La votación favorable para que pueda asumir fue polémica y escandalosa a la vez. Nunca se sabe porque, pero aun cuando sobre los hombros de políticos como el «Kila» Gonza o Pablo López pesa una «incapacidad moral sobreviniente”, la desvergüenza y la impunidad siempre prevalece.
La estrategia es mover una maraña de intereses espurios comunes de otros como ellos para mantenerse aferrados a un cargo, y con ese apoyo de sus acólitos logran el objetivo buscado en detrimento de la degradación de la calidad institucional.
Un ejemplo reciente viene de la manos del concejal capitalino Pablo López imputado en dos hechos por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Este individuo perteneciente al gobierno libertario logró objetivo de reasumir por 4 años más su cargo por la demora en la decisión de la justicia y con toda la impunidad del mundo.
En el caso del «Kila» Gonza el intento de suspender su asunción fue también en vano. Pudo hacerlo con los votos de sus colegas de la Libertad Avanza, de su hermano y de Agustina Rodríguez Laconi. Así desde el 3 de diciembre pudo ingresar el cuerpo del CD de San Lorenzo, cuya mayoría se inclinó por desconocer los principios básicos de idoneidad y responsabilidad pública.
Finalmente la Justicia que miraba para el costado en la confirmación de esa condena inhabilitante al exintendente Gonza, por los cuestionamientos sobre su asunción en varios medios, tuvo que reaccionar, y a través del Tribunal de Impugnación confirmar la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el día de la fecha 16 de diciembre del 2025, la Sala IV realizó la audiencia para resolver la situación del ex intendente Ernesto Fernando Gonza, en la que se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público.
Esto implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular; la privación del derecho electoral; la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas; la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.
Además le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, o sea no irá a la cárcel, idéntica a la impuesta en audiencia anterior al coimputado Sergio Armando.
En el caso de Gonza se impuso además la pena accesoria de inhabilitación ya que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones en su calidad de Intendente y por los que resultó condenado de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.
Cierto es que el proceso legal es lento, complejo y la dinámica común en la política es taparlos hasta tanto no haya un resolución. Para suerte de los ciudadanos sanlorenceños, la justicia finalmente resolvió esta maniquea cuestión política en el seño de un Concejo Deliberante donde la moral hace agua por intereses espurios o por una corrupción instalada.
