Con este fin, el Gobierno Nacional aprobó un plan de acción para trasladar las obras en curso en barrios populares a provincias o municipios tras el freno judicial a la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
La decisión se instrumentó el miércoles 24 de septiembre, mediante la Resolución 209/2026, publicada en el Boletín Oficial, e implica que los gobiernos locales se hagan cargo del financiamiento total de las obras con fondos propios.
El plan aprobado establece que se dará curso a las obras en ejecución según el margen de disponibilidad presupuestaria del área y la ejecución requerirá la participación, acuerdo y coordinación previa con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
Ante irregularidades del ente ejecutor o del contratista, la normativa dispone que se verificará si se aplicaron correcciones. De persistir las faltas, se gestionará el recupero de los fondos aportados y se podrá resolver el convenio por culpa del ejecutor.
Asimismo, se notificará a las provincias o municipios para que evalúen asumir la obra sin asistencia financiera del Estado nacional. Al respecto, se dispuso que, de no mediar incumplimientos o habiendo sido subsanados, se analizará la viabilidad de que la provincia, el municipio u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra con recursos propios.
En caso de que los gobiernos locales rechacen o no puedan asumir el costo, la continuidad con fondos nacionales se determinará de forma «restrictiva y fundada», evaluando tres factores: el grado de avance físico de la obra, el interés público comprometido y los costos de ejecución junto con la disponibilidad de recursos presupuestarios.
La medida se enmarca en un proceso de reordenamiento administrativo iniciado tras una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el FISU y la posterior intervención judicial que obligó a frenar la disolución del fondo fiduciario.
El informe de la SIGEN detectó falencias generalizadas, como incumplimientos de plazos en la ejecución de las obras y demoras en las rendiciones de cuentas, lo que generó sobrecostos, sumado a la adquisición de terrenos inadecuados, incluyendo predios cercanos a basurales y sin la debida tasación previa.
Además, se identificó la adjudicación de obras a cooperativas que no acreditaron idoneidad ni antecedentes técnicos suficientes. Ante estos hallazgos, el Gobierno había dispuesto la disolución y liquidación del fideicomiso FISU mediante el Decreto 312/2025.
Sin embargo, el proceso de liquidación fue interrumpido por la Justicia Federal. En el marco de un amparo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras entidades, el Juzgado Federal de Pehuajó dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la disolución del fondo.
La resolución judicial ordenó a la administración de Javier Milei elaborar un plan de actuación que garantice la continuidad de la política pública de integración socio urbana establecida por la Ley 27.453.
A fin de cumplir la orden judicial y la legislación vigente, la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano realizó un relevamiento técnico para auditar el estado de avance, los fondos asignados y los eventuales incumplimientos de los entes ejecutores de cada proyecto.
