resultados da para generar sumisión psicológica y política en las masas,
es el miedo.
El miedo es un estado psíquico, inconsciente e incontrolable, que paraliza a quien
lo padece, obligándolo a llevar una vida social limitada. La ansiedad y la carga
de angustia que acompañan al miedo suelen ser, por lo común, decididamente
excesivas con relación a la situación que la provoca -el miedo cambia la
percepción de la realidad- por esta razón el individuo se paraliza, anula su
rebeldía, asumiendo conductas de sometimiento y, se espera, de subordinación al
discurso y las acciones del estado.
Toda esta campaña sobre la inseguridad está montada para que el sujeto o el grupo presientan que un hecho exterior y amenazante acosa su vida en forma permanente.
Naturalmente, esto los lleva a una situación de perdida de su capacidad reflexiva
crítica y a la aparición de sentimientos primarios de invalidez, entre ellos
debemos sumar, a la citada sumisión, su correlato psicológico: la depresión, donde el dramatismo que provoca el pánico, lo envuelve todo; la desorientación; la desmoralización, etc. En definitiva, todos sentimientos de derrota y de
subordinación al discurso del amo.
La campaña aspira a que los sujetos (y el grupo) se despersonalicen, se debiliten, que afloren discursos del tipo “vivimos con miedo”. Y entonces, que busquen frenar su ansiedad encontrando seguridad y confianza en los discursos que exaltan estos “valores”; que les permiten significar un oponente, establecer nítidamente un objeto concreto del que cuidarse y a la vez establecer en quien respaldarse.
Si el respaldo se concibe en la institución policial, la guerra psicológica, no
declarada por el estado, esta ganada: “llamá a la policía”, “denunciá al
sospechoso”. Lo que se busca, es crear una red de adhesiones públicas, donde no es tan importante el “buchoneo”, de hecho las zonas liberadas continúan y se agrandan a diario, sino la reconstrucción social del papel de los organismo de represión.
Sin embargo, el proceso de despersonalización, a la que el estado burgués aspira, no deja de tener sus inconvenientes. Porque, la idea original es generar un sentimiento opuesto al de: “a mi no me va a pasar” o “si no te metés no pasa
nada”, que serían más fáciles de explotar en función del carácter individual que
despiertan.
Todo lo contrario; el estado intenta advertir que a todos les puede
pasar (“cierren bien las puertas”) con lo cual, termina generando una situación
contradictoria, ya que, la sociedad opta por una aproximación de intereses que los movilizan. Esto explica, el porque la campaña contra la inseguridad termine en
algunos casos de armamento popular (Tres Arroyos, Junín, San Pedro, y en otro
lugares no tan publicitados) lo que contraría el objetivo original y pone en jaque
toda la estrategia.
El triunfo de toda manipulación psicológica se juega en la capacidad para cambiar la percepción social sobre la policía y, en este sentido, está reservada a
controlar y a ganar la voluntad de la población, para favorecer a los intereses
del estado.
El armamento popular en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires
y la denuncia de los vecinos sobre la complicidad entre el poder judicial, la
policía y el poder político muestran que la campaña hace agua antes de empezar.
Repetimos que toda esta campaña psicológica, que impulsan desde el kirchnerismo y el sciolismo, se asienta en crear un clima que neutralice estos sentimientos antipoliciales y de desconfianza en la justicia y en los partidos del régimen por parte del pueblo. Sin embargo, el clima de rabia popular acumulada, por la arbitrariedad, la corrupción, el abuso de autoridad en todos sus matices, termina por acelerar un proceso que conspira en contra de la autoridad del estado (monopolio de la fuerza armada)
Para todos aquellos que, con buena voluntad, entienden que cualquier iniciativa de armamento entre la población civil responde a un objetivo estratégico de la
derecha; es importante que comprendan que, hoy por hoy, “la derecha” está más
preocupada por la reconstrucción de los cuerpos legales de represión (donde se
registran sus principales ideólogos) que en el estimulo del armamento entre
sectores del pueblo.
El frente cívico-policial S.A. (o el fisti-fisti)
Scioli y Stornelli quieren hacer realidad la constitución de un sólido frente
entre la policía, la justicia y el poder político; no de otra cosa se trata su
plan para dotar de seguridad a la provincia. Es en este sentido, que los lazos
están tendidos para que los municipios sean una especie de brazos de apoyo a las tareas policiales; ya se sabe de que se trata.
