Seis años después del intento del ex gobernador Juan Carlos Romero de cometer el delito de genocidio con la expulsión de la comunidad Eben Ezer y los desmontes por la venta ilegal de los Lotes 32 y 33, Juan Manuel Urtubey anunciará el lunes 18 de octubre el envío a la Legislatura del Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno de la Provincia para formalizar la cesión de jurisdicción que permite crear la Reserva Nacional de Pizarro.
Según pudo confirmar Salta Libre, el esperado inicio del trámite de traspaso de ese territorio a la Administración de Parques Nacionales, se concretará mediante un acto que se cumplirá el lunes 18 de octubre a las 9.30, en el Centro de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg.
El anuncio público lo hará el Gobernador Urtubey y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, doctor Francisco López Sastre, con la presencia en Salta del Ministro de Turismo de la Nación, Carlos Enrique Meyer y la Presidenta de la Administración de Parques Nacionales, doctora Patricia Gandini.
El envío a la Legislatura del Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno formalizará la cesión de jurisdicción y finalmente permitirá crear la Reserva Nacional de Pizarro un acuerdo logrado tras una ardua lucha judicial que incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tras una batalla campal
Como se recordará, la Administración de Parques Nacionales (APN) firmó el acuerdo en octubre del 2005, con el cuestionado Gobierno de Romero, luego de un año y medio de lucha campal de Greenpeace y numerosas organizaciones ambientales dentro de los Lotes 32 y 33 y en los medios periodísticos del mundo contra las topadoras del ex gobernador y ahora Senador Nacional.
Así se logró crear una nueva área protegida nacional en General Pizarro ubicado en el departamento salteño de Anta, cuya superficie tiene cerca de 25 mil hectáreas, algunas de ellas compradas por la APN y otras cedidas por la Provincia. Dentro de la Reserva, la comunidad Wichi que ahora tendrá 800 hectáreas de monte.
Con este demorado trámite del Ejecutivo resolverá la constitución de la Reserva lo que facilitará la entrega de tierras a la Comunidad Indígena Eben Ezer y el desarrollo conjunto de acciones de conservación y desarrollo sustentable.
El polémico caso de la venta y los desmontes de la reserva lotes 32 y 33 de Pizarro concretó en junio de 2004 y desató durante casi dos años después una catarata de denuncias y reacciones de organismos de defensa del ambiente como Greenpeace y también de violaciones de los derechos humanos de todas partes del mundo por la venta de un territorio protegido con una comunidad indígena adentro.
El caso se judicialazó y Romero presionado por la circunstancias, el escrache mediático tuvo que llegar a un acuerdo. Sobre ¿Por qué recién Urtubey realiza el tramite del traspaso? El periodismo tendrá la oportunidad de preguntarle durante el acto y frente a las autoridades nacionales. Pero cae de maduro que es un golpe de efecto cuando comienza a desatarse la pelea por las elecciones que se avecinan.
Freno a la topadoras de Romero
Pero pasaron seis años después de la polémica desafectación y venta del ex gobernador Juan Carlos Romero de la reserva de los lotes 32 y 33 de General Pizarro del departamento salteño de Anta, una localidad que en el 2001, según el censo de ese año, tenía 2.654 habitantes. Las tierras habían sido desafectadas como reserva y vendidas por el gobierno provincial de Juan Carlos Romero a tres empresas privadas. Eran en total cerca de 25 mil hectáreas.
El área vendida residía la comunidad Wichi Eben Ezer, conformada por 18 familias (más de 70 personas). Desde épocas ancestrales esta etnia mayoritaria en el chaco salteño, vive de la caza y de la recolección de frutos del monte. Según los expertos esa venta significaba el desmonte y la disminución de sus recursos económicos que habrían obligado a la extinción física de la comunidad, dado que se quedaría sin alternativa alimentaria para su forma habitual de vida.
Si bien las “Topadoras de Romero” trabajaron activamente enfrentados con la lucha de Greenpeace durante más de un año después de concretada la desafectación y la venta, de llegarse a cumplir con el desmonte y la expulsión de la comunidad, se hubiera configurado el delito de genocidio», aseguraron los expertos.
Romero desafectó en el 2004 la Reserva Natural a los lotes 32 y 33, mediante ley 7274/04, y de las 25.327 hectáreas, licitó 16.276. De esta cantidad, 4.000 hectáreas aproximadamente debían quedar como monte nativo (lugares con pendientes no aptos para la agricultura), y teniendo en cuenta hasta las cortinas forestales.
