El ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas Carlos Puga está siendo sometido a un juicio oral y público a instancias del ex diputado provincial Eduardo “Garfio” Barrionuevo, quien considera que lo injurió cuando declaró como testigo en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad, que todavía está en trámite en el Tribunal Oral Federal de Salta.
El debate por la querella lleva ya varios días y en la jornada de ayer declaró como único testigo el periodista Rubén Arenas, convocado para que se refiriera a la publicación referida al testimonio de Puga, circunstancia que también fue narrada por Nuevo Diario. El periodista confirmó que lo publicado se condice con lo que escuchó en la audiencia y luego ratificó el ex decano.
Puga declaró en el juicio federal por el terrorismo estatal el 9 de noviembre de 2015. Fue convocado porque era amigo y compañero de militancia en el Grupo Universitario de Trabajo (GUT) del matrimonio integrado por los docentes universitarios Carlos García y Nora Saravia, desaparecidos el 13 de agosto de 1976, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
Entonces fue consultado sobre la presunción de que existieron tareas de inteligencia dentro de la Universidad nacional, y Puga dijo las frases que enojaron al ex diputado: “Garfio Barrionuevo era alumno del AM 25 (un plan por el que personas mayores de 25 años podían acceder a la Universidad aunque no hubieran terminado el nivel secundario). Era gremialista y exhibía armas de fuego. En las asambleas era violento. Amenazaba, no respetaba la palabra del otro. Él no compartía las ideas (de los otros sectores que se manifestaban en el ámbito académico)”, contó.
También recordó al policía federal Faber (mencionado también por otros testigos como presunto espía). “Estos no iban a estudiar, si no que hacían espionaje, eran infiltrados. Nosotros siempre creímos que ellos no iban a estudiar”, sostuvo.
Cuando se difundió la testimonial de Puga, Barrionuevo pidió copias de las actas y el video de su testimonio, pero el Tribunal se lo negó. También pidió declarar, pero la abogada querellante por la Universidad, Tania Kiriaco, se opuso ante la posibilidad de que el ex legislador terminara imputado.
“Esto para mí es algo muy doloroso, en la vida pública que yo he tenido desde los 17 años en función de la democracia es archiconocida, entonces me ha dolido mucho. se me ha negado la declaración dentro del juicio, donde había declarado Puga entonces no tuve otra alternativa que hacer un juicio aquí”, explicó ayer el ex diputado respecto de la querella que está ahora en la última etapa en la justicia provincial, ante el juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Francisco Mascarello.
Barrionuevo insistió en que él también fue un perseguido político, que sufrió allanamientos en su casa y tuvo en Bolivia. “Tuve la misma persecución que tuvieron ellos, y me tuve que ir del país”. El debate por la querella continuará el próximo 19 de este mes.
Otras menciones
El ex diputado Eduardo Barrionuevo ya ha sido vinculado por otros testigos al sector de la derecha peronista que confrontó con los sectores de la izquierda en la Universidad Nacional de Salta en la década del 70.
En octubre de 2015 el docente universitario Gerardo Bianchetti declaró en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad, convocado para que se refiriera al clima que se vivía en la universidad pública y a las desapariciones de Carlos García y Nora Saravia, y las de otros docentes y estudiantes universitarios.
Bianchetti situó el crecimiento de la violencia en la provincia, y en la Universidad, en la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974. Entre estos hechos describió la intervención a la Universidad, en diciembre de 1974: recordó que en el grupo que intervino la casa de estudios, algunos “habían llegado con cadenas”, entre ellos Barrionuevo. “La intervención no llegó golpeando la puerta”, graficó.
Asimismo, en el juicio conocido como Megacausa Salta, que concluyó en 2013, la reconocida militante de derechos humanos Nora Leonard, hizo afirmaciones parecidas sobre Barrionuevo.
–Informe: Elena Corvalán