Los intendentes, hasta acá, eran los responsables políticos de hacer la vista
gorda en todas las actividades de recaudación ilegal: desde el cobro por
servicios de vigilancia a los comerciantes de la zona, pasando por la complicidad
en el regenteo de la prostitución y el juego clandestino, hasta las propias
actividades de distribución de falopa.
Daniel Scioli, quien parece promover un a política de no confrontación con ninguno
de estos sectores, intenta resolver a favor de los intendentes, una vieja demanda
de los mismos: la elección del jefe policial para su comuna.
La política de seguridad ya tuvo su primera baja
El fiscal Martín López Perrando, segundo de Stornelli en el cargo fue cesanteado
sin previo aviso. Según Ámbito Financiero, López Perrando, con más de 20 años de amistad con Stornelli dio el portazo, porque, se afirma, que el ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino, estaría asesorando a Stornelli.
¿Quién es Giacomino?
Giacomino tiene el triste privilegio de ser el primer jefe de la Policía Federal
en ser expulsado de la fuerza por un caso de corrupción. Apenes meses después de la expulsión del comisario general Alberto Sobrado, por otro presunto caso de
enriquecimiento ilícito, de la policía bonaerense.
Amante de la mano dura y reivindicador de los edictos policiales que permiten toda suerte de arbitrariedades; fue acusado de “ladrón y extorsionador” por el ex
ministro Gustavo Belíz , horas antes de que el mismo se viera en situación de
volar del poder, por denunciar que vivimos una década entera de “narcodemocracia”.
Giacomino, (a) El Dandy, fue el jefe de la custodia de Ruckauf en el Senado,
cuando llegó allí como vicepresidente de Menem. Y lentamente se fue convirtiendo
en un hombre de confianza para el poder. Especialista en cuestiones de seguridad, dio su asesoramiento al manodura Ruckauf.
En 2002 fue el protector oficial de los agentes que arrogaron al agua a Ezequiel
Demonty, de 19 años, y sólo fue la indignación popular lo que pudo sacar a la luz
el caso y lograr que se castiguen a los culpables. Giacomino según cuentan las
malas lenguas llega a la provincia de Buenos Aires de la mano de Stornelli, a
quien se lo recomendaron, entre otros, el empresario periodístico Daniel Hadad.
Pero ¿dónde está Al Capone?
Al Capone (1899-1947), gángster estadounidense de origen italiano se dedicó al
tráfico de bebidas alcohólicas, al juego ilegal y a la prostitución. Fue
encargado de una serie de guerras mafiosas que culminaron con la matanza del día de San Valentín de 1929, en la que sus hombres asesinaron a siete miembros de la banda de ‘Bugs’ Moran, con lo que se hizo con el control del hampa en la ciudad de Chicago. Tras ser acusado de evasión de impuestos en 1931 y condenado a 11 años de cárcel, fue puesto en libertad condicional en 1939. Pasó el resto de su vida, enfermo, en su mansión de Miami Beach (Florida).
Capone es de alguna manera una especie de símbolo mundial del crimen organizado y regenteado por estructuras ilegales.
¿Dónde está el Capone argentino? ¿Quien o quienes son los capos mafia que desde las sombras de la clandestinidad, manejan todos los negocios turbios, corrompen a jueces y policías, arreglan con políticos, etc?
Nada de eso existe en nuestro país.
Todo funciona de manera inversa. El juego ilegal, la prostitución, la droga, la
extorsión para obtener seguridad, las zonas liberadas, son monopolio de las
instituciones estatales. La policía puede ocupar el primer lugar, pero la
recaudación es un negocio que los encuentra a todos unidos. Comisarios,
representantes de la justicia y de la política.
A veces los negocios son compartidos, en otras oportunidades, alguno pretende
cortarse solo como el caso del intendente de Pinamar (Porreti, el rápido) pero, en
general todo el proceso de inseguridad ciudadana recae en las mismas manos.
La sociedad puede sentirse menos angustiada por la caída de algún perejil que ya se está anotando para “trabajar de preso”, como señala Ragendorfer, o con una biografía anticipada de victima de gatillo fácil. Eso es lo de menos, es el
placebo que oficia de tranquilizante. La oscuridad sigue tapando el verdadero
problema.
El gran Capone argentino, ha iniciado una campaña pública destinada a que se le entregue mayor poder. Sepa el pueblo argentino evaluar los costos de semejante aventura.
