Hay que tener los ojos bien abiertos y vigilar en estos días el Registro de Tierras rurales y los Registros de Propiedad de cada una de las provincias para constatar si alguien no aprovecha este bache legal que les regaló la Corte para apropiarse de importantes porciones de tierras que contengan recursos naturales o estén ubicadas en zonas de fronteras.
Ya sabemos de qué lado están cuando se trata de defender la soberanía o de entregarla. Hoy la batalla principal se libra, precisamenre, alrededor de blindar nuestra soberanía. Porque sin soberanía no hay educación, no hay salud pública, no hay desarrollo tecnológico, no hay defensa de la industria nacional, no hay justa distribución de la riqueza, no hay trabajadores, no hay sectores medios ni siquiera hay Fuerzas Armadas que se transforman en meras fuerzas policiales para «combatir» a los supuestos enemigos internos.
Milei ha desatado una batalla contra la sociedad argentina y los cortesanos decidieron cuidarle las espaldas. Si ellos se unen, nosotros también. En nuestro caso bajo la vieja consigna, pero hoy más actual que nunca, patria o colonia.
El comunicado completo de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional”:
I). En el caso sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema.
La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales.
Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente.
Los grupos de interés que presionan sobre el tema, también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales.
Tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y, está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación.
II) La Corte Suprema ha ejercido un liderazgo en la a protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto. La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia.
III). La controversia referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales”, no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente.
La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento. De modo que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen.
