En la Argentina, más de 8 millones (23%) de habitantes no tienen red de agua potable, mientras que más de 21 millones (57,5%) de habitantes no cuentan con desagües cloacales. Un estudio del Programa de Salud de CIPPEC (Centro e Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) revela que la desigualdad en el acceso a los servicios de agua corriente y cloacas no parece haber marcado una tendencia pro equidad en el destino de nuevas inversiones. Contrariamente, las provincias más empobrecidas y con mayor mortalidad resultaron ser las menos beneficiadas en la extensión de la provisión de estos servicios. Esta situación se replica al interior de las provincias, cuando se analiza la situación de los municipios.
Las provincias más empobrecidas y con mayor mortalidad resultaron ser las menos beneficiadas a la hora de invertir para extender la provisión de estos servicios. Sólo diez provincias brindan cobertura en agua de red a más del 90% de la población, y sólo dos (Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego) cubren ese porcentaje en lo que respecta a servicio de red cloacal.
El documento analiza la evolución de la provisión de agua de red y cloacas en el período 1991-2001[1], verificando si esta evolución se corresponde con las necesidades de la población, donde estos servicios son aún más indispensables. Además, se analizan dos estrategias implementadas desde el Estado (privatización y descentralización) con el objetivo de evaluar su impacto en términos de equidad, eficiencia y cobertura.
Mientras la media nacional registra un incremento del 10.01%, algunas provincias aumentaron la prestación del servicio de agua en valores cercanos al 19% (La Pampa y Misiones), en tanto otras lo hicieron en un 5% (Formosa, La Rioja y Santiago del Estero). Debe considerarse que algunas provincias ya presentaban altos niveles de cobertura, por lo cual, el incremento en esos casos resultó necesariamente bajo (Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo).
Para el caso de la cobertura por red cloacal, algunas provincias presentaron incrementos superiores al 20% (Neuquén y Santa Cruz), en tanto que otras alcanzan porcentajes que sólo superan el 3% (Formosa y Santiago del Estero).
Además, en ocho provincias (Chaco, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Formosa, La Rioja, Salta y Ciuadad de Buenos Aires) las municipalidades no tienen competencias en la provisión de aguas y lo mismo sucede en diez provincias respecto del servicio de cloacas (las mismas que en el caso de la red de agua, junto con Tucumán y Misiones).
Por otra parte, la política privatizadora –que fue más intensa en las jurisdicciones más pobres- no mostró efectos significativos respecto de la provisión de agua de red, y muestra una relación inversa entre la presencia de entes privados y la provisión de redes cloacales. Finalmente, la descentralización de la gestión a nivel municipal parece haber favorecido la inversión en la provisión de agua de red, en tanto que las redes cloacales se incrementaron mayoritariamente en aquellas provincias donde la descentralización fue menor.
Existe actualmente evidencia en favor del beneficio que representa la provisión de agua segura y saneamiento básico. Este beneficio excede el contexto puramente sanitario, incluyendo ventajas económicas, sociales y productivas para la sociedad.
La pobre relación entre vulnerabilidad de la población y evolución de las inversiones en agua y saneamiento advierte acerca de la necesidad de tomar en cuenta indicadores sociosanitarios para priorizar iniciativas y diseñar políticas de acceso a estos servicios.
Es necesario que los responsables de diseñar políticas sanitarias y de obras públicas tomen en cuenta estos indicadores al diseñar estrategias de acceso. De otro modo, las inversiones necesarias seguirán haciéndose según criterios desvinculados de las verdaderas necesidades de la población más vulnerable.
CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas.
Para ello concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en Argentina. Su desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de las Instituciones, a través de los programas de Educación, Salud, Política Fiscal, Justicia, Transparencia, Instituciones Políticas, Gestión Pública Local e Incidencia de la Sociedad Civil.
