Se les hace fácil porque cuentan con el aval de una justicia que (salvó excepciones) actúa como garante de la impunidad. Así es como en Pichanal mataron a Santiago Ibáñez, un chico de 18 años y a nueve meses del crimen los responsables ni siquiera han sido imputados. Y el 25 de octubre en Guemes detuvieron a un hombre con problemas de adicciones y cuando la familia fue a buscarlo a la comisaría les dijeron que estaba en el hospital y cuando fueron al hospital les dijeron que ya estaba muerto.
En diez días asesinaron a dos hombres. Y mientras tanto la corte de justicia aun no resuelve el habeas corpus colectivo presentado por el abogado Arias Camacho de la Gremial de Abogados por los procedimientos ilegales de la policía y ya van casi dos años. Así es como se legitima el homicidio.
A Gregorio Ramos lo fusilaron por la espalda y para encubrir el crimen la policía salió a decir que vivía en «una zona conflictiva» y que tenía «antecedentes». Si, la a culpa de vivir en un barrio sumido en la miseria, el antecedente de tener la vista dañada porque antes había sido herido en los ojos en otro de esos «operativos».
Este es el nivel de represión y violencia ejercidos por la policía de Saenz contra los sectores más vulnerables de la población, con las redadas, detenciones arbitrarias, causas contravencionales, golpes, vejamenes, muertes en comisarías y ejecuciones en las calles. Porque no estamos ants excesos cometidos de manera individual sino ante una política criminal, una metodología represiva que se lleva a cabo con la complicidad del poder judicial para regimentar a los pobres.
La policía tortura y dispara pero el autor de estás aberraciones es el gobierno, el verdadero responsable de tanta muerte y tanta injusticia y del dolor inconmensurable de las víctimas.
