La causa se inició a partir de una denuncia radicada en Cerrillos y posteriormente remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos. La UDEC requirió información al Ministerio de Educación de la Provincia, presidido por Cristina Fiore, sobre la existencia, funcionamiento y estructura de la Unidad Educativa N° 7160, en el marco de medidas destinadas a establecer la asignación y destino de recursos públicos.
A más de un mes de esa pedido de información no se informó oficialmente sobre si la fiscal recibió una respuesta, por lo que la investigación continúa con el análisis de la documentación y de los elementos incorporados a las actuaciones.
La intervención de UDEC, a través de la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio, se inició luego de que la Fiscalía Penal de Cerrillos remitiera una denuncia de la docente Celia Alancay con el patrocinio del abogado Nicolás Vedia, radicada el 12 de agosto ante la Fiscalía Penal de Cerrillos, en la que se cuestionó la existencia y funcionamiento de esa unidad educativa, así como los nombramientos que se habrían efectuado bajo su órbita, además de presuntos adicionales o sobresueldos.
A partir de la recepción de las actuaciones, la fiscal dispuso distintas medidas para verificar los hechos denunciados y en ese marco, desde el 20 de agosto se requirió al Ministerio de Educación información para determinar la existencia de la Unidad Educativa N° 7160 y si se encuentra actualmente en funcionamiento.
También se solicitó la remisión del instrumento administrativo mediante el cual fue creada y un detalle de su estructura actual, como parte de las diligencias dirigidas a reconstruir su funcionamiento y determinar la asignación y destino de los recursos públicos vinculados a esa unidad educativa.
