La decisión de estatizar los fondos que administraban las AFJP no puede calificarse sino como una medida de alto voltaje que podría erigirse en un nuevo punto de inflexión. Un kirchnerismo acostumbrado a la abundancia presupuestaria volcada a la extorsión acude a la única caja que le garantiza cumplir con los compromisos internacionales en el 2.009
y, también, afrontar un año en el que las elecciones legislativas podrían traducir el mal humor que explicitaron los argentinos durante
el conflicto agropecuario hace un semestre.
El pronóstico en el Congreso de la Nación es incierto. Son pocos los legisladores que saben para quien trabajan. La presidenta acusa a los críticos de defender los intereses de las administradoras que fueron parte del saqueo menemista, mientras que una oposición cada vez más compacta ha puesto el acento en la voracidad del matrimonio santacruceño y la incertidumbre del destino de miles de millones de pesos cuya pertenencia es de millones de trabajadores y no del Estado Nacional. Lo cierto es que en el concierto internacional, y más precisamente en España, sus pasos fueron objeto de repudio y desconcierta a los frágiles mercados.
Notorios datos de la realidad indican que nunca pudieron entregarse a las AFJP los fondos de nuestros jubilados. Se sacrificó la roporcionalidad del haber previsional y el más castigado de este sistema fue el argentino de menores ingresos, que magros aportes realizó a su cuenta de capitalización. Ni hablar de los montos que se
liquidan a quienes debieron retirarse por invalidez. Sacar el dinero a estas empresas buitres podría perdonarse según el código de los ladrones, pero luce demasiado simple.
Fiel a su estilo, la Presidenta se ha subido a una tarima y tiñó ideológicamente al episodio estatizante, buscando intencionadamente distanciarse de Carlos Menem.
Contrastar con los defenestrados es una estrategia efectiva cuando se trata de disimular la urgencia y mostrarla como un buen reflejo frente a la crisis financiera internacional. Sin embargo, los archivos de nuestra historia la han enfrentado con las palabras de Juan Domingo Perón, que resucitó en las pantallas televisivas para denunciar el saqueo con efecto ultraactivo.
Son pocos los que tienen autoridad moral para cuestionar al menemismo de los ´90 o al kirchnerismo actual e incluso a las gestiones intermedias de De la Rúa y Duhalde que dieron continuidad a la inercia. El esquema privatizador fue defendido a rajatabla por los Kirchner en la patagonia y lo sostuvieron los mandatarios que le sucedieron al riojano.
En Salta, al liberalismo económico adhirieron tanto el Partido Justicialista como el Partido Renovador Salteño que llevó en la boleta al riojano en 1.995. Juan Carlos Romero gobernó con comodidad en un período ominoso para la República que amplió la brecha social hasta ocluir las vías del ascenso social y casi exterminar la clase media. El 40% de desempleo y sub-empleo provocados por la flexibilización laboral y el 42% de pobreza e indigencia generadas por la desindustrialización,
hablan a las claras de los efectos negativos.
Walter Wayar, Roberto Ulloa, Hernán Cornejo y muchos de los que integran el nutrido espinel gubernamental exhibieron -en aquellos tiempos- convicciones maleables y condicionadas por las apoyaturas nacionales. De analizar sus derroteros, muchos de los que adhirieron a la nueva “transversalidad”, y pronto se desilusionaron, deberían ser amnistiados.
Con la excusa del déficit se transfirió la Caja de Jubilaciones provincial en el verano de 1.996. La Corte de Justicia presidida por Rodolfo José Urtubey avaló la decisión romerista y consideró que la Ley 6.818 era compatible con las garantías constitucionales. Ese traspaso anuló el 82% móvil que su hijo prometió para lograr la gobernación en Octubre de 2.007 y que no logró cumplir. La secuencia involucra a dos generaciones de una misma familia, comprometidas con un estilo único de hacer política en el que la transformación radical es incompatible.
El gobernador ya no avala ni cuestiona las decisiones presidenciales, a excepción de las que carecen de relevancia, como el cambio de horario. Mientras el mandatario catamarqueño Brizuela del Moral amenaza con iniciar juicio a la Nación por la retención ilegal de recursos de coparticipación, en nuestras tierras se calla y se distraen fondos propios para cumplir con las obras que debe financiar la Presidenta. De a poco se gesta el abandono de un barco que podría arrastrarlo en su naufragio.
Mientras los kirchneristas de paladar negro avanzan con la polémica candidatura del ex presidente, Urtubey muestra distancia prudente y pregona la prescindencia que beneficiará al justicialismo en desmedro de sus recientes socios. Solamente los ingenuos dedicaron tiempo hace un par de días a festejar el aniversario de una coalición que yace muerta y sobre cuyo cadáver merodean los sobrevivientes de la
anterior gestión.
La continuidad del modelo romerista por el actual gobierno provincial no debería sorprendernos. Tal vez deba asombrarnos que la ciudadanía demore en comprender que las modificaciones estructurales no pueden partir de un grupo dirigencial que se encuentra preso de su pasado.
Urtubey de su filiación romerista y, los renovadores, de su ascendencia conservadora. La fractura era previsible…también la traición.
